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Más violencia y violaciones de derechos humanos: los trágicos resultados de la exportación de armas de Israel, EE.UU. y Europa a México

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La demanda del Gobierno mexicano contra firmas estadounidenses desató un debate sobre este lucrativo negocio.
Imagen ilustrativa

La venta de armas de empresas de EE.UU., Europa e Israel a México, que se intensificó con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, solo sirvió para incrementar la violencia y las violaciones a los derechos humanos y no representaron, en ningún caso, mayor seguridad para la ciudadanía, lo que se suponía era su principal objetivo.

Esta es la conclusión central del informe "Comercio Mortal: Cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México", que fue realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Ecuménicos y otras organizaciones no gubernamentales de EE.UU., Bélgica, Italia, Israel, Alemania y República Checa.

El documento, que fue presentado a finales del año pasado, adquiere relevancia en medio del debate que desató la histórica decisión del Gobierno mexicano de demandar a 11 empresas fabricantes y distribuidoras de armas de EE.UU., a las que acusa de promover prácticas que facilitan el tráfico ilegal a México.

El resultado más preocupantes es que miles de armas terminan en manos de los cárteles, como lo demuestran los decomisos anuales, y que las fuerzas Armadas y de Seguridad terminan usándolas para cometer masacres y violar derechos humanos.

De acuerdo con el informe, el problema no es solamente el tráfico ilegal, sino la exportación legal porque, entre más armas tienen las fuerzas Armadas y de Seguridad, mayor es la violencia.

Cifras del horror

El documento precisa que empresas con sede en Europa e Israel exportaron más de 238.000 armas de fuego a México para el uso de la policía estatal y municipal entre 2006 y 2018, es decir, desde que el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, hasta que terminó el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante ese periodo, señala, la violencia aumentó drásticamente. Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que en 2007, por ejemplo, hubo 8.867 asesinatos, pero en 2018 llegaron a los 35.964.

Durante este periodo, las armas se vendieron a la Policía en los 32 estados de México. El 95 % está destinada a uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ya que la venta legal de armas a civiles está restringida.

"Estas transferencias de armas no condujeron a una mayor seguridad para la población mexicana", subraya el Informe, ya que México sufrió más de 276.000 asesinatos entre 2006 y 2019.

Además, las fosas comunes se convirtieron en algo cotidiano. Las autoridades han informado de 3.631 hallazgos desde 2006, mientras que el número de desaparecidos ya supera los 80.000. En noviembre de 2020 había más de 37.000 cadáveres siguen sin identificar.

La violencia, denuncia, ha desplazado por la fuerza a más de 346.945 personas de sus comunidades desde 2006, mientras que los homicidios con armas de fuego es el que más ha crecido en México desde 2007, tanto en hombres como en mujeres. Hoy representan el 70,8 % de los homicidios dolosos.

En 2018, además, seis de cada 10 mujeres asesinadas lo fueron con un arma de fuego: las matan a balazos. Es una de las principales facetas de los feminicidios.

La información recabada por las organizaciones señala que los homicidios con armas de fuego aumentaron más de seis veces con respecto a 2006. En 2019, ya había una alta tasa de más de 19 homicidios por cada 100.000 personas, lo que implica que en 2019 se cometieron más de 24.000 asesinatos con armas de fuego, la cifra más alta desde que se comenzaron a llevar registros en 1997.

Por otra parte, en 2018, de los 18,9 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban un arma de fuego en casi uno de cada tres.

Masacres

El informe recuerda que los defensores de la estrategia de seguridad militarizada suelen tratar de justificar la venta de armas a la policía en México como algo 'necesario' para luchar contra los delitos violentos.

"Sin embargo, las y los mexicanos tienen menos confianza en la policía, que los residentes en casi todos los demás países del mundo estudiados por la organización Transparencia Internacional. La seguridad tampoco ha mejorado con el traslado de responsabilidades en materia de seguridad pública hacia el Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional militarizada", advierte.

También explica que, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, las armas de fuego se utilizan como instrumentos para facilitar la comisión de ejecuciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, agresiones sexuales y desplazamientos forzados.

"Esto significa que las violaciones de los derechos humanos pueden implicar el uso indebido de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. Así pues, el Estado debe velar por el uso adecuado de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a fin de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de la población", reclama.

El Informe subraya que las policías locales de México han cometido graves violaciones de los derechos humanos, incluidas un gran número de desapariciones forzadas.

Por mencionar algunos ejemplos: en Coahuila, durante 2011, alrededor de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas por el cártel de los Zetas en una acción de venganza. El cártel ordenó a la policía municipal que no interviniera. El evento, conocido como La Masacre de Allende (porque ocurrió en el municipio de Allende), tuvo lugar durante cinco días e involucró a otros tres municipios cercanos.

Aunque los residentes hicieron numerosos llamados de ayuda, ninguna autoridad local o estatal respondió.

En Veracruz, al menos 202 personas fueron desaparecidas por agentes de la policía estatal durante el mandato del ahora acusado exgobernador Javier Duarte, y se han documentado hechos similares en estados como Nuevo León y Zacatecas.

Uno de los casos que tuvo mayor repercusión internacional fue la persecución, masacre y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en donde la Policía utilizó fusiles de asalto exportadas por el grupo italiano Beretta y rifles G-33 provenientes de Alemania.

¿De dónde vienen?

De acuerdo con el Informe, más de la mitad de las armas de fuego vendidas a la policía mexicana, entre 2006 y 2018, procedían de solo dos empresas de armas: Beretta, con sede en Italia y una filial en EE.UU., que vendió 108.660 unidades, incluyendo rifles y otras armas largas; y Glock, de Austria y que también opera desde EE.UU., que exportó 68.319 pistolas.

A partir de 2006, la policía mexicana también obtuvo 24.280 armas de Israel; 22.221 de Alemania; 7.904 de República Checa, 4.168 de Turquía; 1.063 Bélgica y cantidades menores de España, Finlandia y Suiza.

En conjunto, las empresas europeas e israelíes exportaron suficientes armas de fuego para casi todos los policías estatales y municipales de México en el periodo 2006-2018.

Por otra parte, la mayoría de las principales empresas de armas de fuego europeas e israelíes también han establecido plantas de fabricación de armas en EE. UU., desde donde venden hacia México.

Entre ellas están Beretta (Italia), Glock (Austria), FN Herstal (Bélgica), Sig Sauer (Alemani), I.W.I. (Israel), Ceska Zbrojovka (República Checa), Heckler & Koch (Alemania) y Walther (Alemania).

Estas empresas venden a los enormes mercados civiles y policiales de EE.UU., pero también aprovechan las leyes de exportación de armas de ese país, que son menos restrictivas que las de Europa.

Se ha demostrado que, gracias a la faltad de controles, miles de armas producidas por empresas europeas que se venden a particulares en el mercado minorista de EE.UU., se trafican a través de la frontera con México para ser entregadas a las organizaciones criminales, lo que explica que el 70 % de las armas decomisadas provengan de ese país.

Por eso, la demanda de México abarca a varias de las empresas europeas radicadas en EE.UU., como Beretta y Glock, además de las estadounidenses Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company,  Sturm, Ruger & Co. y los distribuidores Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.

Cecilia González

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