El Gobierno de España saca adelante la reforma laboral gracias a la equivocación de un diputado conservador y con la división de la izquierda

Este jueves, el Congreso de los Diputados de España ha aprobado la reforma laboral que deroga los aspectos más dañinos para los trabajadores introducidos por la anterior normativa, llevada a cabo por el Gobierno conservador del Partido Popular (PP) en 2012. 

La iniciativa ha salido adelante por un margen muy limitado, con 175 votos a favor y 174 votos en contra, y gracias a que un político del PP se ha equivocado en su voto. La sesión ha constatado también la división de la izquierda, ya que algunos partidos que apoyaron la investidura del presidente, Pedro Sánchez, votaron en contra mientras algunos partidos conservadores minoritarios respaldaron el cambio.

Una votación con varias confusiones

Se han posicionado a favor de la reforma el Partido Socialista y Unidas Podemos (UP) –los dos socios del Gobierno de coalición–, Ciudadanos, Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias (NC), Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Coalición Canaria (CC), Partido Democrático de Catalunya (PDeCat) y Compromís, además del diputado conservador que se equivocó en su voto. 

En contra ha tenido los votos del principal partido de la oposición, el PP, así como del ultraderechista Vox, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu, Junts, Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Foro Asturias, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y un parlamentario díscolo de Ciudadanos. Además, los dos diputados de Unión de Pueblo Navarro (UPN), que en principio iban a votar a favor de la reforma tras un acuerdo con el Gobierno, finalmente han roto la disciplina del partido. 

Además de estos sobresaltos, se ha vivido un momento confuso después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, declarase derogado el real decreto por una mala interpretación de los votos presenciales y los telemáticos. Segundos después, y tras una revisión de la mesa, ha vuelto a tomar la palabra: "Los servicios de la cámara me informan que queda aprobado el real decreto ley".

Por otro lado, la división latente en el Hemiciclo no responde a la unanimidad con la que se ha alcanzado el acuerdo para la reforma, que ha conseguido el visto bueno del Gobierno, de los sindicatos mayoritarios de implantación nacional y de las organizaciones representantes de la patronal, tras meses de arduas negociaciones, en un texto considerado histórico por muchas voces.

Sus detractores en la Cámara se dividen entre los contrarios a cualquier tipo de reforma porque defienden las virtudes de la actual normativa –el caso de los partidos conservadores– y quienes se oponen por considerarla totalmente insuficiente –los partidos progresistas–.

Cambios que introduce la reforma

Los impulsores de la reforma laboral destacan alrededor de una decena de avances que introduce la nueva legislación, poniendo el foco en la eliminación de la precariedad en el mercado laboral español.

En este sentido, la nueva normativa elimina los contratos por obra y servicio. Desde el Gobierno se defiende que esta medida pondrá fin a la precariedad laboral, al hacer del contrato indefinido la norma y dejar los contratos temporales solo para los casos en los que exista causa justificada.

Además, se penalizarán los contratos de muy corta duración, aquellos de menos de un mes, que tendrán que soportar una mayor cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, se sancionará con multas la contratación temporal irregular, de manera que se entenderá como estructural un puesto de trabajo que haya sido ocupado por figuras temporales durante más de un año y medio, por lo que el empleado que ocupe ese puesto adquirirá la condición de trabajador indefinido.

Otro de los avances que se destacan es el fortalecimiento de los sindicatos en la negociación laboral. Así, el convenio sectorial prevalecerá frente al de empresa en materia salarial. Aunque el logro más alabado en este sentido es el establecimiento de la ultraactividad, que se recoge como derecho. De esta manera el convenio caducado continuará vigente hasta que se produzca su renovación, cambiando la situación actual en la que las empresas no tenían ningún incentivo para negociar, puesto que al caducar los convenios, los trabajadores podían perder todas las mejoras logradas con ellos.

En cuanto a la subcontratación, el convenio del sector será referente también para las empresas subcontratadas, cosa que no sucedía hasta ahora.

La nueva norma potencia además la formación profesional, apostando por la formación dual con clases teóricas en aulas y formación práctica en empresas. En este sentido, recoge también la creación del Estatuto del Becario, para lo que da un plazo de seis meses.

