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López Obrador bajo 'fuego amigo': de cómo EE.UU. carga contra las iniciativas del Gobierno de México
La política exterior estadounidense se ha caracterizado, entre otras cosas, por la ausencia de apoyos a las propuestas mexicanas sobre migración, seguridad y energía.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, asegura que ve en México a un "amigo" y "aliado", sin embargo, sus acciones hacia el Gobierno de López Obrador no lo demuestran. Más que recibir un trato de "socio estratégico" por parte de Washington, el Gobierno de México se ha convertido en blanco de 'fuego amigo'.
Y es que hasta el momento la política exterior de EE.UU. hacia México se ha caracterizado, entre otras cosas, por la ausencia de apoyos para impulsar una estrategia alternativa sobre migración, señalamientos de ataques a la libertad de expresión e inseguridad desbocada, y mirar con recelo la política energética.
Ni un dólar gastado en el desarrollo regional
Luego de su primera llamada telefónica con su par estadounidense, el 22 de enero, el presidente López Obrador anunció que el Gobierno encabezado por Joe Biden se había comprometido a invertir 4.000 millones de dólares en el desarrollo regional de los países que integran el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), con el objetivo de frenar el flujo de migrantes.
Pero hasta el momento la Administración estadounidense no ha desembolsado ni un dólar para construir lo que el presidente mexicano llama "cortinas de desarrollo", proyectos productivos capaces de generar cientos de miles de empleos para, de esta manera, hacer que la gente en busca de mejores oportunidades no abandone sus países de origen.
La invitación a cumplir el compromiso se volvió a poner sobre la mesa ayer, en la Cumbre virtual sobre Cambio Climático convocada por Washington. Durante su intervención, el mandatario mexicano resaltó los beneficios económicos y medioambientales del programa Sembrando Vida, y hasta propuso que EE.UU. ofreciera visas de trabajo temporal, así como evaluar la posibilidad de otorgar la residencia o la doble nacionalidad a quienes participaran en este programa de desarrollo regional.
"La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar 3.000 millones de árboles adicionales y generar 1,2 millones de empleos (…) tomemos en cuenta que, con 4 millones de hectáreas de árboles, se absorben 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año", expresó.
Sin embargo, tal parece que no son muchas las posibilidades de que el presidente Joe Biden acepte la propuesta de su homólogo mexicano. Cuestionados sobre este punto, funcionarios de la Administración estadounidense expresaron su negativa de vincular la agenda de medio ambiente con la migratoria.
En cuanto a esta última, hasta ahora las acciones de EE.UU. se han reducido al despliegue de su Patrulla Fronteriza a lo largo del Río Bravo para detener el flujo de personas, una estrategia en la que también participa México con miles de elementos de la Guardia Nacional que resguardan la frontera sur.
Los resultados de este plan son deportaciones masivas que superan de lejos los registros de Administraciones anteriores: en marzo el Gobierno de Joe Biden deportó a 172.311 migrantes, la ciframensual más alta de los últimos 20 años.
Acusaciones de ataques a la libertad de expresión e inseguridad fuera de control
A finales de marzo, el mandatario mexicano denunció la "injerencia" del Departamento de Estado de EE.UU. en los asuntos internos del país. Esto luego de que la dependencia federal a cargo de Antony Blinken publicara un informe en donde se acusa a Sanjuana Martínez, titular de la Agencia de Noticias del Estado mexicano (Notimex), de haber orquestado ataques contra varios reporteros.
Los señalamientos del Departamento de Estado en contra de la comunicadora se basaron en una investigación realizada por Artículo 19, una organización no gubernamental (ONG) que, cabe señalar, recibe donaciones por parte de Washington vía el Departamento de Estado, la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
"Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de Derechos Humanos en EE.UU., somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. ¿Por qué el Gobierno de EE.UU. opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos?", cuestionó el presidente López Obrador el 31 de marzo.
Este no ha sido el único señalamiento de EE.UU. respecto a que el Gobierno de México no consigue hacer respetar la ley. A mediados de ese mismo mes, el jefe del Comando Norte de EE.UU. ('US Northern Command'), el general Glen VanHerk, declaró ante medios de comunicación que entre un 30 y un 35% del territorio mexicano estaba bajo el control de organizaciones criminales.
Días después, en conferencia de prensa junto al presidente López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, rechazó las afirmaciones de la cúpula militar de EE.UU.
"Sí hay presencia (de organizaciones criminales) en algunas zonas, como todo mundo lo conoce, en algunas entidades, no en todo el territorio, pero en algunas entidades pues hay presencia de grupos colectivos (sic) que se combaten diariamente con todo el aparato del Estado de este Gobierno mexicano", puntualizó la funcionaria.
Persiste desconfianza en la política energética
Cada vez que el presidente López Obrador ha sugerido reformar leyes en materia energética, empresas privadas de origen estadounidense han presionado para impedir cualquier cambio a la Constitución. Y en todo momento han contado con el respaldo de autoridades de Washington. Con Joe Biden al frente del Gobierno no es la excepción.
La última vez que la política energética de México recibió cuestionamientos fue a través de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de la embajadora Katherine Tai. En un reporte publicado a finales de marzo, la agencia norteamericana advertía de los riesgos para las inversiones dada la política energética impulsada por la Administración de López Obrador.
"Se informa que el Gobierno mexicano ha instado a los reguladores de energía a restaurar el control estatal sobre el sector energético y evitar que las empresas de energía estatales pierdan participación de mercado frente a las empresas privadas", se lee en el documento.
En este sentido, los cambios a la Ley de Hidrocarburos recientemente aprobados por el Congreso a propuesta de López Obrador, terminaron alimentando todavía más el recelo de las empresas.
La reforma establece que los permisos de manejo, almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos e hidrocarburos podrán suspenderse de forma temporal, una facultad que, aseguran las empresas, viola los principios del tratado comercial entre EE.UU., México y Canadá (T-MEC), así como los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs).
En el fondo, la principal preocupación de las empresas y el Gobierno de Joe Biden radica en que el presidente mexicano termine desmantelando la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Y es que, aunque el Gobierno de López Obrador ha insistido en que hará "respetar los contratos", persiste la desconfianza de los inversionistas extranjeros hacia la toma de decisiones del presidente, quien en varias ocasiones ha declarado que la reforma energética aprobada en 2013 resultó un "rotundo fracaso".
Ariel Noyola Rodríguez
@noyola_ariel
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