Cinco años han pasado desde que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y el entonces comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, firmaran el 'Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto'. Este paso definitivo hacia el camino del desarme y la paz se ha visto surcado por deudas sociales históricas que se expresan en violencia, protestas y reclamos por el incumplimiento de lo pactado de parte del Gobierno.
Este miércoles, para conmemorar su quinto aniversario, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, participa en un acto que cuenta con la presencia del presidente Iván Duque, políticos, firmantes del acuerdo y víctimas del conflicto junto a los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UPBD). Allí, estas entidades entregarán un informe general de su gestión en estos últimos años.
En este quinquenio se han cristalizado realidades imposibles de imaginar en Colombia en décadas pasadas. Por un lado, las extintas FARC comenzaron su vida política dentro del Congreso, de la mano del partido Comunes, surgido en 2017 con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). El extinto grupo armado que nació en los años sesenta del siglo pasado, ahora reincorporado a la vida civil, avanzó en puntos del acuerdo como el cese al fuego y de las hostilidades.
Por el otro lado, la JEP, que entró en funcionamiento en junio de 2018, ha sido la encargada de juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado "para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación", según se establece en su definición.
Hablan los exguerrilleros
El senador y excomandante de las FARC Carlos Antonio Lozada afirmó recientemente en un encuentro en la Universidad Externado, en la capital colombiana, que el hecho de que el Estado haya suscrito el Acuerdo de Paz "quiere decir que reconoce que hay sectores que no tienen espacios a la participación política".
Lozada se refirió a un tema que suelen abordar las organizaciones sociales nacionales e internacionales: la exclusión por parte del Gobierno y la represión de los cuerpos de seguridad, que fue denunciada en las protestas antigubernamentales de los últimos años. "Esa brutalidad con la que hemos visto que el Estado responde a la movilización, es evidente que se pone al orden del día".
En su opinión, son necesarias "transformaciones estructurales y de fondo" y el Acuerdo de Paz "es la puerta de entrada" para solucionar problemas como la seguridad.
Por su parte, el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, aseveró que para "terminar los ejercicios de violencia en Colombia hay que implementar integralmente en su espíritu el Acuerdo de Paz. El Acuerdo no era para las FARC, el Acuerdo es para darle solución a los problemas estructurales del país".
Las cifras del post Acuerdo
Al hacer un balance, algunos analistas han hablado del sabor "agridulce" que han dejado estos años. Siguen estando sobre la mesa temas como la reforma rural integral, las garantías de seguridad para los excombatientes y luchadores sociales, el cese de la estigmatización contra los exguerrilleros y la actuación del Estado en zonas donde distintos grupos armados ilegales y narcotraficantes se disputan el control territorial.
Para revisar con más claridad estas deudas posteriores a los acuerdos, es necesario conocer las cifras que arrojan cómo sigue afectando la violencia a los colombianos y la labor de las organizaciones políticas y de justicia surgidas en estos años.
Hectáreas de coca sembradas
A pesar de los grandes esfuerzos que el Gobierno colombiano dice hacer para la erradicación de los cultivos de coca, los números siguen siendo desalentadores en medio de los señalamientos de la necesidad de una reformulación de la política antidrogas en el país suramericano que no se base únicamente en la respuesta armada del Estado.
A mediados de año, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE.UU. (ONDCP) informó que hubo un incremento de las hectáreas de coca sembradas en Colombia, que pasaron de 212.000 en 2019 a 245.000 en 2020. Sin embargo, la Casa de Nariño respondió que estas cifras contrastaban con las reportadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que estableció que se habían reducido de 154.000 en 2019 a 143.000 en el año pasado.
Por su parte, el Gobierno colombiano informó que el año pasado hubo un récord de 130.000 hectáreas de coca erradicadas de manera manual y casi 580 toneladas métricas de cocaína y base de cocaína incautadas. Algunos sectores, entre los que se encuentra el partido Comunes, han hablado de la necesidad de cumplir con el programa gubernamental de la sustitución de cultivos como una forma de ofrecer alternativas a los campesinos.
Asesinato de excombatientes
Hasta principios de noviembre, 290 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, según Comunes, mientras que en lo que va de año, la cifra llega a 43, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Por su parte, la JEP sostiene que 296 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados y que han ocurrido 67 tentativas de homicidios y 21 desapariciones forzadas.
