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Diputados peruanos analizan un polémico proyecto para permitir la minería en ríos (a pocos días de dejar sus bancas)

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Los actuales legisladores deben abandonar el Congreso a fines de julio, con el cambio de gobierno. A contrarreloj, se intenta avanzar con una normativa muy resistida por ambientalistas.
Diputados peruanos analizan un polémico proyecto para permitir la minería en ríos (a pocos días de dejar sus bancas)

El Congreso de Perú está analizando una serie de controvertidos proyectos de ley que, en caso de aprobarse, abrirían el paso a la minería en los cauces de ríos y al uso de herramientas "de fabricación artesanal" para la extracción de oro y otros minerales, algo muy cuestionado por los defensores del medio ambiente y hasta por el propio Gobierno andino, que ya se manifestó en contra.

En concreto, se trata de nueve textos que se fueron acumulando desde el 2017, pero en medio del repudio de movimientos sociales, renuncias o destituciones de presidentes y hasta una disolución del Congreso, los polémicos cambios en la regulación de la actividad extractiva todavía no fueron aprobados. Ahora, los diputados que promueven las modificaciones afrontan una carrera contra el tiempo porque saben que en pocos días deberán abandonar sus bancas para darles lugar a los nuevos legisladores, que ocuparán sus escaños el 27 de julio con la llegada del nuevo Gobierno. En Perú, el Poder Legislativo es unicameral y la reelección de congresistas está prohibida.

Poca revisión

De forma reciente, la Comisión de Energía y Minas recibió todos los proyectos y elaboró un cuestionado dictamen que valida el uso de bombas de succión y equipos destinados a la pequeña minería: "Balsa gringo, balsa traca, carancheras y cascajeras", se lee. También permitiría mangueras con hasta diez pulgadas de diámetro. Aunque esto no se use en emprendimientos a gran escala, los ambientalistas afirman que puede causar graves daños en la naturaleza, además de facilitarle las cosas a la minería ilegal, uno de los grandes flagelos del país sudamericano.  

Además, ocho de los nueve proyectos no fueron evaluados por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, pese a ser temáticas de su incumbencia. Igualmente, más allá de la manifiesta intención de querer apresurar el trámite legislativo, es muy posible que no den los tiempos para someter las discutidas normativas a una votación y convertirlas en ley, al menos en este período de sesiones. "Pero, nada quita que el nuevo Congreso retome estos proyectos", advierte Jean Pierre Araujo, referente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Para el entrevistado, estos textos fueron presentados bajo el argumento de querer mejorar el mecanismo de "formalización", es decir, la regularización de los pequeños mineros que actúan en la informalidad. Sin embargo, "se proponen medidas que tienen bombas específicas para minar el proceso", asegura. Se trata de un sistema que se aplica hace unos 11 años, aunque Araujo reconoce que todavía hay muchos individuos sin normalizar y que el programa no fue lineal.

"A lo largo de distintos gobiernos, con Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti, y diversos congresos, ha habido un trabajo intenso para proponer reformas al respecto", repasa. Sobre ello, el director de Justicia Ambiental en el SPDA remarca que, en más de una oportunidad, hubo "congresistas vinculados a la minería ilegal", que intentaron flexibilizar los sistemas de control.

"Donde había una fuente de agua, queda una mata de barro contaminado"

Actualmente, la minería aluvial está prohibida en esa nación latinoamericana, pero ocurre. "Se busca extraer oro en el cauce de los ríos, generalmente mediante el uso de mercurio", explica el experto. Y agrega: "Al ser ilegal o informal, no hay controles previos de impacto ambiental ni tampoco algún tipo de monitoreo sobre el uso de estos químicos nocivos, que luego son desechados, afectando el agua".

Asimismo, aunque el reciente dictamen de la Comisión de Energía y Minas estipule la prohibición de químicos para extraer oro junto a los ríos, los antecedentes de falta de fiscalización hablan por sí solos.

En estos años, gracias a la presión de los ambientalistas, se había logrado erradicar el uso de herramientas, como dragas, motobombas o carrancheras, "que en distintas magnitudes, son como aspiradoras que descartan sedimentos". Araujo, quien estudia estos temas hace tiempo, afirma: "Donde había un río, un riachuelo o fuente de agua, queda una mata de barro, contaminado con metales pesados". Por eso, para los detractores de las propuestas legislativas estas normativas flexibles son peligrosas, ya que abren la puerta al uso de herramientas de alto impacto ambiental.

Zona gris

El último proyecto de ley, presentado por un congresista de Somos Perú, Mariano Andrés Yupanqui Miñano, plantea cambiar el término "minería informal" por "minería de emprendimiento" en la legislación local. Para la SPDA, es un claro intento por reducir los controles e incluir en el sistema a los pequeños mineros que inicien el proceso de formalización, aunque no cumplan con los estándares mínimos.

Es que, entre la minería legal e ilegal hay una zona gris, que está devastando los ecosistemas peruanos: "Cuando hablamos de minería artesanal, debería ser de bajo impacto. El uso de maquinaria de alta inversión tendría que ser mínima. En el caso de Perú, habíamos llegado al colmo. Bajo estos pequeños mineros, usaban maquinaria pesada para remover el cauce del río. Es decir, cambiaban la dirección de los ríos, causando inundaciones, contaminación y pérdida de bosques".

Además de los daños al medio ambiente, Araujo destaca otras consecuencias sociales que hay detrás del negocio: "Genera situaciones de violencia, por la presencia de invasores, crimen organizado, sicariato, secuestro y extorsión".

El foco de la cuestión radica en cómo se identifica a cada emprendimiento extractivo según su magnitud. La lógica es sencilla: cuanto más pequeño sea el proyecto, los requisitos estatales serán proporcionalmente menores. "El gran problema de este sector es que nunca tuvo mecanismos de control fuertes", señala. Sobre este punto, ejemplifica: "Para calificarte como minería artesanal, depende del rango del área que solicitas. Puedo solicitar un área pequeña, pero lo hago con 20 amigos. Yo soy el titular de solo un sector, y mis 20 amigos los testaferros". Esta práctica era muy habitual en los 90.

Sobre ello, el entendido afirma que "la minería no llegó de la noche a la mañana a la Amazonía". Y finaliza: "El Banco Minero, que ya quebró, daba créditos como promoción de la actividad. La subida del oro a partir del 2000 y la ampliación de la estructura vial, específicamente en el departamento de Madre de Dios, le abrió el camino a otras personas para que puedan instalarse y hacer minería ilegal".

Entre tanto, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, ya dio su opinión sobre las leyes que se analizan en el Poder Legislativo: "Minería en ríos y otros cuerpos de agua está prohibida en Perú, pero algunos congresistas quieren favorecer esa destrucción aprobando un dictamen nefasto para el futuro del país. Llamamos, nuevamente, a la sensatez y a evitar facilitarle las cosas a la economía ilegal".

Leandro Lutzky

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