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La Justicia chilena confirma la sentencia contra seis militares que secuestraron y asesinaron a 23 colaboradores de Salvador Allende
Considera que los delitos fueron crímenes de lesa humanidad y ordenó indemnizar a los familiares de las víctimas.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena contra seis oficiales del Ejército, actualmente en condición de retiro, que secuestraron y asesinaron a 23 colaboradores del presidente Salvador Allende durante el golpe de Estado y asalto al Palacio de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973, en una acción militar comandada por Augusto Pinochet.
En la sentencia divulgada por el Poder Judicial de Chile, se detalla que la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras María Soledad Melo, Gloria Solís e Inelie Durán, confirma la condena a Pedro Octavio Espinoza Bravo a 20 años de prisión, en calidad de coautor del homicidio de 15 de las víctimas.
Además, la Justicia chilena detalla que los oficiales Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López fueron condenados a nueve años de cárcel; mientras que los exmilitares Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo y Jorge Ismael Gamboa Álvarez, a siete años de presidio.
Entre las víctimas figuran asesores políticos de Allende, médicos, miembros de su personal de seguridad, economistas y funcionarios de la Policía de Investigaciones, entre otros.
Crímenes de lesa humanidad
La sentencia recoge que las víctimas secuestradas estuvieron en el interior del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, fueron detenidas y trasladadas al Regimiento Tacna, lugar en el que permanecieron dos días. De ese recinto, fueron sacadas amarradas de pies y manos con alambres, montadas en un camión Pegaso y, hasta la fecha, se desconoce el paradero de algunas de ellas.
El tribunal explica que en este caso los delitos de secuestro y de homicidio calificado han sido reconocidos como crímenes de lesa humanidad, debido a que el primero de ellos se califica como desapariciones forzadas y el segundo a un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por profesionales que trabajaban como colaboradores del presidente Allende y terminaron ejecutados por funcionarios activos del Ejército.
El fallo del tribunal también ordena pagar indemnizaciones económicas a los familiares de las víctimas. A las cónyuges y madres se les debe dar 100 millones de pesos (123.000 dólares); cada hijo recibirá el monto 80 millones de pesos (98.400 dólares); los hermanos 50 millones de pesos (61.500 dólares) y los nietos 5 millones de pesos (6.150 dólares).
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