La polémica foto de Emilio Lozoya cenando en un lujoso restaurante que encendió el debate sobre la 'justicia selectiva' en México

La fotografía difundida el sábado pasado, en donde se ve al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya cenando en un lujoso restaurante de Ciudad de México, mientras está vinculado a proceso por corrupción, despertó un acalorado debate acerca del uso de la justicia y sus privilegios en la nación latinoamericana. 

A la molestia de cientos de usuarios en la Red, se le sumaron las declaraciones este lunes del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado de prensa, señalando que Lozoya sigue siendo procesado y que "los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre". 

"Legal, pero inmoral"

López Obrador respondió este lunes a reporteros locales sobre la polémica fotografía, asegurando que se trata de un acto "legal", pero "inmoral". 

"Es una imprudencia, para decir lo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido (...) Es una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde [Felipe] Calderón", afirmó el mandatario. 

9 revelaciones de Lozoya en torno a la red de corrupción que saqueó a México y que involucra a tres expresidentes

El exfuncionario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) está vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Lozoya por su presunta participación en una red de sobornos provenientes de las empresas Odebrecht y Altos Hornos, que involucrarían a políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), así como a empresarios cercanos a las anteriores Administraciones. 

Lozoya lleva un año y tres meses vinculado a proceso (desde el 29 de julio de 2020). Sin embargo, el exfuncionario mexicano no ha puesto un pie en prisión, pese a que se trata de un político de alto perfil, involucrado en un caso de corrupción que apuntaría hasta un expresidente.

La FGR no solicitó al juez una medida de prisión preventiva contra el exdirector de Pemex. En cambio, Lozoya recibió como medida cautelar la necesidad de portar un localizador electrónico, y entregó su visa y pasaporte como garantía de que no abandonaría el país latinoamericano. Esto formó parte de las negociaciones para que el exfuncionario diera información valiosa que vinculasen a políticos de mayor perfil en la participación de "una asociación de corte delictivo". 

A raíz de esta negociación, la defensa de Lozoya intenta llegar un acuerdo con la FGR para someterse al criterio de oportunidad y recibir plenamente el trato de testigo colaborador, a cambio de ofrecer evidencia que involucre a actores de mayor nivel en los crímenes de corrupción imputados. 

De momento, Lozoya presentó, en agosto de 2020, una denuncia formal ante la FGR, acusando, principalmente, al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y a su mano derecha, el exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray, de encabezar una serie de sobornos millonarios a legisladores a cambio de la aprobación de reformas estructurales.

¿Justicia selectiva?

La impunidad en el caso Lozoya despertó una ola de indignación en el país latinoamericano.

Se trata de un político de muy alto nivel que lleva su proceso en libertad por un caso de corrupción que involucra desvíos millonarios, cuando en contraste, el Estado mexicano envía a prisión preventiva a miles de personas sin recursos, como lo demuestra que una de cada dos mujeres internadas en centros penitenciarios se encuentran esperando su sentencia, según un estudio de la organización México Evalúa. 

La investigadora en Educación Superior, Alma Maldonado, expresó su molestia en la Red. 

"¿Quién fuera Emilio Lozoya, para haber estafado al Estado mexicano por millones de pesos y seguir disfrutando de los lujos del dinero robado sabiendo que nada malo te va a pasar y que tienes impunidad del régimen actual mientras sigas acusando sin pruebas a quien te digan?", cuestionó Maldonado. 

Para el analista en seguridad, Alejandro Hope, la fotografía demuestra que era una fantasía que el caso de Lozoya "iba a representar un parteaguas en el combate a la corrupción, la punta de lanza de una limpieza profunda". 

En su cuenta de Twitter, Hope criticó "la ausencia de resultados" de la Fiscalía General de la República, ya que Lozoya recibió beneficios, a cambio de ofrecer evidencia. 

En el mismo sentido se posicionó la directora de la organización Impunidad Cero, Irene Tello, quien criticó que la FGR lleva años sin "hacer nada para combatir la impunidad en actos de corrupción".

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, considerado una pieza clave en el caso contra Lozoya, al presentar siete denuncias por lavado de dinero en contra del exfuncionario, también publicó un mensaje en sus redes sociales que, probablemente, sería relativo al caso. 

"La impunidad es siempre una afrenta", tuiteó Nieto el pasado domingo. 

Desde la FGR señalaron que Lozoya "sigue siendo procesado", y que gracias a las "diversas pruebas que se han ido desahogando", se ha judicializado "a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht".

El pasado viernes 9 de abril, un juez dictó prisión preventiva contra el exlegislador panista Luis Lavalle Maury, denunciado por Lozoya como parte de la red de políticos que presuntamente recibieron coimas provenientes de Odebrecht.

"Emilio 'L' sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte", afirmó la Fiscalía en un comunicado de prensa. 

El caso de Lozoya vino a despertar un justificado recelo que tienen los mexicanos respecto al sistema de justicia penal, ya que el 94,8 % de los casos denunciados quedan impunes.

Por otra parte, una encuesta de 2019 reveló que solo el 11,7 % de los mexicanos consideraban que la labor de la Procuraduría General de la República (PGR), la instancia extinta que antecedió a la FGR, calificaba como muy bueno su desempeño. En el caso de los jueces, solo el 11,6 % de los ciudadanos aprobaron plenamente su actuación. 

José Beltrán Contreras