Cómo la masiva invasión de los mineros ilegales golpea a los indígenas yanomami

Niños indígenas desnutridos, mineros ilegales que atacan aldeas, brotes de malaria y lotes de fármacos sin eficacia comprobada enviados por el gobierno para combatir el covid-19.

Las denuncias se repiten al mismo ritmo que las peticiones de ayuda, pero la escalada de conflictos en el Territorio Indígena Yanomami, entre los estados de Roraima y Amazonas y lindante con Venezuela, no cesa.

Llegados en una lancha a motor, un grupo de mineros ilegales atacó hace unos días a la comunidad de Paliminú. Madres con sus bebés en brazos corrieron para refugiarse de las balas e incluso la Policía que acudió a la zona para investigar lo sucedido fue tiroteada. 

La situación es tan grave que esta semana Luis Roberto Barroso, un juez de la Corte Suprema, ordenó que el Gobierno adopte de manera inmediata medidas para proteger los Territorios Indígenas Yanomami y también a los Mundurucu, en el estado de Pará (norte).

"Cuando los 'garimpeiros' están tan fuertemente armados se ve el dinero que hay detrás"

La actividad de los 'garimpeiros' (mineros ilegales) no es nueva en los territorios Yanomami, que cuentan con más de 96.000 kilómetros cuadrados –dos veces el tamaño de Suiza– donde viven unos 28.000 indígenas en 360 aldeas. Pero los especialistas sí ven un cambio en la figura del 'garimpeiro'.

"En los años 80 y 90, el 'garimpeiro' era una persona pobre que buscaba trabajo, un sueldo. Los empresarios y gente con dinero pagaban sus vuelos y cobraban una tasa. Hasta cierto punto estaban controlados por estos dueños de compañías", explica a RT Fiona Watson, directora de campañas de Survival.

Ahora a muchos de esos 'garimpeiros' –se estima que hay más de 20.000– se les vincula con bandas como el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil, que domina el narcotráfico en Roraima.

"Cuando los 'garimpeiros' están tan fuertemente armados se ve el dinero que hay detrás. Se envían avionetas, helicópteros, grandes cantidades de gasolina, lo que implica a personas por detrás con muchísimo dinero, intereses políticos y económicos. Esto es muy preocupante", comenta Watson.

Asociaciones como la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denuncian que el Estado "promueve la furia codiciosa" de la agroindustria, las empresas mineras y los fondos de inversión internacionales, lo que "fomenta la acción de los traficantes de tierra, los invasores y tantos otros criminales que siguen avanzando hacia los territorios indígenas".

En concreto, la minería ilegal ha ocupado un total de 2.400 hectáreas en el Territorio Indígena Yanomami, lo que equivale a 2.400 campos de fútbol. Fotografías tomadas por satélite reflejan cuánto han destruido y cómo se han ido asentando los mineros. "Tienen pueblos con campos de fútbol, bares, restaurantes. Esto es algo relativamente nuevo. No era así en los años 80", dice Watson. 

"Ni el Ejército, que tiene cuarteles desde hace muchísimos años en la zona, ni la Policía Federal hacen nada para parar esto. Están con los brazos cruzados. ¿Por qué? Por la presión política y económica", lamenta.

El Estado no llega

Los 'garimpeiros' agravan la deforestación, la contaminación de los ríos por el uso del mercurio, la violencia contra las comunidades y propagan enfermedades como la malaria o el covid-19. La foto de una niña famélica reposando en una hamaca en una aldea yanomami y la muerte días después de un niño de un año que pesaba tres kilos vuelve a poner sobre la mesa el abandono de estos pueblos.

El acceso a sus aldeas, situadas en un territorio de densa floresta y regiones montañosas, es complejo y supone un importante coste financiero. La institución responsable de prestar los servicios de salud a estas comunidades es la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), dependiente del Ministerio de Salud, que cuenta con 70 unidades básicas de salud y apenas cubre al 20 % de las aldeas. Los médicos escasean. 

"Esas unidades tienen una estructura muy precaria, hechas de material improvisado, muchas veces poco resistente. Es muy difícil contar con un equipo fijo de profesionales. No hay alojamientos adecuados, ni agua potable, ni baños. Sin médicos esa asistencia precaria todavía se ve más perjudicada", comenta a RT Paulo Basta, investigador de la prestigiosa Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y especialista en salud de los pueblos indígenas. 

"Los pueblos indígenas siempre han sido vistos como un obstáculo para el desarrollo del país, ocupando territorios de interés económico"

A partir de 2013, con el programa Más Médicos, impulsado por la expresidenta Dilma Rousseff, muchos médicos cubanos ocuparon puestos de trabajo en esta zona. Pero en 2018, Cuba decidió retirarse del programa después de que Bolsonaro le impusiese unas condiciones que consideró "inaceptables". Los pueblos indígenas quedaron desasistidos y no fue hasta el segundo semestre de 2019 cuando profesionales brasileños formados en el exterior ocuparon las vacantes. 

El especialista de Fiocruz explica que la mayoría de las visitas a estas comunidades son puntuales, una vez al año o cada seis meses en la mejor de las hipótesis. Y cuando llegan muchas veces no llevan suficientes medicamentos o no son los adecuados.

"Es un estado permanente de exclusión social que fue históricamente construido durante el proceso de colonización de Brasil. Los pueblos indígenas siempre han sido vistos como un obstáculo para el desarrollo del país, ocupando territorios de interés económico. Siempre hubo una postura discriminatoria en las instituciones del Gobierno. Y eso se refleja en los servicios de salud y en los servicios públicos en general", lamenta.

Por ejemplo, la energía eléctrica. "No se puede conservar alimento y tiene que ser recolectado y consumido en el mismo día. Eso exige un esfuerzo de la familia. Si un miembro enferma de malaria, no tiene fuerza para salir a cazar y perjudica a toda la alimentación familiar".

Además, la destrucción de la selva por parte de los 'garimpeiros' empeora las cosas. "Cuando entran en el territorio, lo primero que hacen es terminar con la vegetación, cortan los árboles, contaminan los ríos y espantan a las especies de la fauna. Esto provoca un desequilibrio del sistema amazónico, modifica la población de mosquitos, comienzan los brotes de malaria", afirma.

Veneno para el cuerpo

Los ''garimpeiros' están fuertemente armados y llevan a cabo "todo tipo de agresiones, homicidios, violencia contra las mujeres, transmisión de enfermedades, como ahora con el covid-19", afirma el investigador.

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Basta dice que la ausencia total de las autoridades y de servicios adecuados para la población provoca que algunos indígenas sean "reclutados" por los mineros ilegales con la promesa de darles "algún beneficio que el Estado no ofrece", lo cual causa desestructuración social.

"Los padres que deberían salir a buscar alimentos ricos en proteínas se relacionan con los 'garimpeiros', no regresan a casa, consumen alcohol, drogas", dice Basta.

El mercurio es otro de los graves problemas. El metal es utilizado en la minería para separar el oro de otros sedimentos y se disemina en el suelo o en el agua de los ríos. Las personas se contaminan generalmente tras la ingesta de pescado infectado. Los bebés también se ven afectados.

"Nacen con un buen peso, pero cuando tras ser amamantados tienen contacto con un terreno contaminado aparecen los primeros cuadros de diarrea y pierden peso. Empieza un proceso de desnutrición aguda, que junto al escenario de escasez de alimentos y otras dolencias les impide recuperar un peso normal y sufren desnutrición durante toda la infancia", lamenta.

Marta Miera

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