La familia de Berta Cáceres ha calificado de "victoria de los pueblos del mundo" el fallo contra un directivo de una compañía eléctrica como autor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña.
Roberto David Castillo era el presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) cuando Cáceres fue asesinada, el 2 de marzo de 2016, mientras dormía en su casa en la Residencial El Líbano, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
"Hace cinco años llevamos un proceso de lucha altamente doloroso, enfrentándonos a grupos de poder económico que han intentado ejercer sus influencias sobre el poder judicial hondureño", dice la hija de la activista y diputada del Congreso Nacional, Olivia Zúñiga, quien rememora unas palabras de su madre: "Han creído que la impunidad es eterna".
Cuando fue asesinada, Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), llevaba años enfrentado a DESA, concretamente a su proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una infraestructura con fuerte impacto en el río Gualcarque, indispensable para la sobrevivencia del pueblo indígena lenca.
El fallo considera probado que Castillo ordenó la muerte de Cáceres para eliminar obstáculos a las operaciones que llevaba a cabo esta compañía. Ahora podría enfrentar una pena de entre 25 y 39 años de cárcel, pero la sentencia se conocerá el próximo 3 de agosto.
"Sabemos que el momento de la lucha más dura y álgida se avecina y ha iniciado a partir de este día porque este fallo es fundamental y determinante para vincular el asesinato de nuestra madre, Berta Cáceres, a los autores intelectuales, en este caso, los accionistas del proyecto hidroeléctrico Agua Zerca, de la empresa de Desarrollos Energéticos SA.", afirma la política.
Cancelación definitiva de Agua Zarca
La diputada considera que "es el momento" para aprobar el proyecto de ley que ella misma presentó en 2018 en el Congreso Nacional y que lleva el nombre de su madre. "Es para la anulación y cancelación total y definitiva de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que sigue vigente, que sigue siendo una amenaza para la población lenca", explica.
A pesar de que Zuniga Cáceres califica el fallo como "coherente", recuerda que han sido "cinco años de persecución, de hostigamiento, cinco años duros, de amenazas" contra la familia de la ambientalista y el COPINH.
Castillo no es el único directivo de DESA condenado en el marco de este caso. A finales de 2019, la Justicia hondureña condenó con entre 30 y 50 años de prisión a siete autores materiales del crimen:
- Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente Ambiental y de Comunicaciones de DESA, dedicado al monitoreo de las actividades de Cáceres y del COPINH.
- Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado y exempleado de DESA, quien coordinaba a las fuerzas de seguridad estatales y estructuras paralelas para realizar vigilancia, seguimiento, infiltración y ataques a miembros del COPINH.
- Mariano Díaz Chavéz, oficial de inteligencia de las Fuerzas Especiales Hondureñas y fue quien coordinó con Bustillo la logística e identificación de sicarios para asesinar a la defensora.
- Henry Hernández, militar retirado que seleccionó y dirigió el grupo de sicarios que participaron en el asesinato de la activista.
- Los presuntos sicarios Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Eriberto Rápalo Orellana y Óscar Aroldo Torres Velásquez.