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EE.UU. sanciona a altos funcionarios de El Salvador por presuntos tratos con líderes de pandillas
Entre los afectados está Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales del país centroamericano.
El Departamento del Tesoro del Gobierno de EE.UU. informó este miércoles que fueron sancionados altos funcionarios de El Salvador, por sostener presuntos tratos con líderes de pandillas criminales.
Entre los afectados está Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales del país centroamericano. También fue incluido en las sanciones Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social; y la madre de Luna, Alma Yanira Meza Olivares.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las sanciones se aplican luego que una investigación revelara supuestas negociaciones encubiertas entre funcionarios del Gobierno salvadoreño y líderes pandilleros, entre ellos los de la Mara Salvatrucha (MS-13).
En el texto, la institución recuerda que el 11 de octubre de 2012, EE.UU. designó a la MS-13 como organización criminal internacional, por su participación en actividades delictivas transnacionales graves, que incluyen "tráfico de drogas, secuestro, tráfico de personas, tráfico sexual, asesinatos, asesinatos, extorsión, chantaje, extorsión y delitos de inmigración".
Las negociaciones
Según la información, Luna y Marroquín dirigieron, facilitaron y organizaron una serie de "reuniones secretas" en las que participaron líderes de pandillas encarcelados y en las que se permitió que pandilleros conocidos ingresaran a las instalaciones penitenciarias.
"Estas reuniones fueron parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas", dice el comunicado.
Además de la MS-13, los encuentros también habrían sido con líderes de Barrio 18 y se habrían dado en 2020. El Departamento del Tesoro dice que la administración de Nayib Bukele le habría dado "incentivos financieros" a estas organizaciones criminales y "privilegios" a los cabecillas encarcelados, como el suministro de teléfonos móviles y prostitutas, "para garantizar que los incidentes de violencia pandillera y el número de homicidios confirmados permanecieran bajos" en El Salvador.
En las reuniones, los líderes de las pandillas, además, habrían acordado brindar "apoyo político" al partido oficialista Nuevas Ideas en las elecciones legislativas y municipales que se realizaron en el país centroamericano en febrero de 2021.
El Gobierno de EE.UU también habla de un presunto acuerdo en medio de la pandemia del covid-19 entre las mismas partes, "para el apoyo de las pandillas a la cuarentena nacional del presidente Bukele en áreas controladas por pandillas".
Otras acciones
Por otro lado, El Departamento del Tesoro señala a Luna y a Meza Olivares, su madre, de desarrollar un plan para malversar millones de dólares del sistema de prisiones de El Salvador.
"También crearon puestos de trabajo fraudulentos dentro del sistema penitenciario, en los que supuestos empleados recibirían cheques de pago mensuales y les devolverían la mayor parte de las ganancias" a ellos.
Washington, además, acusa a Luna de participar en un plan para "robar y revender productos básicos comprados por el Gobierno", que originalmente estaban destinados al alivio de la población por la pandemia del coronavirus.
"Estos artículos se transfirieron a empresas privadas para luego revenderse en el mercado privado o devolverse al Gobierno", dice el texto, en el que se indica que Meza Olivares actuó como negociadora en algunas de estas transacciones.
Estas personas fueron sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 13818, promulgada en 2017 por el entonces presidente Donald Trump, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses de estas personas que se encuentren en EE.UU. quedan bloqueadas.
También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 % o más de los sancionados.
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