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Duque sanciona la controvertida ley de seguridad ciudadana que abre las puertas a la "legítima defensa"

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La oposición dice que la iniciativa criminaliza las protestas sociales y da vía libre a los uniformados para continuar con su accionar coercitivo.

El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó una controvertida Ley de Seguridad Ciudadana que aumenta las penas para muchos delitos y con la que se pretende frenar la delincuencia en este país. 

En un acto en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Duque dijo que la normativa "cierra brechas a la criminalidad" y aseguró que "la reincidencia se castigará".

"El que la hace la paga, pero el que la hace dos veces la paga con mayor severidad", afirmó el presidente, quien añadió que de esta forma "los costos se elevan para los criminales".

En referencia a los delitos violentos, cometidos con arma de fuego o arma contundente, comentó que "el que comete esos crímenes no va a estar después con prisión domiciliaria, va a estar en un centro de reclusión".

El mandatario destacó que es la primera vez que en Colombia se procede "en contundencia" contra el porte de arma blanca en eventos masivos y en lugares de alta afluencia de personas. 

"Con esto también se enfrenta a un fenómeno doloroso y es que una muy buena parte de los homicidios en Colombia se presentan con arma blanca", aseveró, mientras mencionó que la medida "protegerá a la ciudadanía y dará legitimidad a la acción de la Fuerza Pública".

Una ley tras masivas protestas

Duque explicó que la ley tiene en cuenta el daño en bien ajeno con una sanción sin beneficio de excarcelación cuando se destruyen infraestructuras que pertenecen a los ciudadanos. 

"Aquí se le manda un mensaje claro al vandalismo y a los que han tratado desde el vandalismo legitimar causas, claramente influenciadas por la política o por los que pretenden desestabilizar el curso institucional", subrayó.

Esta normativa –que se presentó tras las masivas protestas en Colombia el año pasado– ha sido calificada por la oposición como una iniciativa que criminaliza las manifestaciones sociales y da vía libre a los uniformados para continuar con su accionar coercitivo.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en las protestas que siguieron al paro nacional del 2021 se registraron al menos 79 asesinatos, 44 de los cuales se atribuyen a los uniformados.

Otra de las principales críticas a esta ley es que abre las puerta al uso de armas en defensa propia. La normativa contempla la "legítima defensa privilegiada, cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal en su habitación o vehículo". 

"Hoy sancionó el presidente Duque una de las más arbitrarias normas de su nefasto gobierno: la llamada 'ley de seguridad' que estimula justicia por mano propia, acciones de civiles armados, y persecución de la protesta social. Claro está, la demandaremos por inconstitucional", informó el senador Iván Cepeda Castro. 

Por otro lado, la ley establece ahora penas de 58 años y tres meses de prisión para quienes asesinen a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas o miembros de la Fuerza Pública.

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