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La Justicia de EE.UU. dictamina que el expresidente peruano Alejandro Toledo puede ser extraditado a su país
El exmandatario está acusado de aceptar un soborno de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
La Justicia de EE.UU. emitió un fallo este martes que habilita la posible extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo. El exmandatario se encuentra detenido en ese país desde julio de 2019, como acusado de aceptar un soborno de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht durante su mandato (2001-2006).
Según informaron medios locales, el juez de California Thomas Hixson consideró que la evidencia presentada por el Estado peruano es suficiente para establecer que Toledo habría cometido el delito de lavado de activos y colusión, y por ende ordenar su extradición.
"La Corte certifica a la Secretaría de Estado que la evidencia de criminalidad es suficiente para sustentar los cargos bajo el tratado (de extradición) de EE.UU. con Perú", señala el documento de la sentencia.
El pasado viernes, Toledo compareció en la audiencia de pedido de extradición por parte de Perú y, frente al magistrado Hixson, se declaró inocente y aseguró que los dos testigos que lo vincularon con los sobornos de la constructora Odebrecht, lo hicieron a cambio de beneficios procesales.
Tras el fallo de la Corte del Distrito Norte de California, la decisión de extraditar o no al acusado recaerá en manos del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. De ser regresado a Perú, Toledo seguirá de cerca el juicio en su contra que se desarrolla en ese país.
El expresidente reside en EE.UU. desde 2017, y el Estado peruano solicitó dos años más tarde su extradición. Desde julio de 2019, el político de 75 años está bajo arresto domiciliario.
Toledo está involucrado en el llamado caso Ecoteva, una trama de corrupción en la que el Poder Judicial peruano "detectó una ruta de dinero con cuentas 'offshore' en Panamá y costa Rica", que llegaron a Perú para la compra de inmuebles.
En ese marco, de acuerdo a la acusación del equipo especial Lava Jato, el exmandatario habría recibido sobresueldos de hasta 35 millones de dólares durante su gobierno para favorecer a las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa con unas licitaciones de la ruta Interoceánica, caso por el que ya pesa sobre él una orden de extradición.
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