La Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) que indaga en Brasil la gestión del Gobierno durante la crisis de la pandemia ultima sus trabajos y el senador Renan Calheiros ya ha adelantado que en su informe se presentarán al menos 11 delitos para imputar al presidente, Jair Bolsonaro.
"Tenemos con seguridad al menos 40 acusados. Solo en relación al presidente de la República ya seleccionamos 11 tipos penales. Van desde crímenes de responsabilidad hasta crímenes comunes, crímenes contra la salud pública y crímenes contra la humanidad", declaró en una entrevista a GloboNews.
La comisión presentará sus conclusiones ante el Ministerio Público, que se encargará de analizarlas y decidirá si presenta una denuncia formal ante el Poder Judicial. Sin embargo, en el caso de Bolsonaro se presentarán ante la Procuraduría General de la República, máximo organismo del Ministerio Público, y que tiene la potestad de entablar acciones penales contra el presidente.
"A todos los que deban ser acusados, les vamos a acusar. Enviaremos a las diferentes instancias del Ministerio Público las acusaciones. Solo vamos a enviar al procurador general de la República aquellas que tengan un foro especial", aseveró.
Calheiros ya informó a principios de este mes que el mandatario y varios de sus ministros estarán entre los acusados, y que se pedirá la imputación de "aquellas personas que tuvieron participación efectiva en el gabinete paralelo", como se denominó al grupo de especialistas que asesoraron al presidente durante la pandemia en paralelo al Ministerio de Salud.
La lista de acusación
La CPI, que se inició a finales de abril, tiene previsto presentar y votar su informe con las conclusiones la próxima semana. Hay tres personas centrales en la lista: Bolsonaro, el exministro de Salud Eduardo Pazuello y, su brazo derecho, el coronel Élcio Franco.
Según Folha de Sao Paulo, la CPI también mencionará en su informe a Carlos Bolsonaro, hijo del mandatario, como uno de los articuladores de la "red bolsonarista" de difusión de noticias falsas, y que la Corte Suprema ordenó investigar. Asimismo, el diputado Eduardo Bolsonaro, otro de los vástagos del presidente, podría figurar como uno de los supuestos financiadores de la red junto a los empresarios Otávio Fakhoury y Luciano Hang.
Bolsonaro es uno de los líderes mundiales más cuestionados por su gestión del covid-19. Uno de los casos más destacados estos meses en la CPI ha sido el de las supuestas irregularidades en un contrato de compra de la vacuna india Covaxin, que nunca se llegó a efectuar. La Corte Suprema incluso ordenó investigar si el mandatario cometió prevaricación al no denunciar lo sucedido, ya que supuestamente estaba enterado.
El pasado viernes, Brasil superó la barrera de los 600.000 muertos por covid-19 en un momento en el que la pandemia se desacelera con un promedio de 438 muertes diarias. En total, ya registra más de 21 millones de personas contagiadas y 601.00 fallecidos, lo que convierte al gigante latinoamericano en el segundo país con más decesos, por detrás de EE.UU.