El consejero de paz Germán Medina Triviño fue asesinado este martes cuando salía de su casa en el municipio colombiano de Florencia (Caquetá), con lo que ya suman 39 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país latinoamericano en lo que va de 2021.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hombres que viajaban en una motocicleta asesinaron a Medina Triviño cuando salía de su domicilio ubicado en el barrio El Torasso.
Entre 2010 y 2011, la víctima fue gobernador del departamento de Caquetá, por parte del Partido Liberal. Recientemente, se desempeñaba como asesor político y era consejero de paz en la Alcaldía de Florencia.
Contexto de asesinatos
Desde noviembre de 2016, cuando concluyó la firma del Acuerdo de Paz, celebrado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin al conflicto, un total de 1.153 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en la nación.
Según Indepaz, en muchas zonas de Colombia, diversos grupos armados disputan el control del territorio para controlar las rentas derivadas del narcotráfico, de la minería del oro, del tráfico de madera, de la plusvalía de megaproyectos o de obras de infraestructura. Además, la violencia es cometida en un contexto de apropiación de tierras y el reparto del poder político.
En medio de esta lucha, el asesinato de los líderes sociales tiene muchas repercusiones, ya que son las personas dedicadas a defender los derechos de la colectividad en un determinado territorio.
En ese sentido, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz estima que el 45 % de los asesinatos de líderes sociales son cometidos por sicarios vinculados con organizaciones narcoparamilitares o que están involucrados con grupos residuales que no se adhirieron al Acuerdo de Paz. Mientras, el 55 % restante son perpetrados por homicidas sin identificar.
Las deudas del Estado
En esencia, el Acuerdo de Paz buscó poner fin al conflicto armado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano, mientras se construía una ruta de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia.
Además de incorporar a la vía civil a los excombatientes, el Estado se comprometió a combatir a las grandes organizaciones criminales y a los eslabones más fuertes del narcotráfico, a la par de ofrecer alternativas a los campesinos que subsistían de los cultivos ilícitos.
No obstante, a más de cuatro años del tratado, el Estado colombiano ha sido omiso y corresponsable en detener los homicidios de líderes sociales, debido a la falta de una "presencia articulada, pronta y suficiente" en las regiones más afectadas por las violencias armadas y las "disputas" tras la firma del convenio, según apuntó Indepaz en un informe.
"La omisión mayor ha sido la no implementación de las reformas sociales, políticas y de seguridad, en particular la reforma rural integral", refirió la organización.
Además, Indepaz ha documentado el asesinato de 262 excombatientes de las FARC que entregaron las armas para adherirse al Acuerdo de Paz.
Por su parte, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha instado al Gobierno de Iván Duque a "redoblar esfuerzos" en la implementación de todos los capítulos del convenio.
En su informe anual de 2020, la ACNUDH también llamó al Gobierno de Colombia a establecer "una presencia integral más fuerte" para "contener la violencia en los territorios más afectados" y prevenir que los grupos armados no estatales aumenten su presencia en el territorio.