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Francia subestimó el impacto de sus pruebas nucleares en Polinesia, afirma un reciente informe

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Una nueva investigación podría permitir que más de 100.000 personas reclamen una indemnización ante un Estado "que se ha esforzado por enterrar la herencia tóxica de esas pruebas", sostiene el editor en jefe de la plataforma de periodismo de investigación Disclose.
Francia subestimó el impacto de sus pruebas nucleares en Polinesia, afirma un reciente informe

Una nueva investigación sobre las pruebas nucleares que Francia llevó a cabo en las islas del Pacífico en las décadas de 1960 y 1970 ha revelado que las autoridades del país europeo subestimaron el impacto de la contaminación radiactiva en la salud de la población local. 

El estudio 'The Mururoa Files' ('Los archivos Mururoa') está basado en documentos del Ministerio de Defensa francés recientemente desclasificados, estudios sanitarios y evaluaciones científicas. Los investigadores también analizaron mapas, fotos y otros registros y realizaron decenas de entrevistas en Francia y la Polinesia Francesa para reconstruir tres pruebas nucleares clave y sus consecuencias.

'The Mururoa Files', colaboración entre la plataforma de periodismo de investigación Disclose, el Programa de Ciencia y Seguridad Global de la Universidad de Princeton y el colectivo de investigación de justicia ambiental Interprt, sugiere que el impacto de las pruebas Aldébaran (1966), Encelade (1971) y Centaure (1974) fue mucho mayor de lo reconocido oficialmente.

"El Estado se ha esforzado por enterrar la herencia tóxica de estas pruebas. Este es el primer intento científico verdaderamente independiente de medir la magnitud del daño y reconocer a las miles de víctimas del experimento nuclear de Francia en el Pacífico", dijo Geoffrey Livolsi, editor en jefe de Disclose, citado por The Guardian.

El análisis de las consecuencias de la explosión atmosférica de la bomba Centaure sugiere que el Gobierno francés subestimó la contaminación en Tahití hasta en un 40 %, lo que potencialmente abre las puertas a que decenas de miles de personas más sean reconocidas oficialmente como víctimas de la prueba.

De acuerdo con un informe confidencial del Ministerio de Salud de la Polinesia Francesa, unas 11.000 víctimas de las pruebas recibieron dosis de radiación superiores a 5 milisieverts (mSv), una cifra que multiplicaba por cinco el nivel mínimo para recibir la compensación siempre que posteriormente se desarrollaran ciertos tipos de cáncer.

Otros documentos desclasificados en 2013 apuntan a que toda la población de Tahití y las islas polinesias de Sotavento, aproximadamente 110.000 personas, estuvo expuesta a una dosis de radiación de más de 1 mSv solo después de la prueba Centaure. No obstante, las dosis reales de radiación recibidas por los residentes de algunos distritos de Papeete, la capital de la Polinesia Francesa, fueron dos o tres veces más altas que las registradas en un estudio de la Comisión de Energía Atómica de Francia (CEA) publicado en 2006.

Los investigadores indicaron que en las islas siguen siendo frecuentes los cánceres de tiroides, garganta y pulmón, así como los casos de leucemia y linfoma y las afecciones óseas y musculares relacionadas con la intoxicación por estroncio y cesio. Además, en unos correos electrónicos de 2017 el Ejército francés reconoce que hasta 2.000 de los 6.000 militares con base en la Polinesia Francesa y que participaron en las pruebas entre 1966 y 1974 desarrollaron desde entonces al menos una forma de cáncer.

En total, entre 1966 y 1996, Francia realizó 193 pruebas nucleares en los atolones de Mururoa y Fangataufa en la Polinesia Francesa, incluidas 41 pruebas atmosféricas que expusieron a la población local, los trabajadores del sitio y los soldados franceses a altos niveles de radiación.

En 2010 se creó una junta de compensación llamada Civen para responder a las reclamaciones de las víctimas civiles y militares de la campaña de ensayos nucleares. No obstante, hasta ahora solo 454 personas, entre ellas 63 habitantes locales, recibieron una compensación económica, mientras que más del 80 % de las reclamaciones han sido rechazadas sin ninguna justificación. 

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