El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este miércoles que impulsará cambios en la Constitución, en caso de que el Poder Judicial declare improcedente la reforma eléctrica aprobada recientemente por el Congreso.
Las declaraciones del mandatario se producen luego de que dos jueces federales concedieran 25 suspensiones contra la Ley de la Industria Eléctrica, publicada el 9 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
Reformar la Constitución
"Nosotros somos muy perseverantes. ¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la Ley? Va la reforma a la Constitución. ¿Que necesitamos dos terceras partes para aprobar una reforma constitucional? Pero que lo decida el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios", dijo el mandatario en su conferencia matutina.
El pasado jueves, un día después de la entrada en vigor de la reforma a la ley eléctrica, un juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, decretó una suspensión temporal contra la iniciativa de ley impulsada por López Obrador. Posteriormente, el presidente pidió investigar al magistrado, generando un choque entre el titular del Ejecutivo y el Poder Judicial.
Esta semana, el mismo magistrado concedió otras suspensiones, sumando al menos 14 recursos otorgados a empresas privadas. Mientras tanto, otro juez, Rodrigo de la Peza López aprobó otras 11 suspensiones. Entre ambos suman al menos 25 recursos legales contra la ley eléctrica.
Ante las trabas en el Poder Judicial, es posible que el tema llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En caso de que el máximo tribunal considere que la reforma a la ley eléctrica es inconstitucional, López Obrador usaría la mayoría que aún tiene en el Congreso para impulsar una reforma constitucional en la materia, aún cuando en las elecciones de junio próximo, se votará la renovación de la Cámara de Diputados.
En este contexto, López Obrador acusó que el actual marco jurídico fue producto de la reforma energética promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto, y aprobada por los partidos de derecha PRI y PAN.
Dicha reforma, aprobada entre 2013 y 2014 mediante una presunta red de pago de sobornos a legisladores, permitió la participación de empresas privadas en el sector eléctrico y en la industria petrolera.
Por ello, López Obrador aseguró que el impulso a la ley eléctrica propuesta por su Gobierno implica revertir la política de "saqueo" impulsada en pasadas administraciones.
"En el caso de la industria petrolera y eléctrica no tengo duda, pero también en otros sectores se cometieron irregularidades", dijo el mandatario.
"Era una banda de cuello blanco. Lo que sucede es que no perdían su respetabilidad; decían que eran negocios cuando en realidad estaban robando. Muy bien para ellos y muy mal para el país", agregó López Obrador.
Sin embargo, la oposición en México ha calificado la intención presidencial de cambiar la Constitución como una medida de "talante dictatorial", tal como hizo la bandada del conservador PAN en el Senado, minutos después de que López Obrador anunciase sus deseos de modificar la Carta Magna.
El trasfondo eléctrico
La reforma eléctrica promovida por el Gobierno mexicano, de carácter estatista, busca dar prioridad a una empresa pública frente a las compañías privadas en el sector eléctrico. Este asunto ha sido calificado por el Ejecutivo como un tema de seguridad nacional dada la importancia estratégica para el país, tal como se evidenció durante el apagón que perjudicó el norte de México en febrero pasado, ante la falta de gas importado desde EE.UU.
El Gobierno mexicano ha señalado que la alta dependencia de México a las importaciones de gas fue parte de una estrategia de administraciones anteriores para beneficiar a empresas privadas que participaron en la construcción de gasoductos, con los cuales se abastecen las plantas que generan el 60 % de la energía eléctrica del país.
La compañía paraestatal encargada de producir electricidad en el país, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha registrado pérdidas por más de 20.000 millones de dólares por la manera en que la reforma energética aprobada en el sexenio anterior dio prioridad a las empresas privadas en materia de generación de electricidad. Un aspecto negativo que la reforma impulsada por López Obrador busca revertir para rescatar a la empresa estatal.
En una situación similar se encuentra la petrolera estatal Pemex, que en 2020 registró pérdidas por 480.966 millones de pesos (23.229 millones de dólares) debido a la difícil situación financiera de la empresa, así como una caída en la producción y precios de petróleo por la pandemia de covid-19.