Aumentan a 118 los muertos en la masacre carcelaria en Ecuador
El pasado martes se registró la peor masacre carcelaria de Ecuador, con un saldo de 116 muertos y alrededor de 80 heridos.
Los hechos violentos tuvieron lugar en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, también conocido como Penitenciaría del Litoral o 'La Peni', en la provincia de Guayas.
Este motín fue el tercero de gran magnitud registrado en 2021 en las prisiones de Ecuador, donde ya han muerto más de 230 personas en lo que va de año. El primero tuvo lugar el 23 de febrero, cuando enfrentamientos simultáneos en varias cárceles dejaron 79 reos asesinados, convirtiéndose entonces en la peor masacre carcelaria del país.
El 21 de julio, hubo amotinamientos en los Centros de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi N° 1, en la región Sierra del país, y en Guayas N° 1. En esa oportunidad murieron 27 reclusos.
Con los 116 muertos, además, el reciente motín se ubica como la quinta peor masacre carcelaria de América Latina, superada por el incendio en la Granja de Comayagua de Honduras en 2012, que dejó 361 muertos; un motín en tres prisiones de Perú en 1986 con 250 víctimas fatales; el incendio en 2005 en la prisión de Higüey de República Dominicana, con 135 fallecidos; y el amotinamiento en 80 cárceles de Brasil en 2006, con 133 víctimas.
Las bandas en disputa
En el origen de este motín se han identificado dos causales. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) señaló que se debió a "enfrentamientos entre bandas delictivas", mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que también fue motivado por la intención de las autoridades de trasladar a cabecillas de las pandillas a otros centros penitenciarios.
En el país se han identificado al menos seis bandas que se disputan el control de los centros carcelarios en el territorio nacional, que son: Los Choneros, Pipos, Tiguerones, Chone Killers, Lagartos y Los Lobos.
Cuando ocurrieron los amotinamientos simultáneos de febrero, el entonces director de la SNAI, Edmundo Moncayo, dijo que las disputas comenzaron tras la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', quien era el líder de Los Choneros y fue asesinado el 28 de diciembre de 2020 por un sicario, en un centro comercial de Manta, ciudad costera donde residía.
Hasta entonces, Los Choneros mantenían el control al interior de las prisiones y tras la muerte de alias 'Rasquiña', el resto de las bandas han buscado tomar ese liderazgo en las cárceles que consideran vacante.
En la reciente masacre en 'La Peni', según medios locales, estarían involucrados Los Lobos, Tiguerones y Los Choneros.
De acuerdo con el medio local Primicias, el nuevo enfrentamiento se dio tras la celebración del cumpleaños de alias 'Junior', uno de los líderes de Los Choneros. La fiesta se realizó en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría del Litoral y, mientras celebraban, la banda envió el mensaje a sus contrincantes de que ellos tenían el poder en el reclusorio.
El alarde desató la furia de Los Tiguerones y Los Lobos, cuyos líderes estarían a punto de ser reubicados en otras prisiones. Entonces, hubo ataques a los pabellones 1 y 3, donde fueron decapitadas cinco personas —seis en total según la FGE—; también se registró el lanzamiento de una granada en el sector 5, donde fueron asesinadas 19 personas. Ante esto, Los Choneros respondieron también con armas.
Según el SNAI, los enfrentamientos comenzaron a las 09:30 del martes y alrededor de las 14:00 se logró retomar el control de la prisión por parte de las autoridades. Ese día informaron de 24 muertos, luego la cifra subió a 30 y posteriormente a más de 100, con el hallazgo de más de setenta cadáveres en los pabellones el miércoles, algunos mutilados.
El exdirector de inteligencia militar, coronel Mario Pazmiño, dijo, en entrevista con AP, que la disputa entre las bandas es por el control territorial tanto dentro como fuera de las cárceles, para dominar las actividades de narcotráfico y microtráfico de drogas.
Además, apuntó que las pandillas locales responden a organizaciones delictivas internacionales, concretamente a dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG). "El crimen organizado transnacional ha permeado la estructura del Estado", enfatizó.
"Evitar que estos hechos se repitan"
Aunque el mismo martes se había dicho que la situación estaba controlada, a las 19:00 horas del miércoles, el presidente del país, Guillermo Lasso, admitió que eso aún no ocurría. Señaló entonces que la Policía seguía tratando de ingresar a los pabellones.
La respuesta del mandatario ante estos hechos violentos fue decretar un estado de excepción —medida similar a la adoptada por su antecesor Lenín Moreno en 2019 y 2020— por 60 días en todo el sistema carcelario del país, con el que se autoriza a las Fuerzas Armadas a participar, junto a la Policía Nacional y al SNAI, en el restablecimiento del orden en las prisiones.
De acuerdo con Lasso, se están "coordinando todas las acciones que permitan al Estado ecuatoriano, con absoluta firmeza, recuperar el control y evitar que estos hechos se repitan en otros centros penitenciarios".
En agosto pasado, luego de la masacre de finales de julio, el Gobierno ecuatoriano aprobó un plan, con una partida de 75 millones de dólares, para reformar el sistema penitenciario del país en los próximos años. El miércoles, Lasso dijo que el programa se acelerará y comenzará en 'La Peni', contando en el corto plazo con una inversión de 24 millones de dólares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como ya se pronunció ante los sucesos violentos ocurridos anteriormente este mismo año, hizo un nuevo llamado a Ecuador "a investigar de oficio y con debida diligencia los hechos" e "implementar acciones para evitar repetición", como aumentar la seguridad y vigilancia en las penitenciarías, y prevenir el accionar de grupos criminales dentro de las mismas.
Críticas a narrativa de "guerra de bandas"
Desde la ecuatoriana Alianza Contra las Prisiones han criticado que desde el Estado se retrate la situación en las prisiones únicamente desde la narrativa de "guerra de bandas".
De acuerdo con la organización, esta versión "tiene varios efectos perversos". El primero de ellos es que "aleja a la política pública de las causas estructurales y sistémicas de la violencia", como la precariedad de la vida en las prisiones, el aislamiento de las familias, la corrupción de la administración, entre otras.
"Pero además, un efecto sobrecogedor de la narrativa de las bandas es que vuelve invisible a la mayoría de la población carcelaria: mujeres pobres, personas que han cometido delitos de superviviencia, personas encausadas por microtráfico, personas cumpliendo prisión preventiva, personas que han cumplido su condena y no han sido puestas en libertad", añade la organización.
Asimismo, señala que esta narrativa ha dado pie a que incluso parte de la ciudadanía "deshumanice a las personas encarceladas, las etiquete de viles y ajenas".
Hacinamiento
En marzo de 2021, durante una comparecencia frente a la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, el entonces ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó que el hacinamiento en las cárceles de Ecuador para la fecha era de 29,42 %.
De acuerdo con datos del Ministerio de Gobierno, hasta febrero pasado había 38.693 personas privadas de libertad en el país; pero la capacidad del sistema penitenciario es para 29.897. Lo que indica que para entonces había una sobrepoblación de 8.796 reos.
En una entrevista con RT, Billy Navarrete, miembro de la Alianza Contra las Prisiones en Ecuador, subrayó que el aumento significativo de la criminalidad dentro de las cárceles empezó durante el Gobierno de Lenín Moreno.
Edgar Romero G.
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