La organización Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno estadounidense a suspender inmediatamente la venta directa e indirecta de armas, equipo y tecnología a Colombia, debido a que han sido utilizadas por la fuerza pública para reprimir a ciudadanos durante las protestas sociales que iniciaron hace tres semanas en el país latinoamericano.
"El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante", expresó en un comunicado de prensa Philippe Nassif, director de promoción de la oficina de Amnistía Internacional en EE.UU.
La organización pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, que el Gobierno de Joe Biden "cese de inmediato el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo" que ha sido utilizado para reprimir las protestas.
Esta exigencia hace referencia al fin del suministro de armamento, equipo y asistencia con Colombia, hasta que las fuerzas de seguridad "cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza" y los abusos de los uniformados sean investigados "de manera independiente e imparcial".
La lista incluye la prohibición de las siguientes herramientas:
- Escopetas, armas pequeñas y municiones.
- Gas lacrimógeno y proyectiles antidisturbios.
- Vehículos blindados.
- Tecnologías de vigilancia de doble uso.
- Capacitación y cualquier otra asistencia técnica o financiera.
Abusos policiales
En el contexto del paro nacional en Colombia, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza pública y las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados.
En particular, Human Rights Watch documentó que la Policía disparó gases lacrimógenos directamente hacia manifestantes desde un puente, en la ciudad de Cali, durante las protestas del 3 de mayo. Además, la organización comprobó que uniformados dispararon desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los civiles.
El pasado 12 de mayo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad Venom, desde el suelo y de forma horizontal, para reprimir a manifestantes en Popayán (Cauca). "Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma", señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Amnistía Internacional denunció que la fuerza pública ha utilizado los lanzadores de proyectiles de gran capacidad Venom y lanzaproyectiles de mano Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems.
En ese sentido, la organización señala que el Gobierno de EE.UU. ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y equipos policiales de Colombia. Por lo tanto, tiene una responsabilidad en los "asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otras torturas", y en la "horrenda represión de decenas de manifestaciones" en el país suramericano, según denunció la organización.
Víctimas de violencia
El Gobierno colombiano ha informado sobre el fallecimiento de 42 personas (41 civiles y un policía). De esta cifra, 15 muertes tienen relación directa con las manifestaciones, según la Fiscalía General de la Nación.
En contraste con la información oficial, organizaciones sociales reportan 51 fallecimientos en el marco del paro nacional, de los cuales 43 corresponden a personas que "fueron asesinadas por presunta autoría de la fuerza pública".
Según las denuncias recibidas por la organización Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hay 2.387 casos de violencia policial, incluyendo 18 víctimas de abuso sexual y 33 personas con lesiones oculares.