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El Gobierno de Brasil autoriza el envío de la Fuerza Nacional al Territorio Indígena Yanomami un mes después de las denuncias de ataques

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La comunidad de Paliminú, que se encuentra en medio de una ruta utilizada por mineros ilegales, es víctima de asaltos desde el 10 de mayo.

Los yanomamis llevan semanas pidiendo ayuda ante los constantes ataques que sufren por parte de los 'garimpeiros' (mineros ilegales) en su territorio. Este lunes, el Gobierno de Brasil autorizó finalmente el envío de la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la Policía, al Territorio Indígena Yanomami, situado en el estado de Roraima.

"Recibimos la noticia y es una señal positiva. Estamos muy preocupados por la falta de seguridad. Lo importante es que el Estado cumpla con su deber. Hace años que luchamos para expulsar a los 'garimpeiros' de nuestras tierras", comentó a RT Dário Vitório Kopenawa, vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami.

El documento publicado en el Diario Oficial de la Unión señala que la Fuerza Nacional llevará a cabo "actividades y servicios esenciales para preservar el orden público y la seguridad de las personas y el patrimonio". La misión tiene una validez de 90 días prorrogables y se desconoce el número de agentes que serán desplegados

El Territorio Indígena Yanomami, que cuentan con más de 96.000 kilómetros cuadrados –dos veces el tamaño de Suiza–, es la reserva más grande de Brasil y cubre aproximadamente 10 millones de hectáreas entre los estados de Roraima y Amazonas.

En busca de oro

Cerca de 28.000 indígenas en 360 aldeas viven en está región, que desde 1980 es blanco de mineros ilegales en busca de oro. Desde hace poco, a muchos de esos 'garimpeiros' –se estima que hay más de 20.000– se les vincula con bandas como el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil, que domina el narcotráfico en Roraima. 

"La Fuerza Nacional tiene que echar a los 'garimpeiros' y no sobrevolar la zona para asustarlos. Retirarlos de verdad. Eso es lo que necesitamos", añadió Kopenawa.

El 10 de mayo, un grupo de mineros ilegales atacó con armas la comunidad de Paliminú, ubicada a orillas del río Uraricorera y ruta utilizada por los 'garimpeiros'. Cuando la Policía acudió al lugar para investigar lo sucedido fue recibida con disparos por estos mineros. 

La Asociación Hutukara Yanomami informó días después que dos niños, de uno y cinco años, murieron en el ataque. En un comunicado, la organización explicó que muchos menores salieron corriendo y huyendo de los disparos y dos días después del ataque se encontraron los cuerpos sin vida de los dos niños en el río. "Se habían ahogado", apunta el texto. 

También el Consejo de Salud Indígena Yanomami (Condisi) anunció que tres 'garimpeiros' murieron en el ataque, aunque otros testimonios contradijeron esta información. 

El juez Luís Roberto Barroso, de la Corte Suprema, pidió en mayo al Gobierno tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida de los yanomamis y los Munduruku, en Pará, tras demostrarse "indicios de amenaza en la vida, salud y seguridad" de las comunidades por parte de los mineros, que propagan enfermedades como la malaria o el covid-19.

Desde entonces, los yanomamis han denunciado varios ataques. "Hace un mes que nos atacan y ayer mismo hubo otro tiroteo en Paliminú. Llevábamos un mes pidiendo ayuda. Es muy difícil la situación. Ocurre todos los días y es muy tensa. Vamos a ver si la Fuerza Nacional protege los territorios y se cumple realmente el decreto", subrayó Kopenawa.

La minería ilegal destrozó en 2020 un total de 2.400 hectáreas, una área equivalente a 500 campos de fútbol, de tierras protegidas de los indígenas yanomamis. Ni siquiera la pandemia impidió que esta actividad ilegal se expandiese un 30 % el año pasado en estas zonas. 

Marta Miera

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