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El caso de los quilombolas afectados por una base espacial en Brasil llega a la Corte Interamericana

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Estas comunidades, integradas en su mayoría por negros descendientes de esclavos e históricamente marginadas, reclaman 85.537 hectáreas de tierras y territorios ancestrales.
El caso de los quilombolas afectados por una base espacial en Brasil llega a la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estudiará el caso de las comunidades quilombolas de Alcântara, en el estado de Maranhão, que han sido víctimas durante décadas de expropiaciones de tierras. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se analizará cómo 152 comunidades quilombolas –integradas en su mayoría por negros descendientes de esclavos e históricamente marginadas– se vieron afectadas por la falta de emisión de títulos de propiedad de sus tierras y su expropiación o la instalación de una base aeroespacial sin la debida consulta y consentimiento previo.

Los quilombolas de Alcântara reclaman 85.537 hectáreas de tierras y territorios ancestrales. 

El gigante latinoamericano declaró en 1980 la "utilidad pública" de 52.000 hectáreas del territorio habitado en Alcântara y desalojó a 32 comunidades. Después, creó el Centro de Lanzamiento de Alcântara (CLA) para desarrollar un programa espacial nacional. 

"El Estado es responsable" 

La CIDH considera que el Estado no llevó a cabo "un proceso de reasentamiento adecuado, no otorgó una indemnización integral que permitiera a las comunidades participar de los beneficios del proyecto, ni realizó estudios socioambientales para identificar el impacto sobre los derechos de las comunidades quilombolas".

Por todo ello, el CIDH asegura que "el desarrollo del CLA alteró el modo de vida de todas las comunidades quilombolas de Alcântara dado que estas se basan en un sistema de intercambio de bienes y recursos que permite su desarrollo y supervivencia.

Actualmente, estas comunidades, víctimas del racismo y de la desigualdad estructural en Brasil como consecuencia de cuatro siglos de esclavitud, no cuentan con acceso a una vivienda digna y enfrentan diversas dificultades debido a la mala calidad de las tierras alternativas o la escasez de agua.

La comisión concluye que "el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y de asociación, a la protección a la familia, a la propiedad, a los derechos políticos, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y los derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana".

Por último, recomienda que adopte medidas para lograr la "delimitación, demarcación" y "la titulación completa del territorio ancestral de las comunidades quilombolas de Alcântara".

La CIDH asegura que envió el caso a la Corte el 5 de enero.

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