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Adiós a la Iniciativa Mérida y al diálogo asimétrico: ¿México y EE.UU. entran a una nueva etapa de cooperación en seguridad?
La Administración de Andrés Manuel López Obrador tiene como prioridad reducir la violencia en la nación latinoamericana y frenar el tráfico de armas desde la frontera norte.
Representantes de los Gobiernos del presidente de EE.UU., Joe Biden, y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostendrán el primer Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) el próximo viernes 8 de octubre, en lo que supone el inicio de una "nueva etapa" en la relación bilateral, poniendo fin a la Iniciativa Mérida y al financiamiento —y fiscalización— de Washington hacia las instituciones del país latinoamericano.
En el encuentro que se celebrará en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México tendrá el reto de unificar objetivos tan distintos como los que persiguen ambas administraciones, incluyendo la disminución del tráfico de drogas hacia EE.UU. y la consecuente epidemia de opioides en la nación norteamericana; el incesante trasiego de armas desde la frontera norte hacia territorio mexicano, que alimenta la violencia que vive el país latinoamericano; y las redes del crimen organizado que se han incrustado en los flujos migratorios desde el sur del continente.
La comitiva mexicana estará encabezada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López; de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Crescencio Sandoval; de la Marina (Semar), el almirante José Rafael Ojeda.
México tendrá el reto de unificar objetivos tan distintos como los que persiguen ambas administraciones, incluyendo la disminución del tráfico de drogas hacia EE.UU. y la consecuente epidemia de opioides en la nación norteamericana.
Mientras que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, representará la delegación norteamericana, junto al titular del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; y el fiscal general norteamericano, Merrick Garland.
¿Una nueva etapa?
El lunes, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, adelantó que en los nueve meses transcurridos desde el inicio de la Administración de Joe Biden, los términos de la relación con la nación vecina habían entrado en una "nueva etapa", al "dejar atrás" la Iniciativa Mérida por ser "asistencialista" y estar basada en "otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando".
De esta manera, el gobierno de López Obrador reiteró su rechazo a esta iniciativa firmada en 2007 por los mandatarios de EE.UU., George W. Bush (2002-2009), y de México, Felipe Calderón (2006-2012), mediante la cual, Washington proporcionó a las instituciones de seguridad y justicia del país latinoamericano más de 3.000 millones de dólares para la compra de equipos, armamento y capacitación en el contexto de la llamada "guerra contra el narcotráfico".
En entrevista con medios locales el pasado 30 de septiembre, Ebrard afirmó que la prioridad del gobierno mexicano era "reducir la violencia" y "los homicidios". Además, el canciller afirmó que, de cara al DANS, las comitivas de ambas naciones propusieron, en un texto que llevaban meses trabajando en conjunto, ponerle atención al aumento en el consumo de estupefacientes en las dos naciones.
Mientras que México ve como primordial atender la violencia en su territorio en el marco del diálogo con el vecino, desde la Casa Blanca, en tanto, destacaron que el encuentro tendrá como objetivo la "protección" de la población y "la prevención de la delincuencia transfronteriza y la persecución de las redes delictivas".
Una fuente de la Cancillería mexicana informó al semanario Proceso que el nuevo plan bilateral de seguridad se ha denominado Entendimiento Bicentenario, y que contempla el fin del financiamiento y fiscalización, desde Washington hacia las instituciones del país latinoamericano. En su lugar, los gobiernos de Biden y López Obrador se comprometieron a compartir información relevante en el combate al crimen organizado.
"No habrá verificaciones del Capitolio, no recibiremos equipo militar ni apoyo directo del Pentágono; se acaba la licencia de espiar y de actuar con toda libertad dentro de México para las agencias federales estadounidenses y habrá intercambio de información entre los gobiernos para contener al narco y al crimen organizado", detalló el funcionario bajo condición de anonimato.
Desde la nación latinoamericana son claros los objetivos que persigue en esta nueva fase de cooperación bilateral, en donde predominará el "entendimiento simétrico, respetuoso", según afirmó el canciller latinoamericano. En el caso de Washington, aún está por verse con qué exigencias arribará al DANS.
Reciprocidad
Ebrard apuntó que la "nueva etapa" de relaciones se basan en la reciprocidad, tanto en "materia de control del tráfico de armas", como "en las asistencias jurídicas" y "extradiciones". Este último aspecto ha sido de suma importancia para EE.UU., sobre todo en el contexto de la "guerra contra el narcotráfico".
Mientras que en enero de 2019, López Obrador anunció el fin de la "guerra contra el narcotráfico", lo que en los hechos fue entendido como la suspensión de perseguir a los grandes capos de las organizaciones criminales, Washington es partidario de esta política. La Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleva a la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.
Más allá de perseguir a los líderes de los grandes cárteles, la propuesta de López Obrador de regular a los agentes extranjeros que ejercían funciones policiales en el territorio generó tensión con Washington, ya que surgió después del desencuentro bilateral por el arresto en EE.UU. del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien la Corte del Distrito Este de Nueva York acusó de delitos de narcotráfico, hasta que desestimó los cargos a petición del Departamento de Justicia estadounidense.
Por si la relación no fuera suficientemente compleja, el pasado de agosto, la Cancillería mexicana informó que había interpuesto una demanda civil contra 11 empresas fabricantes de armas en EE.UU. por promover prácticas comerciales, "negligentes e ilícitas", que a juicio del Ejecutivo, facilitan el tráfico ilegal de armamento y alimentan la violencia en el país latinoamericano.
En este contexto, las naciones vecinas iniciarán este viernes las conversaciones de cara a iniciar una nueva etapa de cooperación en materia de seguridad, con el respeto mutuo y la simetría como banderas.
José Beltrán Contreras
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