También se contempla la reforma del contrato formativo para jóvenes, eliminando el periodo de prueba y estableciendo indemnización en caso de despido.

En cuanto al empleo en las Administraciones Públicas, se suprimen tanto los contratos por obra y servicio como la posibilidad de realizar despidos por causas económicas.

Por último, en la lucha contra la precariedad también se ha puesto el foco en los contratos fijos discontinuos, aquellos de trabajadores que realizan su función tan solo durante ciertos periodos del año, lo que afecta a cerca de 450.000 trabajadores en España. La reforma mejora su situación estableciendo que su antigüedad en la empresa comprende toda la duración de la relación laboral y no solo el periodo efectivamente prestado, de manera que se mejora su pensión y las posibles indemnizaciones en caso de despido.

Las principales lagunas

A pesar de los avances, la nueva legislación ha cosechado multitud de críticas. Quienes se oponen a esta reforma laboral se dividen en dos grupos muy diferenciados. Los que creen que la reforma no es necesaria, encabezados por el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), y aquellos que creen que la nueva normativa no recoge todas las mejoras de los derechos de los trabajadores a las que se habían comprometido las dos formaciones integrantes del Gobierno.

Estos últimos destacan varias lagunas en la nueva normativa. La primera es que no se recupera la autorización administrativa para llevar a cabo los despidos colectivos (conocidos como EREs, Expedientes de Regulación de Empleo), eliminada en 2012 en pos de la agilización del proceso para los empresarios.

Asimismo, tampoco se ha recuperado la indemnización por despido improcedente, que era de 45 días por año trabajado hasta 2012, cuando se redujo a entre 20 y 33 con la reforma del PP.

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Tampoco han vuelto los salarios de tramitación, es decir, los salarios que se cobran desde que se produce el despido hasta que una sentencia judicial declara el despido improcedente, que con la modificación de 2012 se perdieron cuando el empleador se niega a readmitir al empleado.

Los críticos también echan en falta que no se haya limitado la subcontratación, que las empresas continúen teniendo la facultad de modificar unilateralmente las condiciones laborales y que se mantenga la posibilidad del descuelgue de convenio.

Se critican además otras medidas, como que el Gobierno saque pecho del mantenimiento de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), que ha sido un colchón para los trabajadores en la época más dura de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, pero que sus detractores han calificado de "rescate del capital".

Arduas negociaciones

El acuerdo ha sido alcanzado a tres bandas: Gobierno, sindicatos y patronal. Y su alcance ha sido comparado con el de el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) de 1981, un acuerdo histórico en los albores de la democracia española.

La negociación ha sido avalada por Bruselas, que pedía ciertas mejoras en el ámbito de la temporalidad y que ha marcado algunas de las líneas rojas, con el telón de fondo de las ayudas que la Unión Europea todavía tiene que enviar a España en el marco de la recuperación postcovid.

Unidas Podemos y Partido Socialista llevaban la derogación de la reforma laboral del PP en sus programas electorales desde que se produjo. Sin embargo, los socialistas, después de su llegada a la Moncloa en 2018 gracias a una moción de censura, cambiaron sus aspiraciones de una derogación total por la derogación "de los aspectos más lesivos de la norma".

Finalmente, esto fue lo que prevaleció en el pacto de Gobierno firmado entre las dos fuerzas progresistas para la formación del Gobierno de coalición tras los comicios generales de finales de 2019.

Todos los actores implicados se han felicitado por el éxito del diálogo social. Sin embargo, el entusiasmo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la defensa del acuerdo alcanzado ha levantado las críticas del sindicalismo gallego, vasco y catalán, principalmente.

"La prioridad del Gobierno de atraer a la patronal al acuerdo, le ha otorgado a esta última el derecho a veto, y la falta de presión y de movilización de los sindicatos firmantes ha derivado en una reforma laboral hecha a la medida de los intereses de la patronal", sostenía un manifiesto conjunto impulsado por los sindicatos vascos ESK, ELA y LAB, el sindicato gallego CIG, el sindicato asturiano CSI, el sindicato andaluz SAT, así como los sindicatos CUT, Intersindical catalana, valenciana y canaria, entre otros.

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