Lenín Moreno rechaza el informe que lo acusa de delitos de lesa humanidad y dice que los "propios manifestantes" de 2019 se pudieron lesionar

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, desacreditó este miércoles el informe de una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), creada por la Defensoría del Pueblo —pero con actuación independiente—, que analizó los hechos ocurridos durante las protestas antigubernamentales de octubre de 2019, y concluyó que el Estado era responsable de la represión y las violaciones de derechos humanos, que dejaron muertos y heridos.

Con base en ese informe, este martes, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Moreno, la exministra de Gobierno María Paula Romo, el actual ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y altos mandos policiales, acusándolos de delitos de lesa humanidad. El funcionario, además, pidió que se procure una prohibición de salida del país para los denunciados.

"En este mundo bizarro, en este mundo extraño, en este mundo estrambótico y loco, nosotros somos los culpables", dijo el mandatario este miércoles, durante su programa semanal "De Frente con el Presidente", al intentar refutar el documento de la CEVJ y la denuncia presentada por Carrión.

Moreno aseguró que él y sus ministros ordenaron expresamente que no se disparara "un solo tiro" en esas manifestaciones, en las que se evidenció la fuerte represión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, tal como recoge el informe.

El mandatario aseveró, por otra parte, que las personas que participaron en las protestas "utilizaban esas armas caseras, que son armas de fuego", y que "causaron más de una lesión". En esa línea, insistió: "A lo mejor, causaron lesiones, inclusive, entre los propios manifestantes".

En su alocución, Moreno consideró que él y sus ministros actuaron para "defender la paz" y la seguridad del Estado y, en particular de la ciudad de Quito, donde se llevaron a cabo las mayores concentraciones.

"Si defender una ciudad es un delito de lesa humanidad, bueno, que nos acusen", añadió.

Además, dijo que el defensor del Pueblo, que no participó de la CEVJ, puesto que la comisión estuvo conformada por expertos independientes —Sybel Martínez Reinoso, Juan Carlos Solines Moreno y Xavier Zavala Egas— "está alineado políticamente". Su argumento para esta acusación fue que la entrega del informe "coincidió con el período electoral".

"Infame"

Este martes, también se pronunció el ministro Jarrín sobre el informe de la CEVJ y la denuncia presentada por el defensor del Pueblo.

"Es un informe infame, que desdibuja la imagen de una muy respetable institución como es la Defensoría del Pueblo", dijo el funcionario, en una conferencia de prensa.

La institución que dirige, por su parte, emitió un comunicado este miércoles, en el que dice que las Fuerzas Armadas actuaron en esas protestas de octubre "bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y precaución".

"En ninguna situación, los miembros de las Fuerzas Armadas utilizaron armamento letal, ni armamento de dotación militar, tampoco se disparó un solo tiro, aún en momentos en los que nuestros militares se vieron amenazados", añade el texto.

El informe

En octubre de 2019, se registró un estallido social en Ecuador, que comenzó luego de que el presidente Moreno anunciara la eliminación del subsidio a los combustibles y otras medidas de austeridad, en respuesta a un acuerdo que había alcanzado el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Defensoría del Pueblo de Ecuador denuncia al presidente Lenín Moreno por presuntos delitos de lesa humanidad en las protestas de octubre de 2019

El informe de la CEVJ, que fue presentado el pasado 17 de marzo, reveló que durante esas jornadas de intensas protestas, el Estado "violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal".

En el texto se documentaron seis casos de ejecuciones extrajudiciales, 123 casos de violaciones al derecho a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad personal por detenciones ilegales o arbitrarias.

También, 22 atentados contra el derecho a la vida, tres casos de violencia sexual durante detenciones ilegales por parte de agentes estatales y 20 lesiones oculares por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes, de las cuales 14 personas perdieron un globo ocular y 6 tienen afectada su visión.

El mismo informe también recogió las acciones violentas de los manifestantes en contra de agentes del Estado, periodistas, civiles y contra bienes públicos y privados.