La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró este viernes que la persecución del empresario y diplomático venezolano Alex Saab está "políticamente motivada".
La vocera indicó que, tras la detención de Saab en Cabo Verde, "Washington ha ejercido una fuerte presión sobre las autoridades caboverdianas y el sistema judicial de ese país en un esfuerzo de lograr su extradición". "Calificamos de políticamente motivado el procedimiento penal de Saab, que tiene estatus diplomático y cumplía una misión humanitaria", destacó.
Zajárova declaró que hay "una clara proyección de la línea para 'terminar' el caso Saab y vincularlo al actual proceso de diálogo en México". De acuerdo con sus palabras, Washington "básicamente trata de usar a Saab como una palanca de presión adicional" sobre las autoridades venezolanas mientras los enviados del Gobierno y la oposición venezolana abordan las cuestiones importantes. "Vemos en esto una seria amenaza para los esfuerzos de los partes para elaborar caminos mutuamente aceptables para el desarrollo ulterior de ese país", reiteró.
Además, la portavoz hizo hincapié en que Rusia, que desempeña el papel de mediador en el diálogo interno venezolano, llama a la comunidad internacional a promover la creación de un ambiente favorable y constructivo. Al mismo tiempo, expresa preocupación por acciones de algunos actores exteriores que "crean riesgos de socavar la frágil confianza" alcanzada entre los participantes en las negociaciones.
El caso Saab
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020, mientras hacía una parada técnica —para recargar gasolina— en Cabo Verde, pese a su condición diplomática de enviado especial de Venezuela. Su destino era la capital iraní, Teherán.
En enero de este año se le concedió arresto domiciliario, mientras era analizado su proceso de extradición a EE.UU. El Tribunal Constitucional de Justicia de Cabo Verde autorizó este martes la extradición de Saab a EE.UU., donde es reclamado por un presunto delito de blanqueo de dinero.
Saab fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., en julio de 2019, por supuestamente tener "contratos sobrevalorados" para la construcción de viviendas de interés social en Venezuela, y por permitir que Maduro se "beneficiara significativamente" de la importación y distribución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un mecanismo estatal que ha sido clave para la compra de rubros de primera necesidad, en medio de las sanciones económicas.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela sostiene que el presunto entramado judicial es una pieza más de las agresiones de Washington contra el país sudamericano. En este sentido, Saab denuncia que todo el proceso en su contra "tiene una motivación política", que es "derrocar al presidente Maduro y poner a Venezuela de rodillas".