La Justicia de Argentina rechaza por segunda vez una recusación de Macri al juez que lo investiga por presuntas escuchas ilegales

Es en el marco de la causa por espionaje a los familiares de víctimas del submarino ARA San Juan.

El juez argentino Martín Bava, a cargo de la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal contra los familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, rechazó este lunes una segunda recusación presentada por la defensa del expresidente Mauricio Macri, informó la agencia Télam.

El magistrado federal interino del juzgado de Dolores, provincia de Buenos Aires, argumentó en su resolución que "no ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri".

De esta manera, Bava rechazó 'in limine', es decir, en el mismo momento de su presentación, el nuevo intento de apartamiento formulado por el expresidente, al considerar que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de recusación. 

Macri intentó apartar al juez Bava de la causa porque sostiene que las acusaciones en su contra responden a una "persecución política".

Para la defensa del empresario, a cargo del abogado Pablo Lanusse, desde el avance de las investigaciones existe "un temor fundado" de que el magistrado actuó con "parcialidad", falta de "independencia" y "prejuzgamiento".  

Macri se ausentó ya de dos audiencias indagatorias, y la tercera fue suspendida la semana pasada, debido a que el abogado Lanusse reclamó que el expresidente fuera relevado de la obligación de guardar secretos de Inteligencia para poder hablar sobre cuestiones de Estado, trámite que para el juez no era necesario, aunque cedió a la exigencia para no entorpecer el derecho de defensa. 

Asimismo, este lunes el exmandatario pidió permiso para viajar a Arabia Saudita entre el 15 y el 25 de noviembre, solicitud que la querella ya rechazó por considerar que Macri podría fugarse.  

La Justicia intenta determinar si, durante su gestión de gobierno, existió un presunto espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en contra de los familiares de los 44 tripulantes que viajaban en el submarino ARA San Juan, que se hundió a fines de 2017.