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Se reanuda desde cero la reforma del Código Penal que criminaliza el aborto en República Dominicana: ¿qué puede esperarse?
Tan solo se contempla una excepción: el riesgo para la vida de la madre. Los movimientos feministas siguen reclamando la inclusión de las causales por violación y malformación del feto.
La Cámara de Diputados de República Dominicana volverá a discutir desde cero el nuevo proyecto de ley de Código Penal, que incluye el aborto, cuya votación se aplazará indefinidamente.
Tras una sesión celebrada el 4 de enero, los diputados decidieron reiniciar el trámite legislativo después de una maniobra que consistía en presentar el mismo texto con dos modificaciones.
El nuevo proyecto de ley, polémico por ser considerado muy restrictivo en la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, venía discutiéndose desde el pasado mes de diciembre. Ahora, una comisión especial deberá rendir un nuevo informe que será leído en el Pleno a partir de la próxima semana.
Los dos cambios que incluye el nuevo proyecto con respecto al anterior están relacionados con la familia y la orientación sexual. El primero establece que la disciplina impuesta por los padres a sus hijos no puede ser considerada como violencia intrafamiliar; mientras que el segundo elimina el agravante en el delito de violación cuando se realiza con la intención de "corregir la orientación sexual" de la víctima.
Este fue el resultado de la votación del informe presentado por la Comisión Bicameral para el Código Penal. Al requerir votación calificada, el Pleno lo rechazó. Se quiere recontar, pero el Reglamento en su artículo 115 solo contempla reconteo cuando la votación fue a mano alzada pic.twitter.com/PeUxbw1DCB
— José Horacio Rodríguez (@JoseHoracioR) December 16, 2021
Sin embargo, continúa sin cambios el apartado referente al aborto, una práctica actualmente prohibida en su totalidad en el país. El proyecto propone que se permita solo en los casos necesarios para salvar la vida a la madre, una vez que se hayan agotado todos los medios médicos para evitarlo.
Los movimientos feministas pretendían que se avanzara en dos supuestos más: en primer lugar, en caso de violación o incesto; y en segundo lugar, cuando se detectase una malformación congénita del feto incompatible con la vida.
El texto que se discute trata de sustituir al Código Penal en vigor, que data de 1884, e introduce hasta 69 tipos penales nuevos, entre los que se incluyen algunos relacionados con el feminicidio y con la corrupción. Sin embargo, los dos últimos intentos de renovarlo, en 2014 y 2016, fracasaron debido a la cuestión del aborto, al no incluir las tres causas para permitirlo.
Resistencia del movimiento feminista
Durante 2021 el movimiento feminista dominicano ha mostrado músculo. El 23 de mayo se celebró una multitudinaria marcha nacional, tras la cual las feministas levantaron el Campamento de la Dignidad, después de 73 días instaladas ante la sede del Gobierno dominicano para exigir la despenalización del aborto en los tres causales.
Su lucha se origina en el marco de fuertes presiones provenientes de miembros relevantes de las iglesias católica y evangélicas.
República Dominicana tiene algunas de las peores cifras del continente: la mayor tasa de embarazo infantil y adolescente, la tercera mayor tasa de mortalidad materna y la quinta de feminicidios.
Un continente en movimiento
La cuestión del aborto recorre durante los últimos años la política de todo el continente y son varios los Estados que han dado pasos en este ámbito en los últimos tiempos, aunque hay otros que han bloqueado cualquier alternativa de avance.
En Chile, el 28 de septiembre pasado, la Cámara de los Diputados aprobó el proyecto de ley que despenalizaba el aborto durante las 14 semanas. Sin embargo, tras pasar por la Comisión de Mujeres para realizar algunas modificaciones, a su vuelta a la Cámara Baja no halló mayoría ni para la aprobación del texto inicial ni del modificado.
Ahora los defensores del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo tienen dos esperanzas: que la Asamblea Constituyente lo incluya en el texto que está elaborando y que el cambio de gobierno, con la reciente llegada de Gabriel Boric, allane el camino hacia la legalización.
En enero de 2021, el Congreso de Honduras aprobó una reforma constitucional que prohíbe la discusión del aborto en el parlamento. Esta decisión contó con el apoyo de legisladores de diferentes partidos, así como de la confraternidad evangélica, la iglesia católica y el Comité Provida.
En Honduras el aborto está penalizado en todas las circunstancias y está prohibida la anticocepción de emergencia, a pesar de ser el segundo país con más embarazos adolescentes de América Latina.
En México, en 2021, cuatro estados despenalizaron el aborto hasta la semana 12 de gestación. Así Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima se han sumado a la Ciudad de México, donde el aborto es legal desde 2007, y a Oaxaca, que lo despenalizó en 2019.
En Ecuador, el 28 de abril del año pasado, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los dos artículos del Código Penal que penaban el aborto en caso de violación, en un país donde se presentan 11 denuncias por este delito cada día.
La Corte estableció que la Defensoría del Pueblo debía presentar un proyecto de ley que regulara la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. El debate de este proyecto comenzó en diciembre y se espera que a finales de este mes la Asamblea Nacional haya realizado la votación definitiva.
En El Salvador continúa la prohibición total del aborto, pero una sentencia internacional puede paliar la violencia obstétrica. En noviembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país por criminalizar a embarazadas tras sufrir emergencias obstétricas, como consecuencia del caso de Manuela.
La sentencia obliga al país a regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, implementar un programa de educación sexual y reproductiva y garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas, entre otras otras medidas.
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