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Un operativo 'antimafias' del Gobierno revela cómo operaban las redes de narcotráfico y contrabando de combustible en Venezuela

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La Fiscalía venezolana ofreció detalles sobre la composición y actuación de las redes delincuenciales que fueron desarticuladas por las autoridades en días recientes.
Un operativo 'antimafias' del Gobierno revela cómo operaban las redes de narcotráfico y contrabando de combustible en Venezuela

Las autoridades venezolanas revelaron este jueves los detalles de las investigaciones y operativos que culminaron con la detención de varias personas –incluidos altos funcionarios públicos–, que estarían implicadas en una red de narcotráfico y contrabando de combustible.

En días pasados se conoció que dos fiscales y dos alcaldes venezolanos, actualmente retirados de sus cargos, estuvieron involucrados en el desvío y comercialización ilegal de gasolina para abastecer a grupos irregulares que ejercerían la minería ilegal en el estado Bolívar, en el sur del país. 

Este despliegue de detenciones se da en medio del operativo 'Mano Dura de Hierro', impulsado por el Gobierno venezolano, que busca luchar contra la corrupción en las instituciones del Estado. Como parte de esta iniciativa, en la que participan cuerpos militares y policiales, la semana pasada fueron detenidas una diputada y una alcaldesa que pretendían traficar droga hacia países de la región.

Contrabando de gasolina

Con respecto al tráfico de combustible, un total de 17 personas fueron aprehendidas. Entre los detenidos se encuentran los alcaldes Carlos Rafael Vidal Bolívar y Daniel Haro Méndez, de los municipios Independencia y Pedro María Freites, respectivamente, en el estado Anzoátegui, y a los fiscales superiores de Bolívar, Manoel Gil Da Silva, y de Delta Amacuro, Jorge Peña.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó el jueves que Vidal Bolívar, en complicidad con familiares y dueños de estaciones de servicio, manejaba un esquema de delincuencia organizada que se dividía en dos fases para obtener el combustible.

En la primera fase, le ofrecían a los usuarios de varias estaciones de servicio surtir 30 litros de gasolina –de un cupo de 120 litros de combustible subsidiado por el Estado–, a cambio de un pago de 10 dólares. 

Tras ser captadas, las personas llenaban 30 litros de gasolina y el resto era desviado a centros de acopio ilegal por la organización delictiva, que lo distribuía entre grupos dedicados a la explotación de la minería ilegal, a través de vehículos de carga pesada. En esta fase, el exalcalde Vidal, a través de un intermediario llamado Jonatan Martínez, contactó a miembros de la Fiscalía Superior de Bolívar, a quienes les pagó 10.000 dólares entre diciembre y enero, con el objeto de evitar ser investigado o detenido por los delitos que cometía.

Las pesquisas preliminares arrojaron la participación en esta red de tráfico de gasolina del fiscal superior de Bolívar, detenido junto al intermediario, quien posteriormente reconoció haber entregado cantidades de dinero al fiscal superior de Delta Amacuro.

En esta investigación de la Fiscalía se han solicitado 27 órdenes de aprehensión y se han materializado 17 detenciones. A todos los detenidos se les precalificaron los delitos de terrorismo, contrabando agravado, peculado doloso, corrupción propia agravada y asociación para delinquir.

Hallazgo de cocaína en Falcón

El otro caso tiene como epicentro el estado Falcón, en el centro occidente de Venezuela, donde fue confiscado por las autoridades un cargamento de cocaína que fue transportado en uno de los autos de una caravana donde viajaban una alcaldesa y una diputada.

Como parte de una operación antidrogas, tras meses de investigación, fueron apresados Keyrineth Fernández, ahora exalcaldesa del municipio Jesús María Semprún, del vecino estado Zulia; la diputada Taína González, a quien la Asamblea Nacional allanó su inmunidad parlamentaria a petición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y otras seis personas.

El operativo, realizado el pasado 28 de enero, estuvo a cargo del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (FANB) y de la Dirección de Inteligencia y Estrategias (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana.

Las autoridades poseían información sobre el tráfico de drogas desde Zulia hasta el sector Sabanas Altas, en el municipio Píritu, ubicado en la zona litoral de Falcón. Desde allí las sustancias ilícitas serían llevadas a algunas islas del Caribe.

Según las investigaciones previas, seis panelas de cocaína serían transportadas en tres camionetas de alta gama, que fueron halladas por las autoridades en una zona rural de Falcón.  

En uno de los vehículos se encontraba la sustancia ilícita oculta en compartimientos secretos y a bordo iban dos personas que fueron aprehendidas. En el otro auto viajaban las dos funcionarias públicas junto a tres hombres y en el tercero su conductor fue detenido.

En este operativo conjunto entre la PNB y la GNB también se incautaron tres lanchas rápidas, que habían sido ocultadas a orillas de la playa, que presuntamente serían utilizadas para el traslado del cargamento de narcóticos.

Por este operativo se efectuó la detención de Samuel Alvarado, funcionario de la Policía del municipio Jesús María Semprún; Jhonner Villarreal; José Moyano Blanco; Gregorio Amaris; Kender Villalobos Epieyu; Kervin Epieyu Machado y Taína González Rubio. El 30 de enero todos fueron presentados ante un tribunal.

Los delitos en los que estarían implicados, según la Justicia venezolana, son: tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas agravado, en las modalidades de transporte y ocultación, asociación. En el caso de Amaris, Villalobos y Epiayu, se incluye el porte ilícito de armas. 

Con relación a González Rubio, por ser diputada, le correspondió al TSJ ordenar su detención, previa autorización de la AN. El máximo tribunal la responsabilizó de la "comisión flagrante" de los delitos de tráfico ilícito agravado de droga y de asociación, por lo que será procesada por la justicia ordinaria, de acuerdo a las leyes venezolanas.

Como parte de esta investigación también se les abrió una causa penal a otros funcionarios públicos que ya se encuentran fuera de sus cargos y que fueron apresados con anterioridad. Se trata de los diputados Luis Viloria (suplente) y Jeycar Pérez, y el concejal Jean Silva.

La relación con Colombia

Según la información del Ministerio Público, también se desarticuló una "mafia liderada desde Colombia", que habría captado a los funcionarios públicos para realizar el tráfico de drogas. La justicia venezolana emitió una orden de aprehensión contra Richard Ramírez, quien es señalado de ser el cabecilla de la organización, y que estaría residenciado en el país vecino.

En total, informó el fiscal general, se han incautado 368,5 kilogramos de cocaína.

Como parte de esta operación, se pidieron órdenes de aprehensión contra Omar Hurtado y Alquídes Hurtado, supuestos líderes del cártel de Sabanas Altas en Falcón, quienes habían recibido las sustancias ilícitas que transportan la diputada y la alcaldesa. Además, se solicitaron once allanamientos en ese estado venezolano.

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