El Ministerio de Exteriores de China anunció este viernes que impuso sanciones contra nueve personas y cuatro entidades en el Reino Unido por divulgar "mentiras e información falsa" sobre la situación en la región occidental de Xinjiang, recoge Reuters.
Entre los sancionados se encuentran el exlíder del Partido Conservador Iain Duncan Smith y la Comisión de Derechos Humanos de ese partido.
La medida significa que a estas entidades y personas, así como a sus familiares, se les prohíbe ingresar en el territorio del gigante asiático. Asimismo, las empresas y organizaciones asociadas con ellas tienen prohibido hacer negocios con China.
"China está firmemente decidida a salvaguardar su soberanía nacional, su seguridad y sus intereses de desarrollo, y advierte a la parte británica que no siga el camino equivocado", asentó el ministerio. "De lo contrario, China reaccionará con determinación", agregó.
Reacción del Reino Unido
Mientras tanto, el Reino Unido acusó al gigante asiático de usar las sanciones para atacar a sus críticos y pidió que Pekín proporcione acceso a la zona a la ONU.
"Esto [las sanciones] dice mucho, que mientras el Reino Unido se une a la comunidad internacional para sancionar a los responsables de los abusos de derechos humanos, el Gobierno chino sanciona a sus críticos", declaró el secretario de Exteriores británico, Dominic Raab.
"Si Pekín quiere refutar creíblemente las reclamaciones sobre abusos de derechos humanos en Xinjiang, debe permitir pleno acceso [a la zona] al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para verificar la verdad", afirmó.
Este lunes, la Unión Europea, EE.UU., Canadá y el Reino Unido sancionaron a algunos funcionarios chinos y a una entidad, responsabilizándolos por supuestos abusos contra los derechos humanos a los que Pekín sometería a la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang. El mismo día, Pekín respondió con una medida similar contra la Unión Europea, superándola con creces en número: son 10 las personas y cuatro las entidades a las que China acusa de "dañar gravemente la soberanía y los intereses" del país, así como de difundir "maliciosamente mentiras y desinformación".
Los Gobiernos occidentales acusan a Pekín de retener a un millón de personas pertenecientes a la minoría musulmana uigur en campos de reeducación. China, por su parte, niega todas las acusaciones de abuso, señalando que los campamentos son centros de formación profesional y parte de los esfuerzos para combatir el terrorismo.