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La Fiscalía de Bolivia formaliza las acusaciones contra dos exministros de Áñez por el caso de los respiradores españoles y chinos
Una vez que la autoridad jurisdiccional reciba las conclusiones de los fiscales, el paso siguiente sería que comiencen los juicios.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, informó este jueves que ya están listas las acusaciones formales por los dos casos de compras de respiradores chinos y españoles con presuntos sobreprecios, cuya documentación será entregada a la autoridad jurisdiccional cuando reinicien las actividades judiciales.
Uno de los principales acusados es Marcelo Navajas, ministro de Salud bajo el Gobierno de facto de Jeanine Añez, quien llevaba apenas un mes en el puesto cuando fue detenido y separado del cargo. En concreto, está involucrado en la adquisición de 170 respiradores de la marca Respira Device, por cuya operación el Estado le habría pagado 27.000 dólares por unidad a la compañía española GPA Innova, cuando su precio era de unos 7.000, según los propios fabricantes.
Al respecto, la Fiscalía Departamental de La Paz realizó pericias científicas y técnicas sobre los artefactos y encontró muchas falencias. En efecto, consideró que no podían ser usados para casos graves de covid-19 que requieran cuidados intensivos.
En el segundo caso, se investigó la compra de 300 respiradores chinos: se pagó 30.000 dólares cada uno, pero su costo era de 8.000. Esta indagación recayó sobre la exministra de Salud Eidy Roca, sucesora de Navajas. En marzo, ya había sido imputada formalmente, al considerar que la operación le había causado un perjuicio al Estado por unos 862.000 dólares. En abril, le dictaron la prisión domiciliaria, de forma preventiva.
El Gobierno de facto había pedido disolver un polémico contrato
En agosto del 2020, el Gobierno de Añez había pedido a la firma española IME Consulting Global Services SL, intermediaria en la compra con GPA Innova, el reintegro de 2,2 millones de dólares a cambio de la devolución de los 170 respiradores.
Sin embargo, aquella empresa acusó al Ejecutivo de haber perdido varios artefactos. Por aquel entonces, su representante legal en el país plurinacional, Ramiro Vega, dijo que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) "solo ha podido encontrar 75" aparatos.
El escándalo en el país latinoamericano se desató cuando médicos alertaron que los equipos comprados no eran adecuados para las unidades de terapia intensiva. Luego, aparecieron las acusaciones por los presuntos sobreprecios, que ahora son formalizadas por la Fiscalía. Si la Justicia prosigue con los casos, el paso siguiente sería el comienzo de los juicios.
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