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Ordenan la detención de un exdirigente y una diputada por dirigir una red de prostitución en el partido mexicano PRI
La medida se dicta casi siete años después que saliera a la luz la existencia de ese esquema de trata de personas.
Un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la detención de la diputada local Sandra Vaca y del exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital mexicana Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa.
La orden de aprehensión, según reseña Proceso, también recae sobre el exsecretario de finanzas del PRI Roberto Zamorano y dos exempleadas del partido, identificadas como Claudia Priscila Martínez y Adriana Rodríguez.
Todos son acusados de presuntamente establecer una red de prostitución al interior del PRI del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, como lo reveló un reportaje que la periodista Carmen Aristegui emitió en el programa de radial Noticias MVS el 2 de abril de 2014, es decir, hace casi siete años.
¿Cómo operaba la red?
De acuerdo con ese trabajo periodístico, que incluyó testimonios de cuatro mujeres y la infiltración de una reportera en las oficinas del PRI-DF, estas personas publicaban anuncios en internet en los que textualmente ofrecían "trabajo en una oficina gubernamental", para reclutar a mujeres de entre 20 y 35 años en situación de vulnerabilidad.
Vaca, entonces secretaría particular de Gutiérrez, junto a Martínez y Rodríguez, eran las reclutadoras y ofrecían los trabajos dentro del PRI-DF como secretarias, auxiliares, recepcionistas o edecanes (promotoras).
Una vez que las interesadas entregaban sus papeles con sus datos personales, estas tres mujeres advertían a las reclutadas que debían ofrecer servicios sexuales a Gutiérrez, también conocido como 'El Príncipe de la Basura'. El sueldo saldría de la Secretaría de Finanzas del partido capitalino, a cargo de Zamorano.
Tras quedar en evidencia la red de prostitución, Gutiérrez dejó el cargo de líder del PRI-DF.
En septiembre del 2020, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que tras revisar las acciones que se habían hecho dentro de este caso —en particular las resoluciones del juez decimocuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales—, quedó en evidencia una investigación deficiente, omisa y lejana a la procuración de justicia.
Zabalgoitia buscaba cerrar el caso, pero tras los hallazgos, Godoy anunció la reposición de diversas diligencias para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las denunciantes de la red de prostitución.
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