La juez Regina Santa Cruz decretó este domingo detención preventiva de 4 meses para la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y sus dos exministros: Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.
La Fiscalía había pedido 6 meses de detención, pero la juez decidió que ese tiempo era excesivo para el período de investigación.
La juez decidió que hay riesgo de fuga de la exmandataria, ya que durante su detención hallaron evidencias de que trataba de huir. Añez fue enviada a la cárcel de mujeres de Obrajes, mientras que Coímbra y Guzmán estarán en el penal de San Pedro.
Durante la audiencia, que se realizó en formato virtual y duró más de 10 horas, los acusados se encontraban en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
Áñez, que junto con sus principales colaboradores está acusada de "terrorismo, sedición y conspiración" por el caso del golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales en 2019, fue detenida este sábado en Trinidad y luego trasladada a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en La Paz.
Poco después de su aprehensión, la expresidenta de facto denunció que ha sido víctima de "abuso y persecución política". El Gobierno boliviano, por su parte, aseguró que no existe ningún tipo de "persecución política" contra Áñez.
El analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y exdiputado español Sergio Pascual ve coherentes y en línea con la práctica internacional estos procesos contra quienes "suspendieron" la democracia en el país andino.
El golpe de Estado
Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, en donde Evo Morales obtuvo una ventaja de más de 10 puntos sobre su principal contendiente, Carlos Mesa, la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un polémico informe preliminar argumentando presuntas irregularidades en el proceso, y el titular del organismo, Luis Almagro, llamó a anular los comicios.
En medio de las fuertes protestas en Bolivia tras los resultados electorales, Morales anunció unos nuevos comicios. No obstante, la presión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional lo obligaron a renunciar a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019.
Tras el golpe de Estado, Morales huyó a México para salvar su vida y Áñez, quien en ese momento era la ex segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, se autoproclamó presidenta interina del país, en una sesión legislativa sin quorum.
La Policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, fue una pieza clave en el proceso del golpe de Estado, reprimiendo y apresando a los manifestantes, lo que resultó en decenas de víctimas y cientos de heridos y detenidos.
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