El expresidente argentino Mauricio Macri volvió este martes a su país después de una gira por el exterior que le impidió responder a un citatorio judicial, en la causa en la que está imputado por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, el cual se hundió a fines de 2017.
Por eso su llegada se dio en medio de una amplia expectativa, ya que el miércoles tendría que declarar ante el juez Martín Bava, pero diversas versiones periodísticas aseguran que pospondrá una vez más la presentación o que, en todo caso, solo responderá por escrito.
El primer citatorio, que incluía arraigo judicial en el país, se emitió para el 7 de octubre, pero en ese momento Macri se encontraba en EE.UU., en donde presentó su libro de memorias, y después viajó hacia Catar para cumplir un compromiso en su rol como dirigente de la Fundación FIFA.
La polémica se desató de inmediato, ya que el expresidente y sus aliados denunciaron que la indagatoria forma parte de una "persecución política", mientras que desde el oficialismo criticaron la impunidad con la que se maneja, ya que el juez ni siquiera pudo entregarle la notificación judicial porque no se encontraba en el país.
Bava lo citó al considerar que Macri debe aclarar el papel que jugó en el espionaje ilegal que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cometió en contra de los familiares de los submarinistas.
El problema para Macri es que esta es una de las múltiples causas por espionaje en la que está involucrado, ya que se ha demostrado que durante su Gobierno la AFI hizo tareas de inteligencia de manera sistemática y sin orden judicial de por medio a políticos opositores, oficialistas, líderes sociales y, en este caso, a víctimas de una de las mayores tragedias padecidas en el país sudamericano en los últimos años.
La desaparición
El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan, en el que viajaban 44 tripulantes, dejó de tener contacto mientras se ubicaba a 430 kilómetros de la costa argentina.
Dos semanas más tarde, el Gobierno macrista dio por finalizada la búsqueda, a pesar de que la nave no se había encontrado y en medio de los reclamos de los familiares, que esperaban que hubiera sobrevivientes.
En agosto de 2018, es decir, nueve meses después de la desaparición, el Gobierno contrató a la firma Ocean Infinity para reiniciar la búsqueda, a cambio de un pago de 7,5 millones de dólares que solo se haría efectivo si hallaba al submarino, lo que la empresa logró el 17 de noviembre, justo un año después de la desaparición.
La tensión entre el gobierno y los familiares fue permanente, ya que desde el principio hubo declaraciones desafortunadas de los funcionarios y acusaciones de los familiares por maltratos, presunta corrupción y negligencia en el operativo de búsqueda, ya que el submarino se encontró muy cerca del lugar en donde había desaparecido.
El año pasado, el caso se agravó cuando el Gobierno de Alberto Fernández reveló que había encontrado pruebas de que los familiares de los tripulantes habían sido espiados.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó que el seguimiento no había ordenado por ningún juez, por lo que era ilegal, y se habría llevado a cabo mientras el submarino aún estaba desaparecido.
Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, presentó una denuncia en la Fiscalía de la ciudad de Mar del Plata, ubicada a 400 kilómetros de Buenos Aires, en la que precisó el hallazgo de tres discos rígidos que almacenaban seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas entre enero y junio de 2018, lapso en el que los familiares de los tripulantes presionaban al macrismo para que intensificara la búsqueda del submarino.
El juez considera que Macri ordenó ese espionaje o, por lo menos, supo que se había cometido.
Acusados
Por esta causa ya fueron procesados el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, quien fue designado en el cargo sin haber tenido experiencia alguna en tareas de inteligencia, y solo por ser amigo personal de Macri, tal y como lo ha reconocido el propio expresidente.
También ya fue imputada Silvia Majdalani, quien fue subdirectora del organismo. Ambos exfuncionarios están acusados en otras causas, pero en todas sus declaraciones han negado haber ordenado tareas de espionaje ilegal.
En el caso de Macri, no solo está imputado por presunto espionaje, sino por su responsabilidad en el hundimiento, ya que los familiares lo acusaron por supuesto encubrimiento agravado.
Por otra parte, en marzo pasado, el Consejo General de Guerra que investigó durante cuatro meses la desaparición del submarino dictó penas mínimas en contra de ocho acusados.
El de mayor rango es el exjefe de la Armada, Marcelo Srur, quien fue condenado a 45 días de prisión, al igual que el capitán de navío, Claudio Villamide, quien además fue destituido.