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Bolsonaro autoriza otro despliegue militar en la Amazonía para combatir la deforestación dos meses después de haber retirado las tropas

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Esta es la tercera operación en la zona, a pesar de que expertos apuntan que la estrategia de militarizar la selva no ha dado buenos resultados.

Dos meses después de haber ordenado el retiro de tropas y aún bajo fuego cruzado debido a la renuncia del exministro de Ambiente Ricardo Salles por presunto incentivo al tráfico de madera a Europa y EE.UU., el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a ordenar el despliegue de una operación castrense en la Amazonía para el combate y prevención de los delitos ambientales.

La operación prevé combatir la deforestación en la Amazonía, a pesar de que los despliegues militares que se ejecutaron el año pasado no evitaron que aumentara la destrucción de los bosques. Por ese motivo, expertos apuntan a que la estrategia del ultraderechista es errada en su concepción.

Entretanto, inversionistas privados han lanzado una campaña global para pedir la protección de los bosques amazónicos, y acusan a Bolsonaro de incumplir los compromisos ambientales que suscribió su Gobierno para la protección de estas áreas.

¿De qué se trata el decreto?

El despliegue de efectivos en la Amazonía se autorizó el lunes, mediante el decreto de Garantía de Ley y el Orden (GLO), y permitirá la presencia militar en Amazonas, Mato Grosso, Pará y Rondonia, hasta el próximo 31 de agosto.

La acción se da casi dos meses después de que el propio mandatario retirara a los militares de la zona, luego de haber ordenado la 'Operación Brasil Verde 2', que actuó en el área amazónica durante casi un año.

Sin embargo, la Operación Brasil Verde 2 no frenó la deforestación de la Amazonía, que en 2020 se incrementó 17 % con respecto al año anterior. Este operativo fue el que sucedió al 'Brasil Verde 1', que se autorizó en 2019 ante la voraz ola de incendios en la región que puso a la política ambiental de Bolsonaro en el ojo de la comunidad internacional.

En esta ocasión, los efectivos solo podrán actuar en tierras indígenas, áreas de preservación federal y predios de la Unión. Las operaciones en otras áreas podrán efectuarse únicamente por petición expresa de los gobernadores.

A principios de junio, el vicepresidente Hamilton Murao había adelantado que se enviarían tropas a la selva, mediante una operación que costaría unos 50 millones de reales (más de 10 millones de dólares). En esa oportunidad, el alto funcionario incluso aseveró que podrían mantener el despliegue hasta 2022.

Deforestación imparable

En mayo, la cifra de deforestación en la Amazonía fue una de las más altas de la serie histórica, al alcanzar un récord de 1.180 kilómetros cuadrados destruidos, o lo que es lo mismo, 67 % más en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

La apuesta militar de Bolsonaro para frenar la destrucción de la selva irá acompañada de otro decreto, también dictado el lunes, que limitará los incendios en la selva amazónica en los próximos 120 días. Sin embargo, organizaciones ambientales han advertido que el problema no se resuelve con la presencia de las Fuerzas Armadas, sino con políticas integrales que limiten las concesiones a las empresas agrícolas, ganaderas, mineras y de explotación que se asientan en el corazón de la Amazonía.

De hecho, la producción de cereales y la ganadería son señalados como los principales responsables de la deforestación. Una parte de la culpa la tiene el cultivo de la soja, ya que, según un estudio publicado en la revista Nature, el 9 % de los bosques destruidos en el continente fueron convertidos en plantaciones de soja desde el 2000, y en donde más rápido sucede esta expansión es en la Amazonía.

Entrevistado por RT, el historiador Dimitri Defranc Cevallos apuntó a la preocupante desregulación de las empresas en Brasil, que han permitido la expansión desmedida de compañías mineras, petroleras y madereras, con la anuencia del Gobierno.

"Dentro del Amazonas todo está desregulado. Las concesiones mineras, petroleras, se dan de la manera más impropia posible (...) Son como varias plagas que se ponen en el mismo lugar", apuntó el especialista, quien también destacó que estas prácticas afectan especialmente a los indígenas y a los trabajadores de esas explotaciones, que "carecen totalmente de derecho".

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