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En qué consiste el polémico proyecto de ley que atenta contra los derechos indígenas en Brasil

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El texto altera las reglas para demarcar las tierras de los pueblos indígenas y amenaza a los grupos aislados.
En qué consiste el polémico proyecto de ley que atenta contra los derechos indígenas en Brasil

Un polémico proyecto de ley que altera las reglas para demarcar las tierras de los pueblos indígenas y amenaza a los grupos aislados ha movilizado hasta Brasilia a casi 900 nativos de diferentes lugares del país que protestan por conservar sus derechos.  

La Policía reprimió la semana pasada con gas lacrimógeno y pelotas de goma una de las manifestaciones frente al Congreso Nacional, con un saldo de varios heridos, entre ellos, un policía alcanzado por una flecha. Ese día la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de los Diputados votaba el proyecto de ley 490 de 2007 –conocido como PL490–, pero la sesión fue cancelada tras lo ocurrido.

Al día siguiente la audiencia se retomó. Los indígenas, que llevan días acampados en la capital, se mantuvieron cerca de radios, televisiones e internet atentos a lo que ocurría en el CCJ. Denuncian que no han sido consultados y que se está aprovechando el contexto de pandemia para sacar adelante la propuesta.

En un intenso debate, la diputada Joana Wapichana, primera diputada indígena en Brasil, y sus compañeros de oposición intentaron frenar el texto.

Coincidiendo con la dimisión del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, la votación finalizó con 40 votos a favor y 21 en contra del PL490. "Ha quedado evidenciada la necesidad de representación indígena en el Congreso, porque no tienen muchos aliados", explica a RT Ana Lúcia Pontes, coordinadora de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco).  

Impulsado por el agronegocio

El PL490 llevaba años estancada en la Cámara de Diputados, pero fue nuevamente impulsada por la "bancada ruralista", como se conoce a los parlamentarios representantes de los grandes terratenientes y del agronegocio, y por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro. 

El ultraderechista considera "abusivo" que los indígenas –unos 900.000 en todo el país– posean el 14 % del territorio nacional, la gran parte en la Amazonía. "No se puede seguir así. En un 61 % de su territorio, Brasil no puede hacer nada", ha reiterado. Entre 2019 y 2020, los dos primeros años del mandato de Bolsonaro, la deforestación aumentó un 48,3 % en áreas protegidas de la floresta amazónica. 

Aunque al texto le queda todavía un largo recorrido, en el que deberá pasar por el plenario de la Cámara de Diputados y el Senado, son muchas las voces de alarma ante su posible aprobación. 

Uno de los puntos más controvertidos es el que establece que las tierras indígenas son aquellas ocupadas por los pueblos tradicionales el 5 de octubre de 1988 –fecha de la promulgación de la Constitución–, por lo tanto, se les exige una prueba de propiedad, que no se pide en la actualidad.

Ahora, la demarcación de los territorios la hace la Fundación Nacional del Indio (Funai), un órgano del Gobierno dedicado a la protección de estas comunidades, tras la apertura de un proceso administrativo y la creación de un grupo especializado.

"El mayor problema es que los indígenas, que son comunidades vulnerables, tengan que presentar esta prueba exigida solo ahora, más de 30 años después (...) no se puede aceptar este tipo de violencia o exigir algo tan específico con un día exacto", denuncia a RT Juliana de Paula Batista, abogada del Instituto Socioambiental (ISA).

La letrada recuerda que en esa fecha muchos indígenas no estaban en sus tierras ancestrales porque fueron expulsados, especialmente, durante la dictadura militar.

De aprobarse el proyecto –dice– "las reglas del proceso de demarcación serán alteradas, lo que dificultará mucho que lleguen a término y las tierras sean abiertas a mineros ilegales o a cualquier otra actividad considerada de 'interés público relevante'".

El texto prohíbe también que se amplíen tierras que ya fueron demarcadas previamente.

Contacto con los pueblos aislados

El PL490 destaca que el contacto con los pueblos aislados debe evitarse "al máximo" y solo realizarse "en caso de prestar socorro médico o para mediar en acciones estatales de utilidad pública".

Pero los defensores de los pueblos indígenas critican que no se especifica el término "utilidad pública", por lo que se podría flexibilizar el contacto con estos pueblos y abrir el camino a empresas públicas o privadas, o a misiones religiosas, lo que violaría los derechos de libertad y creencias.

"Sería el fin de la política de no contacto, con grupos que sin experiencia de trabajo con estas comunidades se pondrían en contacto con ellas, sin respetar la elección de esos pueblos a vivir aislados. Es inadmisible", lamenta la abogada.

La Funai estableció en los años 80 la obligación de garantizar a las comunidades aisladas –se calcula que hay unas 100– su plena libertad y la de sus actividades tradicionales sin necesidad de que sean contactadas.

Batista recuerda que los grupos aislados son altamente vulnerables a contactos imprevistos y no tienen resistencia inmunológica a enfermedades contagiosas comunes entre los no indígenas como, por ejemplo, la gripe.

Inconstitucional 

Según la Constitución, los indígenas tienen "derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan", es decir, aquellas habitadas por ellos de forma permanente y que utilizan para sus actividades productivas.

Batista argumenta que el proyecto es inconstitucional porque modificaría estos derechos que son fundamentales y que forman parte de las "cláusulas pétreas", es decir, que no pueden sufrir ninguna alteración. 

A su juicio, el PL490 intenta cambiar a través de una ley federal disposiciones que se encuentran previstas textual y expresamente en la Carta Magna. Un ejemplo, es que el proyecto retira el usufructo exclusivo de las tierras a los indígenas. 

Además del proyecto de ley, los indígenas también protestan estos últimos días por el nombramiento de Joaquim Álvaro Pereira Leite como nuevo ministro de Medio Ambiente. Leite es un exconsejero de una sociedad ruralista y proviene de una familia de productores de café que lucha en los tribunales por un pedazo de terreno en la Tierra Indígena Jaraguá, situada en Sao Paulo.

Marta Miera

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