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La CIDH pide separar al Escuadrón Antidisturbios del Ministerio de Defensa para "garantizar" los derechos humanos en Colombia
Casi un mes después de su "visita de trabajo" al país suramericano, el organismo difundió un informe donde se refirió a la "grave violación" de los derechos fundamentales en el contexto de las manifestaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó separar a la Policía colombiana del Ministerio de Defensa para "garantizar" los derechos humanos, tras la "visita de trabajo" que hizo hace casi un mes a Colombia para constatar la situación durante la protestas antigubernamentales que comenzaron el 28 de abril.
En un extenso documento con 187 puntos, entre observaciones y recomendaciones, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo un balance en el que halló discordancias entre la información presentada por el Estado, distintas organizaciones sociales y las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
La finalidad de este informe "contribuir con la consolidación del diálogo" para "la superación de la conflictividad social", que pudo constar el organismo regional durante la visita que hizo del 8 al 10 de junio.
Esta iniciativa generó controversia inicialmente debido a que el Gobierno colombiano, reacio en un primer momento la presencia de la misión e la CIDH en el país, cambió su postura sobre cuándo podría ir la Comisión.
Violación de los derechos humanos
En el texto, la Comisión presenta sus hallazgos sobre "graves violaciones a los derechos humanos" en el contexto de las movilizaciones y "otras situaciones que ponen en riesgo la protesta social".
En cuanto a los antecedentes de esta ola de manifestaciones en Colombia, el organismo habló de un "clima de polarización", de "estigmatización y persistencia de lógicas bélicas", además de un "fenómeno de la violencia" con "impunidad", donde participan diferentes "estructuras criminales" en varios territorios, lo que dificulta "todo esfuerzo de diálogo".
También hizo referencia a la "profunda inequidad en la distribución de la riqueza", el alto índice de pobreza (que llegó a 42,5 % en 2020), y la dificultad del "acceso a derechos económicos, sociales y culturales".
La CIDH identificó como las "principales preocupaciones" el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia basada en condición de género, étnica y racial en el marco de la protesta; además de la ejercida contra periodistas y misiones médicas. Estas denuncias fueron hechas reiteradamente por organizaciones nacionales e internacionales.
Esmad al banquillo
En los testimonios recabados por la Comisión, el cuestionado Escuadrón Móvil Antimotines (Esmad), que forma parte de la Policía Nacional, ha sido señalado de recurrir de "manera consistente" al uso desproporcionado de la fuerza. Distintos sectores de la oposición han pedido su desarticulación desde las protestas de 2019, mientras que el Gobierno anunció que como parte de su transformación policial se buscaría su "profesionalización permanente".
Entre sus recomendaciones, la CIDH pide separar a la Policía y al Esmad del Ministerio de Defensa para "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos", y evite las "perspectivas militares".
Uso desproporcionado de la fuerza
Entre los puntos que este organismo de la OEA considera más apremiantes se encuentra la prohibición "inmediata" del uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de protestas.
La CIDH constató "en reiteradas ocasiones" que la respuesta del Estado para contener la movilización social "se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal". Esta denuncia había sido hecha, a través de videos y numerosos testimonios, por los participantes de las movilizaciones y las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Del mismo modo, la misión que estuvo en Colombia recibió "graves denuncias" sobre el uso "indiscriminado" de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali, epicentro de las manifestaciones.
Otro tema que puso sobre la mesa la CIDH fue la presencia de civiles armados que buscaban "intimidar, agredir y hostigar" a los manifestantes. Uno de los casos con mayor notoriedad fue el ataque contra un grupo de integrantes de la minga indígena que se desplazaba en una caravana por un barrio acomodado del departamento del Valle del Cauca.
Observaciones y cifras divergentes
En el listado de observaciones hechas tras la visita de trabajo a Bogotá y Cali, la CIDH manifestó su preocupación por las "inconsistencias" en las cifras de fallecidos y personas desparecidas registradas por distintos organismos del Estado y las de varias ONG.
El Estado colombiano reportó a la Comisión que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, se realizaron 12.478 manifestaciones. El 89 % de estas acciones de calle (11.060) se desarrollaron sin violencia, mientras que en 1.418, lo que corresponde al 11%, hubo disturbios o acciones violentas donde actuó el Esmad.
La Fiscalía registró hasta el 5 de junio, 51 personas fallecidas. De estas, 21 muertes habrían sucedido en el marco de las protestas, 11 hechos se encontraban en proceso de verificación y 19 ocurrieron en otro contexto.
En cuanto a la data manejada por organizaciones civiles, Temblores reportó 4.687 casos de violencia policial, 73 personas fallecidas, de las cuales, 44 estarían presuntamente relacionados con el accionar de la Fuerza Pública y 29 se encontraban en proceso de verificación.
Del mismo modo, los integrantes de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas denunciaron el fallecimiento de 84 personas. De este número, en 28 estarían involucrados integrantes de la Policía, siete serían atribuibles a personas de civil sin identificar y en 43 casos no identificaron a los autores, mientras que 14 estaban en proceso de verificación.
También hay discordancia entre las personas que sufrieron daños oculares. La Defensoría registró 18, mientras que Defender la Libertad maneja la cifra de 84 casos.
Sobre la violencia basada en el género, se hallaron denuncias sobre actos y violencia sexual cometidos por agentes de las fuerzas del orden contra mujeres, niñas y personas LGBTI.
Asimismo, el organismo recibió denuncias desaparecidos en el marco de la protesta, sobre las que también discordancia en los datos. Mientras la Fiscalía maneja que hay 84 casos, la Defensoría registró 91.
Los bloqueos
Una de los exigencias del Gobierno para sentarse a negociar con el Comité de Paro, que coordinó la movilización, era el cese de los bloqueos de las vías debido a que atentaban contra los derechos fundamentales de la población, según sus argumentos.
Ante la cantidad de actores involucrados y zonas del país donde se obstruyeron las vías, el proceso de despeje fue lento y dependió de diálogos entre las autoridades locales, los manifestantes y otros grupos, por que lo que no se pudo cumplir con ese requerimiento de inmediato.
Debido a las reiteradas condenas por parte de Duque, los miembros del gabinete y los gobernadores y alcaldes, la Comisión instó a evitar el uso de "enfoques generalizantes y prohibitivos" de las formas manifestación.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones que hizo la CIDH en su documento, se encuentran:
- Promover y reforzar, desde el Estado, un proceso nacional de diálogo.
- Respetar y garantizar el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población.
- Promover el estándar interamericano, según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones.
- Ejecutar operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza, de acuerdo a los estándares internacionales.
- Prohibir el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.
- Sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género en las protestas.
- Proveer y coordinar con urgencia programas de reparación integral a las víctimas.
- Garantizar el derecho al debido proceso de las personas que hayan sido detenidas.
- Limitar la asistencia militar en espacios donde puedan actuar los cuerpos de seguridad civiles.
Nathali Gómez
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