La Lista del Pueblo representaba una de las principales organizaciones políticas emergentes surgidas del estallido social de 2019. Estaba formada por líderes sociales independientes que denostaban a los partidos tradicionales y prometían honestidad, congruencia y renovación. Y sorprendieron al ganar 26 bancas en la Convención Constituyente que se definió en las históricas elecciones de mayo pasado.
Pero después de ese inesperado triunfo, comenzó una debacle. En las últimas semanas, la catarata de escándalos de este movimiento de izquierda se coronó con la desconcertante confesión de uno de sus integrantes: Rodrigo Rojas Vade, vicepresidente de la Convención Constituyente, renunció a su cargo luego de reconocer que durante años había fingido un cáncer.
La noticia sorprendió por completo a la sociedad chilena, ya que el activista de 37 años se había granjeado altos niveles de simpatía al participar en las movilizaciones de fines de 2019 que pusieron en jaque al Gobierno de Sebastián Piñera y que desembocaron en un plebiscito para que la ciudadanía decidiera si quería una nueva Constitución y, luego, en la elección de las y los 155 convencionales.
Rojas Vade ganó notoriedad en las marchas con su cabeza pelada, producto, según él, de los tratamientos contra el cáncer. Su popularidad creció hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la Lista del Pueblo, el movimiento creado por dirigentes que decidieron aglutinarse para participar de manera formal en la vida política chilena.
Por eso logró ser elegido como uno de los siete vicepresidentes de la Convención Constituyente que se instaló a principios de julio y que es presidida por la intelectual mapuche Elisa Loncon.
Ahora será investigado y su incipiente carrera política está terminada. Tanto como la credibilidad de la Lista del Pueblo, que enfrenta un éxodo masivo de militantes que ya no quieren quedar ligados a un movimiento que ilusionó y decepcionó en muy poco tiempo.
Porque este no fue el único escándalo, y una de las consecuencias más graves es que la derecha está utilizando el desprestigio de la Lista del Pueblo para desacreditar por completo el trabajo de la Convención Constituyente, como ya lo denunció el alcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial, Daniel Jadue.
Irregularidades en el financiamiento
El financiamiento de varias de las campañas de los militantes de la Lista del Pueblo que se postularon a convencionales constituyentes está bajo investigación del Servicio Electoral (Servel), ya que varios candidatos emitieron facturas de gastos a sus propios familiares. Se trata de millonarios recursos públicos.
Una de las principales alertas fue que Miriam Parra, una dirigente que asesoró diversas candidaturas, cobró diferentes honorarios a pesar de haber realizado el mismo trabajo, lo que motivó su expulsión y la del excandidato Ricardo Mahnke, de quien incluso fue jefa de campaña.
Hay otros casos de excandidatos a convencionales que emitieron facturas a hermanos, primos, tíos, cuñados, esposos, sobrinos o nueras, pero uno de los que más llamó la atención fue el de la activista ecologista Soledad Mella, ya que, en medio de las denuncias por estas irregularidades, también se postuló como precandidata presidencial con miras a las elecciones generales del próximo 21 de noviembre.
Este proceso terminó de evidenciar la desorganización y fracturas que tenía la Lista del Pueblo, ya que se realizó de una manera totalmente desaseada.
El pasado 6 de agosto Cristian Cuevas, un reconocido líder sindical de larga trayectoria en partidos de izquierda, fue elegido como candidato en una votación interna en la que participaron 73 militantes, pero la decisión fue impugnada de inmediato por otros dirigentes que advirtieron que tan pocas personas no podían designar a un presidenciable, y que lo mejor era realizar una elección interna en la que interviniera la sociedad a través de patrocinios (firmas) recolectadas de manera formal en la página del Servicio Electoral.
La postulación de Cuevas quedó invalidada y, aunque siguió su campaña de manera independiente, no se pudo registrar porque no consiguió las 34.000 firmas que exigía el Servicio Electoral.
El escándalo de las firmas falsas
El 12 de agosto, la Lista del Pueblo anunció que sus tres precandidatos presidenciales eran los mapuches Ingrid Conejeros y Diego Ancalao y la activista Soledad Mella, pero en realidad esta última inclusión era más bien simbólica, ya que ella no hizo campaña alguna porque en ese momento se había destapado el escándalo de las anomalías en sus reportes de gastos.
Mientras tanto, los pleitos internos y la suspensión de la candidatura de Cuevas ya habían provocado renuncias en cascada de militantes de la Lista del Pueblo, que hoy ya quedó dividida en varios sectores.
Y todavía faltaba otra controversia que desató tanto indignación como burlas. Finalmente, Ancalao fue designado como su candidato presidencial y el 23 de agosto, horas antes de que venciera el plazo, logró registrarse ante el Servel.
El problema es que lo hizo con miles de firmas falsificadas, ya que las autoridades electorales rechazaron su postulación al descubrir que 23.135 patrocinios habían sido certificados por el notario público Patricio Saldívar durante los últimos meses, lo que era imposible, ya que su notaría dejó de funcionar en 2018 y él falleció en febrero pasado.
"Ha sido una noticia demoledora (...) este es el fin de mi carrera política", afirmó el fallido candidato en una entrevista con CNN en la que aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia para demostrar que él no fue el responsable.
Pero el daño ya estaba hecho. La Lista del Pueblo se quedó sin candidato presidencial. Para peor, días después Rojas Vade confesó que nunca había tenido cáncer. Y la pregunta que recorre ahora Chile es si a la Lista del Pueblo todavía le quedarán nuevas polémicas para ofrecer.
Cecilia González
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