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¿Estancamiento o replanteamiento del escenario? Las dificultades (y boicots) que atraviesa el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición
Si la oposición no coadyuva a la normalización económica, entonces el Gobierno tampoco lo hará en lo referente a la normalización política.
Han sido muchas las dificultades –o boicots, para decirlo más precisamente– ocurridos de forma previa a la tercera ronda de negociaciones en México entre el Gobierno de Venezuela y la oposición.
Primero, los tribunales de Cabo Verde amenazaron con una inminente extradición de Alex Saab a EE.UU. Luego, el Gobierno de Colombia intenta apropiarse de la empresa venezolana Monómeros mientras su presidente, Iván Duque, rechaza abiertamente el diálogo en México. Después, la primera ministra noruega, Erna Solberg, cuyo país es el facilitador de las conversaciones, lanza un discurso en la Asamblea General de la ONU donde parcializa su posición aduciendo preocupación por los derechos humanos en Venezuela. El embajador de EE.UU James Story hacía lo propio desde Colombia.
Podríamos decir que todos estos obstáculos del diálogo tienen una causa, un tronco común: son las reacciones lógicas de los aliados a la política de Trump sobre Venezuela.
En el caso de Duque porque le favorece la inestabilidad en Venezuela, especialmente para quedarse con Monómeros, una empresa Venezolana productora de fertilizantes y otros derivados del petróleo, asentada en Colombia. En el caso de la primera ministra noruega, de un partido de derecha, porque perdió las elecciones, va de salida y decidió lanzar una última piedra. Y el tribunal de Cabo Verde debido a las presiones e incentivos que recibe desde la captura del empresario colombiano y diplomático venezolano.
Todos estas posturas son resortes del trumpismo que no terminan de adaptarse al nuevo escenario de menor presión que ha venido insinuando el Gobierno del presidente Joe Biden en torno a Venezuela.
Es lógico que el Gobierno venezolano espere que los verdaderos actores políticos detrás de la oposición –EE.UU. y también Europa– entren de manera directa en la negociación y cedan en materia de sanciones, bloqueos y congelaciones de cuentas.
A pesar de todos los obstáculos, los actores del diálogo se han sentado nuevamente en México durante el pasado fin de semana. Sin embargo, el diálogo, en esta ocasión, no consiguió resultados importantes a favor, como había ocurrido en las dos rondas anteriores.
El Gobierno busca más señales de la oposición
Lo que puede interpretarse de los tímidos avances en materia de negociación en esta tercera ronda es que el Gobierno venezolano considera que ya ha cedido lo suficiente y espera que su contraparte ofrezca señales más claras. El punto más importante está relacionado con el bloqueo financiero y la necesidad de nuevos ingresos, como el giro del Fondo Monetario Internacional, por 5.000 millones de dólares, que corresponden a Venezuela pero que no fluyen debido a que el ente financiero no reconoce al Ejecutivo de Nicolás Maduro. Además, están los recursos venezolanos congelados en varios países como Portugal y Reino Unido.
El Gobierno venezolano siente que ya ha dado señales importantes a la oposición: 1.- habilitando a diversos políticos opositores en el exilio para que lancen sus candidaturas, y hoy se encuentran en campaña en sus territorios; 2.- anunciando la eliminación de los protectorados, especies de gobernaciones paralelas que montó en los estados donde ganó la oposición; y 3.- devolviendo la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición de partidos opositores, que se encontraba inhabilitada y ganó las elecciones parlamentarias de 2015.
En esta tercera ronda, en la que se iba a discutir el difícil tema del sistema de justicia, donde se supone se pondrían sobre la mesa desde las inhabilitaciones que aún quedan hasta la libertad de los políticos presos, es de suponerse que el tema económico sobresalió e impidió un nuevo acuerdo parcial.
Es lógico que el Gobierno venezolano espere que aquellos a los que considera los verdaderos actores políticos detrás de la oposición –principalmente EE.UU., pero también Europa– entren de manera directa en la negociación y cedan en materia de sanciones, bloqueos financieros y congelaciones de cuentas. Si no hay muestras de los países sancionadores de manifestar alguna señal al Ejecutivo venezolano que genere confianza, es posible que las negociaciones estén en tremendo riesgo.
Por un lado, el Gobierno venezolano parece no querer ceder en nuevas demandas si no hay indicios de querer destrancar el tema de las sanciones. Por el otro, la oposición no puede hacer nada por cuenta propia debido a que las sanciones son hechas por 'terceros'.
Así, pareciera que si no se mueve la mata del lado del Gobierno estadounidense, o quizás el europeo, y empiezan a buscar vías de financiamiento sea en forma de ayuda humanitaria, financiamiento, giro del FMI, reducción de sanciones sobre PDVSA, descongelamiento de cuentas, etc., entonces la mesa de diálogo se irá convirtiendo en un escenario declarativo, simbólico, pero sin efectuar reales cambios que favorezcan la normalización política y económica del país.
