La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, por presuntos delitos de lesa humanidad, cometidos durante las protestas antigubernamentales de octubre de 2019.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, quien personalmente hizo la denuncia, también pidió que la Fiscalía General del Estado solicite ante un juez de la Corte Nacional de Justicia las medidas cautelares pertinentes, entre ellas la prohibición de salida del país para el mandatario.
La denuncia también recayó sobre la exministra de Gobierno María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, cuestionados por la actuación de la Policía y de las Fuerzas Armadas durante las fuertes manifestaciones populares de entonces.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo pidió que sean vinculados al caso algunos altos exfuncionarios de la Policía, como el excomandante general de la institución Nelson Villegas, el exjefe del Estado Mayor Lenin Bolaños, la exinspectora general María Fernanda Tamayo, el exdirector general de Operaciones Hernán Carrillo y el excomandante de la Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito) Víctor Aráus.
Los delitos
Carrión presentó la denuncia luego que el pasado 17 de marzo una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), creada por la Defensoría del Pueblo, presentara un informe en el que determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la represión y violaciones de derechos humanos en esas protestas.
El Estado, dice el informe, "violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal".
Entre otros hechos, la CEVJ documentó que durante las jornadas de descontento popular se registraron ejecuciones extrajudiciales, violaciones al derecho a la integridad y libertad personal, atentados contra el derecho a la vida, casos de violencia sexual durante detenciones ilegales y lesiones oculares, por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes.
Amenazas a Carrión
En la denuncia que presentó Carrión, también solicitó que, "de modo urgente y prioritario", él y su familia sean ingresados al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT).
El defensor del Pueblo justificó esa petición por las "múltiples amenazas" que ha recibido en torno a estas investigaciones.
El estallido social de octubre de 2019 se dio luego de que el presidente Moreno anunciara la eliminación del subsidio a los combustibles y otras medidas de austeridad, en respuesta a un acuerdo que había alcanzado el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según datos de la Defensoría del Pueblo, tras 11 días de protestas se registró un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos.
Por su parte, el analista internacional Alexis Matute señaló que algunos manifestantes todavía están cumpliendo penas por su participación en las protestas. El experto agregó que no cabe esperar cambios en la postura del Gobierno.