Estas muertes, catalogadas de sistemáticas, incluso han ocurrido dentro de los espacios donde los excombatientes se han reincorporado a la vida civil. Ante esto, distintas organizaciones han pedido al Estado mayor protección a los excombatientes para garantizar sus vidas, debido a que también son víctimas de los grupos armados ilegales que han retomado las zonas que abandonaron las FARC.
Desde Comunes han solicitado al Estado colombiano "mostrar resultados concretos" y "presentar un programa integral y financiado de garantías de seguridad para excombatientes, comunidades vulnerables, especialmente mujeres y étnicas".
Líderes sociales asesinados y masacres
Además de estos números rojos, en el país suramericano continúa el asesinato de líderes sociales, cuya labor en las comunidades es vista como una amenaza para los grupos armados, políticos locales o empresas de explotación de recursos naturales y minerales.
Del mismo modo, pareciera que las masacres, prácticas violentas de décadas anteriores, han recobrado fuerza en estos dos últimos años. Hasta el 14 de noviembre, habían ocurrido 88 matanzas de este tipo que dejaron 313 víctimas, según Indepaz.
El reconocimiento de estos asesinatos ha causado controversia entre el Gobierno, que los considera como consecuencia de ajustes de cuentas entre grupos narcotraficantes, y entre quienes alertan sobre el incremento de la violencia en las zonas donde hay abandono estatal.
Desplazados
En cuanto a los desplazados, que también han sido una deuda social heredada de los años de la violencia, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por su siglas en inglés) informó que entre enero y junio de 2021 el número de víctimas por desplazamiento masivo aumentó 191 %, en comparación con el mismo periodo de 2020.
Solo entre julio, agosto y septiembre de este año hubo 21 casos de desplazamiento forzado, que obligaron a 15.644 personas a abandonar sus viviendas, según la Defensoría del Pueblo.
Desde 1985 hasta diciembre de 2020, más de 8,1 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares por causa del conflicto armado en Colombia.
Participación política
Si bien la incorporación a la vida política de las extintas FARC fue uno de los grandes logros del Acuerdo de Paz, su permanencia en esa arena como una opción alejada de los partidos tradicionales colombianos sigue siendo un desafío ante el poco peso que ha tenido entre el electorado.
Según lo establecido en los acuerdos, el Partido Comunes contará con diez curules en el Congreso para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. A partir de allí, deberán medirse con otras agrupaciones políticas para obtenerlas.
Parte de sus integrantes han manifestado su descontento con la línea central del partido debido a que se sienten abandonados y sin voz dentro él. Por ello, algunos piensan que podría haber una separación en su seno, a pesar de que queda muy poco tiempo para la inscripción de candidatos para las listas del Senado y Cámara de Representantes, con miras a las elecciones del año entrante.
Por otra parte, el líder de Comunes se refiere al incumplimiento de los acuerdos como causa de la estigmatización que pesa sobre esa agrupación, lo que impide que pueda tener peso en la vida política nacional. "Es un elemento difícil y complejo de superar, después de toda la historia que tenemos", dijo en una entrevista a El Tiempo.
La JEP
En el acto de este miércoles, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, manifestó que el cumplimiento del Acuerdo de Paz "exige asegurar la vida de los excombatientes de las FARC así como de las víctimas".
Agregó que las imputaciones y las sentencias en los primeros años "ofrecerán la verdad que demanda el país y las víctimas. Nunca más se podrá aspirar a llegar al poder por la violencia".
En sus palabras, la "justicia restaurativa" busca el "camino de reconciliación", la "lucha contra la impunidad de los peores crímenes" y la "búsqueda de verdad".
El secretario general de la ONU expresó su reconocimiento de la justicia transicional que ha logrado "imputaciones históricas por crímenes de guerra y reconocimientos de responsabilidad sin precedentes".
Actualmente la JEP mantiene abiertos siete macrocasos que representan los hechos más graves del conflicto armado colombiano:
- Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP.
- Situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño).
- Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
- Situación territorial de la región de Urabá.
- Situación del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
- Victimización de miembros de la Unión Patriótica.
- Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto.
Desde que fue creada, y hasta febrero de este año, 12.738 personas se sometieron a la JEP. De este total, 9.787 eran integrantes de las FARC; 2.813 de la fuerza pública; 126 eran agentes de Estado y 12 conformaban la protesta social.
Nathali Gómez
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