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¿Cambio de política o medida 'cosmética'? De qué trata la "transformación policial" de Duque en Colombia

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Desde 2019 varios sectores nacionales e internacionales han pedido el cese de la militarización en las manifestaciones y han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados.

Un nuevo giro ha dado la política de seguridad del presidente Iván Duque en el contexto de las protestas, tras su anuncio de "transformación" policial y de "modernización" del Ministerio de Defensa, días antes de la visita de trabajo de una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia y en medio de peticiones del cese de la violencia policial contra los manifestantes.

El pasado domingo, el presidente colombiano, Iván Duque, informó que el próximo 20 de julio presentará ante el Congreso el 'Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial'. Esta iniciativa la dio a conocer durante un acto de ascenso en la Escuela de Cadetes de Policía 'General Santander', en Bogotá, que sufrió un atentado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en enero de 2019, lo que significó un endurecimiento de las políticas de seguridad del Gobierno.

El mandatario adelantó que su Administración contempla realizar la "transformación integral" de la Policía Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, y la "modernización" de esa cartera dirigida por Diego Molano. 

El anuncio presidencial llega a más de un mes del inicio de las protestas antigubernamentales en varias ciudades, que han sido fuertemente reprimidas por los cuerpos policiales y que han estado caracterizadas por las denuncias de organizaciones sociales sobre el excesivo uso de la fuerza. El Ejecutivo ha respondido a las demandas con un incremento de los uniformados en las calles y con el "máximo despliegue militar",  ordenado por Duque en la ciudad de Cali, epicentro de las manifestaciones, tras una violenta jornada donde murieron trece personas.

Ante el incremento de los fallecidos, distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos han publicado sus propios  registros  de las víctimas: la ONG Defender la Libertad  maneja  la cifra de 76 homicidios , de los cuales 34 habrían sido perpetrados por la Fuerza Pública, mientras que Temblores  cuenta  45 e  Indepaz  66. Por su parte, la Fiscalía habla de 48 fallecidos , de los cuales 20 estarían relacionados directamente con las protestas.

¿Cuáles son los puntos principales?

Esta propuesta incluye entre sus bases la incorporación de prácticas y estándares internacionales en el "uso legal y legítimo de la fuerza", que han sido solicitados en varias oportunidades por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en el país suramericano.

El uso desmedido de las acciones de los agentes de seguridad y el abuso de autoridad durante las manifestaciones en Colombia han generado un intenso debate en el país y han sido un clamor entre distintas organizaciones desde que se iniciaron las protestas en 2019 hasta el momento.

Este anuncio de "transformación" policial ocurre dos días antes de la esperada llegada de la CIDH, que estará en Bogotá y Cali reunida con distintos sectores para " observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril", según un comunicado . La visita ocurre luego de una controversia entre la fecha y un cambio de postura de Colombia sobre su aprobación.

El tema de la seguridad del Estado, además de la contención de las protestas, ha estado en el tapete luego de que se divulgara en el Parlamento que la Policía Nacional tiene abierto un proceso de contratación por casi diez millones de pesos (equivalente a 2,44 millones de dólares) para la compra de municiones no letales para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), lo que generó agudas críticas entre los congresistas opositores debido a la compleja situación económica del país y el aumento de la pobreza producto de la pandemia. La Policía respondió que esta adquisición estaba prevista desde 2019.

¿Qué es lo nuevo?

Entre los organismos que se crearán, según este proyecto de ley, se encuentran el Viceministerio de Seguridad Ciudadana (Ministerio de Defensa) y la Dirección y Observatorio de Derechos Humanos (Policía). Además, habrá un nuevo Estatuto Disciplinario que incluye la reestructuración de la Inspección General, supervisión y control del servicio policial y un nuevo sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas y denuncias.

El punto que más ha generado controversia, por quienes lo señalan de "cambio cosmético", ha sido el nuevo color del uniforme de la Policía urbana, que pasará del verde oliva a azul oscuro, tal como se ha establecido en otros países. Con esta renovación se hará más visible el nombre del agente, su distinción y placa, según adelantó Duque. Además, las patrullas también serán azules, habrá drones de vigilancia, los funcionarios utilizarán cámaras corporales en sus procedimientos y se tiene previsto más adelante un código QR visible en el traje para que sea escaneado por los ciudadanos.

Otro de los temas que contempla este anteproyecto, que también ha sido planteado con anterioridad, es la participación ciudadana en el proceso de "transformación" y la creación de cuadrantes de vecindario como un "nuevo modelo de vigilancia policial". Para algunos debió hacerse antes y no después del anuncio.

En su alocución, Duque también se refirió a "fortalecer" las normas sobre el "uso, porte y comercio de armas menos letales", y dijo que "todos los estándares en materia de lucha contra disturbios y actos de vandalismo también están fortalecidos por la cooperación internacional". En este contexto, aún queda sin definir el escenario ante las denuncias de armas de uso letal contra los manifestantes y la presencia de civiles armados que han acompañado a los oficiales en la contención de las marchas.

En esta iniciativa se comprobará, además, la instalación de un Centro Policial de Estándares y una nueva Universidad de la Policía.

Un largo debate

Desde 2019 en Colombia ha habido unas seis iniciativas legislativas para reformar la Policía Nacional y disolver al Esmad, que no han pasado el primer debate en el Congreso, a pesar de que cada oleada de movilizaciones el tema vuelve a estar en el centro, sobre todo después de las muertes del joven manifestante Dilan Cruz y del abogado y taxista Javier Ordóñez, atribuidas a uniformados. 

Los llamados para una reforma policial no solo han surgido en sectores nacionales, también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha pedido un cambio urgente del Esmad desde hace un año. 

En un documento emitido en 2020, el organismo internacional afirmó que la institución policial no cumplió con los estándares internacionales del uso de la fuerza, al utilizar un rifle de calibre 12 cargado con munición del tipo 'beanbag', con el que fue impactado Cruz; también se denunciaron malos tratos y torturas contra manifestantes y periodistas y detenciones arbitrarias.

Como recomendación de la ONU al Gobierno se destacaba el cese de la militarización en la protesta y la transferencia de la Policía al Ministerio del Interior debido a que se encuentra adscrita al de Defensa. Estas solicitudes ya han sido hechas por legisladores opositores y organizaciones sociales que han denunciado reiteradamente la respuesta excesiva de los cuerpos de seguridad ante situaciones de orden público y los conflictos entre grupos armados ilegales en distintas regiones del país donde hay civiles afectados.

Voces en contra

Entre las críticas hechas por algunos legisladores opositores y expertos está la falta de una consulta ciudadana previa a este anteproyecto, la necesidad de investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos y la reiterada petición de desvincular a la Policía de la cartera de Defensa, que aún no se cumple.

Del mismo modo, ha sido tildada de "tardía" porque "llega cuando la confianza en la institución se ha deteriorado", según el director del Centro de Investigación y Estudios sobre Conflictos Armados, Jorge Restrepo, quien señala también que es "insuficiente" porque "no hay una reforma de la seguridad y "no se articula con la investigación de abusos".

Nathali Gómez

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