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Lasso tacha las marchas opositoras de "golpistas" y advierte que usará las fuerzas del orden para detener a "aquellos que les gusta la violencia"

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Lasso advirtió que en la próxima protesta, pautada para el 26 de octubre, sus adversarios políticos "no van a poder incendiar edificios ni secuestrar a nadie".

En medio de una creciente tensión política, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acusó de "golpistas" a los manifestantes que se han concentrado en contra de su gobierno, y que tendrán una nueva jornada de protestas el próximo 26 de octubre, informó El Universo

Al cierre de una masiva manifestación a favor del oficialismo, el mandatario ofreció un discurso de media hora en el que advirtió a los grupos opositores que habrá fuerzas militares en las calles: "El 26 no van a poder incendiar edificios ni secuestrar a nadie. Si tenemos que empuñar la Constitución para enfrentar a los golpistas, lo haremos", afirmó el presidente desde Quito, la capital del país. 

"Debemos estar alertas para proteger a nuestra capital (...) gracias por acompañarnos esta mañana, vamos a defender a la democracia, que los triunviros de la conspiración comprendan que el pueblo se levanta para defender a la democracia ecuatoriana", señaló ante militantes del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), que llegaron a esa ciudad desde distintas partes del territorio nacional.  

En el mismo sentido, el jefe de Estado prometió que defenderá a "la familia ecuatoriana" de "aquellos a los que les gusta la violencia", y dijo que cuenta para ello "con el apoyo de las gloriosas Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional". 

Este lunes, en el marco de un aumento de la conflictividad social y política en Ecuador, el presidente decretó el estado de excepción en todo el país "para llevar a cabo control de armas, inspecciones y patrullajes 24 horas al día", en el marco del "plan nacional de seguridad".

"Todos los sectores sociales y políticos debemos trabajar en absoluta unidad, porque en las calles de Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico", indicó. 

La medida coincidió con las protestas que encabezaron organizaciones sociales, agricultores, pescadores y maestros, sectores que convocaron una "huelga general" en cuatro provincias de Ecuador, en rechazo a la subida de la gasolina y de los precios oficiales impuestos a los productos agrícolas.

Este miércoles, Lasso recibió en casa de Gobierno a movimientos políticos y organizaciones sociales, para para "trabajar en conjunto por la reactivación económica, la seguridad y la prosperidad del país entero". 

Más problemas para Lasso

Al tiempo que intenta contener el descontento social por la crisis económica que atraviesa el país, y que se vio agravada por la pandemia, Lasso es objeto de una investigación tras aparecer su nombre en los Papeles de Pandora, que constataron que tuvo capitales y bienes en paraísos fiscales hasta 2017, cuando una nueva ley prohibió esa posibilidad a funcionarios públicos o electos.

El mandatario había sido citado junto a su familia a la Comisión de Garantías Constitucionales del Congreso para declarar sobre el caso. Sin embargo, Lasso decidió no acudir y argumentó que "ni la Asamblea Nacional (Parlamento) ni la Comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas al incumplimiento de la Ley". 

Según el empresario y político, toda su renta proviene de una fuente ecuatoriana, que fue oportunamente declarada en el país, y actualmente no recibe dinero del exterior. 

Por otra parte, el mismo día lunes, cuando se desarrollaron las protestas en su contra, organizaciones indígenas de Ecuador presentaron una demanda contra el presidente ante la Corte Constitucional, por pretender expandir la frontera extractiva en la Amazonía ecuatoriana, mediante los decretos 95 y 151. 

"Ambos decretos formalizan los mecanismos para que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorguen rápidamente licencias ambientales a las industrias petroleras y mineras. Esto a pesar de la evasión de las leyes y obligaciones internacionales y el marco constitucional del país, diseñado para garantizar los derechos y la soberanía de las naciones indígenas", señalaron los grupos denunciantes en un comunicado. 

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