El caso de los 39 refugiados palestinos que solicitaron asilo en España durante una escala en el aeropuerto de Barcelona

Desde el pasado lunes, 39 pasajeros con pasaporte libanés pero de origen palestino han estado retenidos en el aeropuerto del Prat en Barcelona, después de que durante el transbordo se negaran a continuar su viaje alegando que deseaban solicitar asilo en España.

Se trata de varias familias, con niños y ancianos entre sus miembros, que provenían de un campo de refugiados a las afueras de Beirut, la capital libanesa, que se encuentra en malas condiciones de salubridad.

Tras cinco días, este viernes el Gobierno de España ha tramitado un permiso especial de residencia para 29 de ellos, que les permitirá moverse por el país mientras esperan que se resuelva su solicitud de asilo. Según ha trascendido, las otras 10 personas restantes obtendrán el mismo permiso en breve.

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Todo comenzó el pasado lunes por la mañana, cuando un grupo de 39 pasajeros procedentes de El Cairo se negó a continuar su viaje durante una escala en el aeropuerto catalán con destino a Quito, en Ecuador, y Bogotá, en Colombia

Desde entonces han permanecido en una sala habilitada precisamente para acoger a viajeros que tramitan una solicitud de asilo en los controles fronterizos de las instalaciones aeroportuarias. La instalación dispone de los servicios básicos, tales como duchas. Durante estos días han estado siendo atendidos por los servicios sociales de Cruz Roja.

"No estamos hablando de un motín ni de ningún tipo de migración ilegal. Estas personas cumplieron con todos los requisitos legales como refugiados, están en todo su derecho de pedir asilo", ha contado a El Periódico Helena Martínez, abogada de una de las familias compuesta por tres niños y sus dos progenitores.

Hasta ahora la Cruz Roja ha cubierto el alojamiento de las 29 personas a las que se les ha aceptado su solicitud de asilo: cinco familias y seis hombres solos. Las otras diez personas permanecen por el momento en la terminal del aeropuerto. 

A partir de ahora el Gobierno tiene seis meses para resolver el procedimiento. Si les concede el asilo, serán considerados refugiados, mientras que si no lo hace, pasarán a ser inmigrantes indocumentados, con riesgo de deportación.