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Cámara de los Comunes del Reino Unido aprueba una polémica legislación 'antiprotestas': ¿De qué se trata y por qué genera tanta controversia?
El proyecto de ley ampliaría de manera significativa los poderes de la Policía y del Gobierno para reprimir protestas pacíficas en aras del orden público.
Una nueva normativa que se propone ampliar de manera significativa los poderes de la Policía y del Gobierno británicos para reprimir protestas pacíficas en aras del orden público superó este martes, en un acalorado debate, su primer obstáculo crucial en la Cámara de los Comunes.
El proyecto de ley de policía, crimen, sentencia y tribunales, promovido por la ministra del Interior, Priti Patel, pasó su segunda lectura con 359 votos a favor y 263 en contra, tras ser respaldado de manera abrumadora por los parlamentarios conservadores.
¿De qué se trata y por qué es tan polémico?
Según el sitio web de la Cámara de los Comunes, la propuesta, de 300 páginas, introduce "cambios significativos" en el sistema de justicia penal británico, aun cuando la mayoría de sus disposiciones se aplicarían únicamente a Inglaterra y Gales. Propone una amplia gama de medidas, que incluyen castigos más severos por delitos graves, al tiempo que otorga a los jueces el poder de sentenciar a cadena perpetua a los convictos por asesinato de niños, entre otras.
Sin embargo, la parte más controvertida de la iniciativa está relacionada con potenciales cambios en los poderes de la Policía a la hora de lidiar con protestas públicas. Así, si se aprueba la propuesta, los agentes podránimponer condiciones tales como horarios de inicio y finalización en protestas estáticas, poder que ya tienen en relación con las marchas. Además, los oficiales superiores podrán establecer límites máximos de ruido en las protestas, con facultades para intervenir cuando determinen que el ruido perturba las "actividades de una organización" o tenga un "impacto relevante en las personas de los alrededores".
El proyecto de ley también tiene una sección específica sobre protestas unipersonales, que podrían estar sujetas a restricciones por parte de la Policía. Asimismo, otorga a la secretaría del Interior poderes para crear decretos sin aprobación parlamentaria, para calificar y castigar "trastornos graves" para las comunidades y organizaciones, ante las cuales la Policía podría imponer condiciones a las protestas.
Si los manifestantes se niegan a seguir las instrucciones de la Policía sobre cómo deben llevar a cabo su protesta, recibirían multas de hasta 2.500 libras esterlinas (unos 3.475 dólares). Por otro lado, también se convertiría en delito no seguir determinadas restricciones que los manifestantes "deberían" haber conocido, incluso si no han recibido una orden directa de un oficial.
Finalmente, una de las medidas estipula que los daños inflingidos a monumentos conmemorativos podrían ser condenados con hasta 10 años de prisión.
¿Por qué se propone?
Los ministros sostiene que la actual legislación de orden público, aprobada en 1986, ya no es adecuada para gestionar protestas modernas, como las de la campaña ambientalista Extinction Rebellion ('Rebelión contra la extinción', conocida también como XR) de 2019, que se han caracterizado por el cierre de carreteras y puentes en Londres y otros lugares.
En una hoja informativa acerca del proyecto de ley, publicada en el sitio web del Gobierno, se cita a Cressida Dick, comisionada de la Policía Metropolitana, quien argumenta que a partir de esas protestas contra el cambio climático, las fuerzas policiales han necesitado "un cambio de poderes y de legislación que le permitan lidiar mejor" con manifestaciones que, aunque no sean violentas o "gravemente desordenadas", tienen la intención declarada de "poner de rodillas a la Policía y paralizar la ciudad".
Frente a la polémica desatada por tales restricciones, el Gobierno sostiene que esas medidas no socavan la libertad de expresión, sino que "equilibran los derechos de los manifestantes con los derechos de los demás a realizar sus actividades sin obstáculos".
"Haría sonrojar a un dictador"
Sin embargo, la propuesta ha recibido numerosas críticas por parte de legisladores y defensores de los derechos humanos. David Lammy, portavoz laborista de Justicia, calificó la legislación como "un desastre", y acusó al Gobierno de tratar de aprobar rápidamente en el Parlamento "medidas mal pensadas para imponer controles desproporcionados a la libertad de expresión y el derecho a protestar".
La exprimera ministra Theresa May enfatizó que, si bien las protestas tienen que "estar bajo el imperio de la ley", esa ley "debe ser proporcionada", y expresó su preocupación de que la legislación haya sido elaborada sin considerar "posibles consecuencias no deseadas".
Por su parte, el diputado Gavin Robinson, del Partido Unionista Democrático (DUP), criticó las "disposiciones excesivas, radicales y draconianas" sobre protestas y denunció que la forma "relajada y perezosa" en que se redacta este proyecto de ley "haría sonrojar a un dictador".
Emmanuelle Andrews, representante de la organización Liberty, tachó los planes de "asalto asombroso a nuestro derecho a protestar, así como un ataque a otros derechos fundamentales". A su vez, el grupo Rights of Women condenó la reforma del código penal por no introducir medidas solicitadas desde hace mucho tiempo que podrían reducir la violencia contra las mujeres y las niñas.
La legislación se debate en el Parlamento en medio de la indignación por la manera en que agentes de la Policía Metropolitana de Londres dispersaron violentamente una acción en memoria de Sarah Everard, una mujer secuestrada y asesinada recientemente. En relación con ese crimen fue arrestado un agente de la Policía Metropolitana en servicio, Wayne Couzens, de 48 años. En ese sentido, la seccional de Amnistía Internacional en el Reino Unido advirtió que si las medidas propuestas se convierten en ley, habrá más escenas como las de la vigilia por Sarah Everard.
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