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¿Fin a 48 horas de crisis humanitaria? Marruecos cierra su frontera con Ceuta y España devuelve "en caliente" a más de la mitad de los 8.000 migrantes

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Las expulsiones sin garantías y la atención a los menores no acompañados están en el punto de mira.

Este miércoles, Marruecos ha vuelto a cerrar los accesos a la ciudad autónoma de Ceuta, después de la entrada masiva de migrantes a este enclave español situado al norte del país alauí. Más de 8.000 personas, ciudadanos marroquíes en su mayoría, cruzaron entre el lunes y el martes hasta suelo español a nado o en pequeñas embarcaciones en busca de mejores condiciones de vida y ante la falta de vigilancia del lado marroquí de la valla que separa los dos países.

La ciudad, de 85.000 habitantes, ubicada en escasos 18 kilómetros cuadrados, se ha visto desbordada para hacer frente a esta crisis migratoria inesperada. El Gobierno de España ha enviado a 200 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional de refuerzo y ha optado por desplegar al Ejército en la zona, dando lugar a imágenes que no se veían desde hace lustros.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya han sido devueltos o han retornado voluntariamente 5.600 migrantes, aunque ahora preocupa especialmente la situación de los menores extranjeros que han llegado sin la tutela de ningún adulto.

Este miércoles, muchas de las personas que esperaban del lado marroquí una oportunidad para pasar al otro lado de la verja, han emprendido el rumbo de vuelta a su punto de origen tras comprobar que los accesos estaban cerrados.

Crisis humanitaria

Muchas organizaciones, como Cruz Roja y otras, están poniendo el foco en la dimensión de esta crisis humanitaria. Según han informado, la mayoría de los migrantes que han llegado, núcleos familiares completos en muchos casos, presentan buen estado de salud, debido sobre todo a la buena climatología de estos días y al corto trayecto recorrido, de alrededor de 400 metros, con la mar en calma.

La capacidad de Ceuta para atender a las miles de personas llegadas en tan solo 48 horas es limitada. Las autoridades han procedido a separar a los migrantes entre mayores y menores de edad. Los primeros serán repatriados, para lo que se ha ordenado habilitar el estadio José Benoliel, aunque el martes por la tarde aún no estaba en funcionamiento; mientras que los segundos son trasladados al campamento de Piniers y a las naves del Tarajal.

Todas las instalaciones se encuentran desbordadas, a lo que hay que sumar la situación de crisis sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus, que obliga a guardar cuarentenas a todos los que ingresen en territorio español. Por el momento no existen cifras sobre cuántas personas han necesitado asistencia sanitaria o cuántas habrían sido trasladadas a hospitales.

Además, se han realizado multitud de rescates en el agua, sobre todo a niños pequeños que se habían separado de sus familias. Ahora la atención está puesta en poder ofrecer a todas estas personas agua, comida y otros útiles de primera necesidad.

La situación de la población marroquí ha empeorado sensiblemente en el marco de la crisis del coronavirus, sobre todo la de aquellos que viven cerca de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. El cierre de las fronteras por la situación sanitaria ha hecho que se haya disparado el desempleo en estas zonas al desaparecer el comercio informal del que dependía el sustento de la mayoría de las familias.

'Devoluciones en caliente'

Para hacer frente a esta crisis migratoria, el Gobierno español ha llevado a cabo "devoluciones inmediatas", como las ha denominado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pero esta práctica, conocida como 'devoluciones en caliente', no está exenta de polémica. Tachada de ilegal e inconstitucional, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de no devolución recogido en la Convención de Ginebra de 1951, que determina que un refugiado no puede ser devuelto a un país donde teme ser perseguido.

De esta manera, se trata de la expulsión del país de un migrante tras cruzar la frontera de forma irregular sin que le apliquen ninguna de las garantías y protecciones de la legislación de extranjería. El subcomité de Tortura de Naciones Unidas ha declarado que atenta contra los derechos humanos.

Sin embargo, en España es una práctica común desde hace al menos dos décadas, que fue legitimada normativamente con la entrada en vigor en 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Partido Popular.

