El presidente de Perú, Pedro Castillo, recibió este martes en el Palacio de Gobierno a un representante del Ministerio Público para declarar como testigo en la causa que investiga las supuestas irregularidades en el ascenso de dos coroneles miembros de las Fuerzas Armadas.
El caso motivó en noviembre la renuncia del exministro de Defensa Walter Ayala, denunciado por supuestas presiones para promover a oficiales de confianza, a pesar de no haber reconocido su culpabilidad.
Fuentes de la fiscalía y de la defensa afirmaron que Castillo respondió "todas las preguntas" formuladas por los fiscales, admitió la veracidad de sus conversaciones por chat con el entonces jefe del Ejército, general José Vizcarra, y explicó "el contexto" de esa comunicación, informó el periódico El Comercio.
"No ha habido ningún nombramiento irregular, no se ha favorecido a nadie, los nombramientos fueron los regulares, dijo el abogado del presidente, Eduardo Pachas.
Por su parte, el jefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de Twitter al culminar el trámite judicial. "Nosotros damos la cara, no huimos del país, menos nos refugiamos en una embajada; tenemos la conciencia limpia, actuamos conforme a ley y los compromisos asumidos con el pueblo", aseguró.
Esta fue la primera vez que el jefe de Estado declaró ante un fiscal desde que asumió el frente del Ejecutivo. Según la Fiscalía, el objetivo era "recibir la declaración testimonial del presidente", ya que Castillo no figura como investigado en el caso, que se encuentra aún en fase de indagación preliminar.
Si bien en principio la indagación iba a estar a cargo de la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, la fiscal de la nación tuvo que delegar su actuación en el fiscal adjunto supremo, Ramiro González Rodríguez, debido a un problema de salud.
En un comunicado, la Fiscalía informó que Ávalos ingresó de emergencia a una clínica local por una dolencia física, obteniendo un diagnóstico de cálculo renal que le exige tratamiento y descanso médico de 72 horas.
El caso salió a la luz cuando los generales José Vizcarra y Jorge Chaparro, recién cesados como comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, respectivamente, denunciaron que Ayala y el secretario privado del presidente, Bruno Pacheco, presionaron a las autoridades militares para favorecer el ascenso a generales de dos coroneles cercanos al mandatario Castillo, Carlos Sánchez y Ciro Bocanegra.
La cita había sido programada inicialmente para el 14 de diciembre, pero el mandatario pidió postergarla primero al 29, y luego adelantarla al 28, alegando que tenía otros compromisos en su agenda, según se informó oficialmente.
Fiscales investigados
Esa última solicitud la hizo Castillo de manera presencial, en una visita "sin previo aviso" a la sede del Ministerio Público. Allí, durante una reunión con Zoraida Ávalos, la defensa del mandatario expresó su preocupación ante la intervención de miembros de la Fiscalía Anticorrupción que pretendieron ingresar hasta el despacho presidencial, en el marco de una investigación sobre la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo a favor de un contratista que ganó una millonaria licitación de la petrolera estatal Petroperú.
Constitucionalmente, el jefe de Estado solo puede ser investigado por la Fiscal de la Nación. Por esa razón, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, presentó una queja y la Fiscalía de Perú abrió el pasado sábado una investigación preliminar contra la fiscal Norah Córdova, por presuntas irregularidades cometidas por personal de su despacho.
Por otra parte, la propia Córdova quedó envuelta en un escándalo que pone en duda su imparcialidad frente a las pesquisas que se llevan adelante y que involucran al Gobierno, ya que fueron reveladas publicaciones suyas en las redes sociales en las que trata al actual presidente de "terrorista", y se define como "genéticamente anticomunista".
El abogado y analista político Enzo Elguera señaló que con la agenda política en contra de Castillo, la oposición perjudica directamente al pueblo.