Matrimonio igualitario y despenalización del aborto: ¿el inesperado 'legado' que podría dejar Piñera en Chile?

El Congreso chileno avanza en el tratamiento de los proyectos de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto sin causales que, en caso de ser aprobados, representarán una paradoja, ya que son derechos que no se hubiera esperado alcanzar durante el Gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera.

En la recta final de su gestión, el mandatario sorprendió al manifestar su apoyo al matrimonio igualitario, lo que agilizó su discusión. Por el contrario, ha reiterado su rechazo a la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos hasta la semana 14 de gestación sin restricción alguna.

Hasta ahora, está previsto que ambos proyectos sean debatidos en la actual legislatura, antes incluso de las elecciones generales del próximo 21 de noviembre, en las que, además de diputados y senadores, también será elegido el sucesor de Piñera que asumirá el 11 de marzo de 2022.

La iniciativa que está más avanzada es la de matrimonio igualitario, pues el dictamen a favor de que se reconozca este derecho ya fue aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, además de que la de Hacienda avaló el presupuesto de alrededor de 130.000 dólares que se necesitan para adecuar a la nueva norma los sistemas del Registro Civil y de los programas sociales.

Después de esta decisión, ya solo falta que se defina la fecha en que se debatirá en sesión plenaria en el Senado. Si el proyecto es aprobado, pasará entonces para su análisis y ratificación o rechazo a la Cámara de Diputados. El proceso parlamentario podría concluir a más tardar en agosto.

El matrimonio igualitario cuenta, además, con un amplio respaldo social, ya que de acuerdo con una encuesta de la consultora Cadem, el 74 % de la población está a favor de este derecho que, en América Latina, ya rige en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.

Sorpresa

El pasado 1 de junio, al presentar su último informe de Gobierno, que en Chile es conocido como "cuenta pública", Piñera anunció que era el momento de aprobar el matrimonio igualitario, un tema que hasta ese momento no formaba parte del debate público, ya que una iniciativa presentada por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 se mantenía paralizada en el Congreso.

La noticia desconcertó a la sociedad chilena, ya que nadie esperaba que el político de derecha respaldara una reforma largamente impulsada por el progresismo, y que contraviene a sus posturas ideológicas. Una de las explicaciones apuntó a que forma parte de una estrategia para tratar de remontar la debacle de su popularidad, ya que más del 70 % de los chilenos desaprueba su gestión.

Además de que siempre se manifestó en contra del matrimonio igualitario, Piñera provocó extrañeza porque introdujo una nueva discusión, en un año particularmente agitado en el que recién acababan de ser electos los 155 convencionales que redactarán la nueva Constitución.

En ese mensaje, Piñera convocó a profundizar el valor de la libertad, incluyendo la de amar y formar familia con el ser amado."Y también el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país", dijo el mandatario entre aplausos y una generalizada reacción de sorpresa.

El impensado apoyo de Piñera al matrimonio igualitario agita el debate social en Chile en la recta final de su gobierno

La reforma modifica el artículo 102 del Código Civil para que, en lugar de referirse al matrimonio "entre un hombre y una mujer", solo se refiera a "dos personas", lo que pondría fin al Acuerdo de Unión Civil que rige desde 2015 y que permite esta alianza excepcional entre personas del mismo sexo, pero que sigue siendo discriminatoria porque no es equivalente al matrimonio heterosexual.

'No bastan tres causales'

La discusión sobre el aborto es más compleja que la del matrimonio igualitario debido en parte a que, de acuerdo con una encuesta de Cadem publicada a principios de este año, solo el 27 % de las y los ciudadanos están de acuerdo en que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos "por cualquier motivo".  

Sin embargo, las luchas de los colectivos feministas lograron que el pasado 13 de enero la Comisión de Mujeres y Equidad de Géneros de la Cámara de Diputados de Chile comenzara a debatir el proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, sin mayor requisito que la voluntad de la mujer.

En caso de ser aprobado, implicará la modificación del Código Penal que hasta ahora solo reconoce la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, si peligra la vida de la mujer o por inviabilidad fetal.

Estas tres causales fueron aprobadas en 2017, ya que hasta entonces la práctica estaba penalizada por completo, pero el movimiento feminista de Chile considera que son insuficientes porque las mujeres siguen siendo criminalizadas y estigmatizadas cuando quieren ejercer este derecho.

El análisis de la iniciativa en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género ha sido accidentado, ya que en principio había acordado que tendría un dictamen el 21 de abril, pero cuando comenzaron las audiencias, que se llevan a cabo de forma virtual debido a la pandemia, varias diputadas advirtieron que el tiempo de cada reunión resultaba insuficiente para repreguntar a las y los expositores, lo que alargó el debate. Más tarde se impusieron como plazo el 7 de julio, pero nuevamente extendieron la fecha.

Así, hasta ahora se han realizado nueve sesiones en las que se han escuchado posiciones a favor y en contra en una veintena de exposiciones por parte de profesionales de la salud, representantes de la academia, del Poder Judicial, instituciones y organizaciones no gubernamentales.

Aunque todavía no hay una fecha para emitir el dictamen que se someterá a la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados, el proceso parlamentario debería culminar antes del 21 de noviembre, ya que en esa fecha se renovarán las 155 bancas de Diputados y 27 senadores.

Cecilia González