Aunque durante años el Partido Socialista, del presidente Pedro Sánchez, la criticó duramente, desde que accedió al poder en 2018 ha continuado con este procedimiento. Además, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de febrero de 2020, señala que los Estados tienen derecho a devolver en caliente a sus lugares de procedencia a los migrantes cuando la entrada en el territorio se produce por la fuerza.

El Partido Popular negó durante años esta práctica argumentando que se trataba de rechazos en frontera y no de devoluciones, mientras que Grande-Marlaska, ya en 2018, sostuvo que el territorio circundante a la valla no era territorio español.

Además, el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe las expulsiones colectivas y, según han confirmado fuentes en el terreno, las expulsiones se han llevado a cabo sin ninguna formalidad y en grupos en la gran mayoría de los casos.

Los menores

El caso de los menores de edad es aún más complicado. Los niños y adolescentes que no están acompañados de sus tutores tienen el derecho a ser atendidos por la Administración, que está obligada a tramitar un permiso de residencia y a ejercer su tutela efectiva.

De este modo, los menores de 18 años no pueden ser devueltos a Marruecos. Si existen dudas sobre su edad son trasladados a un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o a algún lugar habilitado para realizarles una osteometría, una prueba ósea que determina su edad.

Por el momento no se dispone de cifras exactas, pero se calcula que de las 8.000 personas que ingresaron en Ceuta, al menos 1.500 serían menores, algunos de ellos de muy corta edad. El ministro del Interior aseguró este martes que entre los devueltos no hay ningún menor.

De momento, el Gobierno de España negocia con las Comunidades Autónomas el reparto de 200 plazas de acogida para menores no acompañados, que ya se encontraban en centro de protección de Ceuta antes de esta crisis migratoria, con el objetivo de liberar espacio. 

Las claves de la crisis

El pasado lunes, miles de migrantes cruzaron de manera sorpresiva la frontera entre Marruecos y Ceuta ante la falta de vigilancia de los cuerpos de seguridad del país alauí. El ministerio de Interior ordenó el envío de agentes de refuerzo y, ya en la madrugada, ante el continuo ingreso de personas, decidió desplegar al Ejército. 

¿Por qué empezó todo?

Se especula con que el desencadenante de la falta de vigilancia en el lado marroquí sería la acogida humanitaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado desde hace un mes en un hospital para ser tratado de cáncer y coronavirus. Tras desvelarse esta información, Marruecos expresó su enfado y la apertura de fronteras podría ser una represalia.

Sin embargo, otros expertos apuntan a que el motivo podría ser más profundo, como el temor marroquí a la postura que tome el presidente estadounidense, Joe Biden, sobre el contencioso del Sáhara Occidental, después de que la Administración Trump fuera la primera y única en el mundo que ha reconocido la soberanía de de Marruecos sobre ese territorio, que la ONU considera ocupado ilegalmente.

Así, también inquietaría que la UE se alinease con una actitud estadounidense contraria a los intereses marroquíes, por lo que la apertura de la frontera podría ser una demostración de fuerza hacia el único país comunitario con el que Marruecos mantiene frontera. 

Además, el Tribunal Superior de Justicia de la UE pronto decidirá si anula los acuerdos de asociación y pesca que fueron suscritos entre la Comisión Europea y Marruecos en 2019, y que incluyen la zona del Sáhara Occidental. Estos acuerdos fueron denunciados por el Frente Polisario, argumentando que violaban la obligación de verificar el respeto a los derechos fundamentales y del derecho humanitario, así como el derecho a la autodeterminación. 

¿Qué dicen las partes implicadas?

Tanto Pedro Sánchez como varios ministros de su Gabinete han insistido en que se defenderá "la integridad territorial" de España, aunque se ha evitado hacer acusaciones a Marruecos y se ha llegado a decir que la relación entre ambos es "absolutamente fructífera", en palabras del titular de Interior.

El Gobierno de Marruecos no se ha pronunciado hasta el momento y la única reacción que se conoce es la de su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, quien este martes dijo que "hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir", antes de ser convocada de forma urgente por la ministra de Exteriores española y de ser llamada a consultas por su Gobierno.

Por parte de la Unión Europea, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, advirtió que "las fronteras españolas son las fronteras europeas" e hizo un llamamiento a Rabat para que cumpla con sus obligaciones fronterizas. En los mismos términos se manifestó el presidente del Consejo europeo, Charles Michel.

Nuria López

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