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Exministro del gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia admite que en esa administración se aprobó la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio

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El exfuncionario no precisó si sus colegas estaban al tanto de que el exministro de Gobierno Arturo Murillo haría esa adquisición con sobrefacturación.
Exministro del gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia admite que en esa administración se aprobó la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio

Carlos Fernando Huallpa, exministro de Minería del gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia, admitió que durante ese régimen (noviembre 2019-noviembre 2020) el gabinete en pleno aprobó la compra de gases lacrimógenos, que se hizo con sobreprecio.

"Se han firmado los decretos, se han autorizado para la compra de los gases lacrimógenos", dijo Huallpa, en declaraciones a El Potosí.

Huallpa explicó que el gabinete de Áñez analizó el requerimiento que presentó el Ministerio de Gobierno para la compra de los gases, pero no precisó si sus colegas estaban al tanto de que el extitular de esa cartera, Arturo Murillo, haría la adquisición con sobreprecios.

"Lamentablemente, de mala fe ha actuado el exministro de Gobierno Arturo Murillo donde ha puesto sobreprecios, ha hecho actos de corrupción, ha hecho daño económico al Estado, pero tiene que asumir su responsabilidad por ese daño que ha hecho al Estado", enfatizó.

La compra de esos gases lacrimógenos generó un sobreprecio de 2,3 millones de dólares. Por este caso, Murillo fue detenido y se encuentra preso en EE.UU.

En Bolivia se lleva a cabo una investigación al respecto, que se ha denominado caso "Gases Lacrimógenos". Huallpa ha sido uno de los exfuncionarios de esa administración de facto en ser llamados por la Fiscalía de La Paz para declarar al respecto, por lo que se presentará el próximo lunes 14 de junio.

El esquema

En EE.UU., además de de Murillo, fueron detenidos el exjefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, y los ciudadanos norteamericanos Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld.

Los exfuncionarios bolivianos están acusados ​​de recibir coimas supuestamente pagadas por una empresa estadounidense e individuos, con el propósito de asegurar un contrato con el gobierno boliviano por la compra de gases lacrimógenos, y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos.

Por ello se le imputan los presuntos delitos de soborno, blanqueo de capitales y conspiración.

Además de esta compra con sobreprecio de armamento no letal, Bolivia también investiga el presunto envío de gases lacrimógenos y municiones de alto calibre desde Ecuador, durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), a la administración de facto de Áñez.

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