Para decirlo en otras palabras, si la oposición no coadyuva a la normalización económica, entonces el Gobierno tampoco lo hará en lo referente a la normalización política.
No hay que engañarse entre florituras, la oposición tiene que responder por los efectos del bloqueo financiero y agilizar con los nuevos actores claves dar una respuesta si quieren destrancar el juego.
Por eso, aparte de temas simbólicos, como el rechazo a la instigación contra venezolanos en Chile y el enfoque de género que se firmó en mutuo acuerdo la tarde del lunes, lo único que podría rescatarse como avance central de esta nueva ronda es que la oposición se compromete a hacer lo que ya había prometido: "Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones con diversos actores políticos y sociales –nacionales e internacionales– para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda de manera incluyente instalarse", reza un comunicado.
No hay que engañarse entre florituras, la oposición tiene que responder por los efectos del bloqueo financiero y agilizar con los nuevos actores claves dar una respuesta si quieren destrancar el juego.
Ya en junio, el propio Gerardo Blyde, vocero de la delegación opositora, fue comisionado por Juan Guaidó para realizar un viaje a EE.UU y Europa con el fin de presentar la vía negociada a sus aliados, según trascendió en distintos medios, para consultarles sobre el diseño de un "esquema" para el eventual levantamiento de las sanciones. Nunca se supo de algún resultado concreto de esa comisión.
¿División definitiva en la oposición?
El estancamiento del dialogo que se notó en esta tercera ronda en México puede afectar de manera significativa el ambiente electoral del 21 de noviembre, día en que se elegirán todos los gobernadores y alcaldes del país. Y ello afecta especialmente a la oposición, ya que las negociaciones no han producido los acuerdos necesarios para crear condiciones electorales, sobre todo en lo relacionado a las inhabilitaciones, debido a que quedan varios potenciales candidatos de oposición que están impedidos de participar.
La oposición vuelve a las urnas en condiciones de desventaja, entre otros, por el abstencionismo que proclamaron en anteriores comicios los dirigentes opositores de sus bases y que ahora queda como secuela. Y también se presenta una situación que, con un conjunto de dirigentes que vienen del exilio haciendo campaña en las calles y en los medios, va mostrando más la división interna profunda en la oposición.
Es decir, mientras varios personajes del gabinete de Guaidó están haciendo campaña en las calles, como su 'embajador' en Colombia, Juan Pablo Guanipa, o su 'representante en asuntos de migración', José Manuel Olivares, entre otros, los líderes nacionales de los partidos, como Julio Borges, Leopoldo López o el propio Guaidó, están ignorando o rechazando públicamente el camino electoral y, por ello, sumando abstención.
Es en ese contexto en donde surge el comunicado de Primero Justicia, que es el principal partido que apoya a Guaidó y que de alguna manera ha terminado de deslindarse del interinato. De esta manera, podríamos estar en presencia de una división ya definitiva en la oposición propiamente 'guaidocista'.
La oposición vuelve a las urnas en condiciones de desventaja, entre otros, por el abstencionismo que proclamaron en anteriores comicios los dirigentes opositores de sus bases y que ahora queda como secuela.
Esta semana, el partido Primero Justicia publicó una declaración donde se deslinda de las acciones que ha tomado Guaidó, a quien ya no llama presidente, en torno a los activos de Venezuela que diversas administraciones extranjeras (como EE.UU., en el caso de Citgo; Colombia, en el de Monómeros; y Reino Unido, en lo relacionado al oro venezolano bloqueado) están codiciando.
Del comunicado se desprende que el partido, encabezado por Julio Borges, quién funge de 'canciller' del interinato (aunque después de este documento suponemos que no seguirá siendo así), tuvo un destello de nacionalismo de último minuto y trató de "salvar" las empresas venezolanas, una vez están siendo apetecidas por los acreedores y buitres, aunque siempre planteando traspasarlas a las multilaterales.
Esta situación en Primero Justicia, debido al caso Monómeros, afecta también de manera directa a otro partido que conforma el denominado G4, instancia que agrupa a los partidos políticos que conforman el sector radical. Se trata de Un Nuevo Tiempo (UNT), quien tenía participación importante en la empresa. Así, la decisión de PJ implica una crisis en el equipo de Guaidó, ya que se queda sin el principal partido que lo acompañaba y termina de triturar la unidad del G4 que, durante la retirada de la vía insurreccional de estos últimos meses, había procurado presentarse con cierta unidad.
La conclusión es que si la oposición no da pasos para avanzar en el diálogo en México, irá muy debilitada a las elecciones del 21 de noviembre y será muy factible o que se retire antes de esa fecha o que consiga un pobre resultado, con el consecuente fortalecimiento del partido de Gobierno, que aseguraría una sólida mayoría territorial hasta el 2025.
Ociel Alí López
Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
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