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Comunes aplaude decisión de la Corte Constitucional de Colombia contra el Gobierno de Iván Duque por no garantizar la seguridad de los excombatientes

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El alto tribunal declaró un "estado de cosas inconstitucional" contra la Presidencia de la República y otras instancias, por el bajo nivel de implementación de las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz.

Los integrantes del partido Comunes, conformado por excombatientes de las extintas FARC-EP que se desmovilizaron tras suscribir el Acuerdo de Paz de Colombia en 2016, saludaron la reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que confirma que el Gobierno de Iván Duque no garantiza la seguridad de los firmantes de ese tratado.

Pastor Alape Lascarro, delegado de Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), calificó como importante la decisión tomada por el alto tribunal, pues considera que va en favor del Acuerdo de Paz. "Esta declaración de la Corte es la prueba de que el Gobierno omitió la normatividad constitucional. La paz con legalidad es una mentira que le ha costado la vida a más de 300 firmantes" de ese tratado, dijo Alape.

Por su parte, Rodrigo Londoño, presidente del partido, resaltó la decisión de la Sala Plena al declarar "el estado de cosas inconstitucional", tras verificar que existe un "bajo nivel" en la implementación del componente de garantías de seguridad para las personas que se acogieron al proceso de paz.

Entre tanto, el senador Julián Gallo, también integrante de Comunes, indicó que la decisión de la Corte no solamente es un respaldo a las denuncias realizadas por los excombatientes, sino que también "desnuda la doble moral del Gobierno", que ha pretendido hacer creer que implementa integralmente el acuerdo, cuando no lo hace.

"Esto lo que demuestra es que en materia de seguridad no se ha avanzado para dar plenas garantías a la reincorporación socioeconómica y política de los firmantes de la paz. Saludamos esa decisión de la Corte", añadió Gallo.

¿Qué dijo la Corte Constitucional?

La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia fue divulgada el jueves en la noche, durante una teleconferencia, y en ella confirmó que la medida responde a las demandas realizadas por los excombatientes que están en proceso de reincorporación a la vida civil y que ahora integran el partido Comunes.

La Corte resaltó que los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz, para los firmantes del acuerdo, han sido desconocidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), motivo por el que ha decidido dictar órdenes puntuales para que sean honrados los compromisos.

De acuerdo con la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Corte Constitucional consideró para su decisión "el alto números de firmantes del Acuerdo de Paz" que han sido víctimas de homicidio, así como el "bajo nivel de implementación" de las normas relacionadas con las garantías de seguridad para los desmovilizados.

De ese manera, los magistrados resolvieron declarar un "estado de cosas inconstitucional" y expedir órdenes estructurales generales para el cumplimiento del Acuerdo de Paz en lo relativo a la seguridad. Entre estas medidas, la Corte exigió al Gobierno de Duque garantizar la "protección" de los firmantes en proceso de reincorporación, así como de las personas que integran el partido Comunes.

También ordenó a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo adoptar mecanismos de vigilancia que garanticen el cumplimiento de su sentencia contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Interior, la UNP, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, entre otros despachos vinculados al caso.

Entre la variedad de órdenes expuestas por la Corte, se exigió al Gobierno priorizar la seguridad en las zonas más afectadas por la violencia, como son los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

Por su parte, Carlos Antonio Lozada, senador del partido Comunes, espera que con este fallo se les brinden mayores garantías de seguridad y se cumpla el Acuerdo de Paz, en el que se les garantizó la plena reincorporación a la vida socioeconómica y política del país. 

Asimismo, señaló que debido a distintas amenazas que han recibido, les ha sido imposible recorrer algunas zonas de Colombia. En este sentido, comentó que recientemente descubrieron un objeto explosivo al interior de un inmueble en el que llevan a cabo tareas de campaña, acusaciones que fueron desestimadas por el Ejecutivo.

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