Los 50 días de paro nacional que hubo en Colombia dejaron un saldo contrastante, ya que las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad fueron permanentes, pero al mismo tiempo las movilizaciones lograron visibilizar la inconformidad ciudadana contra el Gobierno del presidente Iván Duque, y la crisis política, económica y social tuvo repercusión internacional.
Las protestas comenzaron el 28 de abril en repudio a una reforma tributaria que Duque presentó ante el Congreso bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible y que, entre otras medidas, pretendía aumentar el IVA en productos y servicios y ampliar el padrón de contribuyentes.
El martes, el Comité Nacional del Paro anunció la suspensión temporal de las protestas que, en medio de la pandemia de coronavirus, han incluido marchas masivas y bloqueos de caminos. Esas acciones, según el Ministerio de Hacienda, provocaron pérdidas de por lo menos 3.000 millones de dólares.
Desde que comenzaron las movilizaciones, la organización no gubernamental Temblores llevó un pormenorizado recuento de las denuncias en las represiones que, de forma constante, sufrieron los manifestantes.
En su último informe, que engloba los 50 días de protestas, señaló que hubo 4.285 casos de violencia policial y que 1.468 personas fueron víctimas de violencia física por parte de policías, pero uno de los datos más alarmantes son los 43 homicidios en los que están involucradas las fuerzas de seguridad.
Además, se reportaron 30 casos de uso de Venom, una cuestionada arma que se colocaba encima de las tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y que lograba lanzar municiones a una distancia de 150 metros. Si bien no están consideradas como armas letales, sí provocan heridas.
Víctimas
A ello se le suman 1.832 detenciones arbitrarias y 734 intervenciones violentas por parte de agentes policiales, quienes también están implicados en 215 casos de disparos de armas de fuego.
El informe incluye a 28 víctimas que denunciaron violencia sexual por parte de policías y a por lo menos 70 manifestantes que fueron agredidos directamente en los ojos, una de las prácticas represivas más violentas que se utilizaron en las protestas sociales de fines de 2019 en Chile y que convirtió a las personas mutiladas en símbolo de las históricas movilizaciones contra el Gobierno de Sebastián Piñera.
Con respecto a las 419 personas reportadas como desaparecidas durante las manifestaciones en Colombia, el último reporte de la Fiscalía General de la Nación aseguró que ya habían sido localizadas 335.
Organismos nacionales e internacionales han sostenido el reclamo de que se investiguen y sancionen los delitos cometidos por representantes del Estado durante el estallido colombiano.
El senador Iván Cepeda y otras organizaciones de la sociedad civil ya presentaron ante la Corte Penal Internacional una denuncia en contra de Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano, el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, a quienes acusan de crímenes de lesa humanidad.
Logros
Por otra parte, los activistas han enumerado en redes sociales los resultados obtenidos durante estas 50 jornadas de movilizaciones. Para empezar, echaron abajo la reforma tributaria que originó las protestas, pero también otra controvertida reforma de salud.
Las mareas humanas que colmaron las calles colombianas provocaron cambios en el gabinete de Duque, ya que tuvieron que renunciar el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la excanciller Claudia Bum, y el general Juan Carlos Rodríguez, hasta entonces comandante de la Policía de Cali, donde las represiones fueron particularmente salvajes.
Además, los estudiantes de menores recursos lograron la gratuidad de la matrícula en educación superior durante el segundo semestre de este año, y se suspendió la realización de la Copa América, que este año iba a tener a Colombia como una de sus sedes.
Al igual que ocurrió en Chile, las protestas en Colombia evidenciaron el hartazgo social contra modelos económicos que solo han acentuado la desigualdad y sumieron al Gobierno en una crisis que tuvo impacto internacional y que sorprendió por la magnitud de convocatorias espontáneas en las que las y los jóvenes fueron protagonistas.
Así, pudieron plantear temas vedados en una sociedad que se creía predominantemente conservadora, como la reforma de la Policía Nacional o el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
También se fomentó la participación ciudadana a través de cabildos abiertos o asambleas barriales en las que se coordinaron acciones, reclamos y estrategias para el corto plazo, ya que la tregua es temporal y las y los manifestantes están listos para salir a las calles para seguir presionando a un presidente que, de acuerdo con las encuestas, hoy es reprobado por el 80 % de los colombianos.