El secretario general de la ONU, António Guterres, ha mostrado su preocupación ante el Gobierno de Colombia debido a que los niveles de violencia persistentes en varios departamentos de ese país están impidiendo la consolidación del proceso de paz.
Este jueves, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que, en el 2021, al menos 78 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en la nación sudamericana, la mayoría de ellos en el departamento de Valle del Cauca. Esa cifra hace referencia solo a las muertes violentas verificadas, y en total se registraron 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de los derechos humanos, casos que están en proceso de verificación o que no son concluyentes.
Arauca es otro de los departamentos más afectados por la violencia contra la población civil y los desplazamientos forzados, ocasionados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales. En ese territorio, la Defensoría del Pueblo está monitoreando la situación.
Tensión y temor en la población
"Hemos evidenciado una gran tensión en las comunidades y temor por que las acciones de los grupos armados irregulares puedan generar más muerte, que se sumen a los 33 homicidios registrados por las autoridades en las últimas dos semanas, los cuales siguen causando un desplazamiento forzado progresivo", relató el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien atribuye la situación a las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
La Defensoría del Pueblo advierte que entre los desplazados se encuentran 33 excombatientes o firmantes del acuerdo de paz, mientras que cerca de 170 familias se han visto obligadas a abandonar sus casas.
"Hemos estado sufriendo una situación crítica por parte del Estado colombiano, el ELN y las FARC, nos hemos desplazado por la represión que tenemos", denunció Yamileth Cárdenas, líder social y víctima de desplazamiento. Cárdenas comenta que para las comunidades de Arauca "no es tanto la necesidad" de que el Gobierno envíe tropas del Ejército, sino que brinde las garantías necesarias para poder vivir en sus respectivos pueblos.
En el último informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia señala que, desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, han sido asesinados 303 excombatientes, incluidas 10 mujeres. Asimismo, se registró el desplazamiento forzado de unas 72.600 personas y otras 65.200 fueron confinadas a la fuerza. Además, se documentaron más de 50 masacres, que dejaron 222 víctimas.