EE.UU. acusa al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien entregó el cargo a finales de enero tras ocho años en el poder, de participar en "una conspiración violenta de narcotráfico" que transportó unos 500.000 kilogramos de cocaína con destino a territorio estadounidense.
La información se desprende del documento enviado por por la Embajada de Washington en Tegucigalpa a la Cancillería hondureña, donde piden la detención y posterior extradición del exmandatario a EE.UU., para que enfrente los cargos de los que se le acusan en ese país.
De acuerdo con el documento enviado por la Embajada, desde 2004 hasta 2022, Hernández habría participado en una "conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas", y para transportar las drogas hacia el oeste de su país, con el objetivo de que siguieran con destino a "la frontera con Guatemala, y finalmente a los EE.UU.".
También menciona que desde 2004, "la conspiración transportó más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los EE.UU.".
Como parte de esa conspiración, añade el texto, Hernández habría recibido "millones de dólares por sobornos y ganancias" de parte de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares.
Con esa conspiración y los millonarios sobornos, según EE.UU., el exmandatario "protegió a los narcotraficantes de la investigación, detención y extradición". "Hizo que se proporcionara información sensible de las fuerzas policiales y militares a los narcotraficantes para ayudarles en sus actividades delictivas", agrega el documento.
Asimismo, el texto señala que Hernández "hizo que miembros de la Policía Nacional de Honduras y de las fuerzas militares protegieran cargamentos de drogas" y "permitió que se cometieran actos de violencia brutales sin consecuencia".
Los cargos
"Se busca a Hernández para ser juzgado en los EE.UU. por delitos de narcotráfico y armas de fuego", dice el documento de la Embajada estadounidense.
En el texto señalan tres delitos en particular: conspiración para importar una sustancia controlada a los EE.UU. desde un lugar fuera del mismo, que incluye la fabricación, posesión y distribución de la droga; uso y porte de armas de fuego o ayudar e instigar a su uso, como ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo para el tráfico de los narcóticos; y otro también relacionado con el porte de armamento.
En marzo del año pasado, su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fue condenado a cadena perpetua en EE.UU. justamente por delitos de narcotráfico.
El pasado 7 de febrero, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, informó que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado estadounidense de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Hasta ahora, Hernández ha negado los cargos y sostiene que las acusaciones en su contra son una venganza impulsada por los capos de la droga que fueron capturados o extraditados a EE.UU. durante su gestión.
El proceso para una posible extradición
Este martes, luego de que la Cancillería remitiera a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras la información proporcionada por la Embajada, el máximo tribunal designó al magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz como el "juez natural" para tratar el caso de la posible extradición de Hernández a EE.UU.
Ortez actuará como juez de primera instancia. Al magistrado se le entregarán los antecedentes y toda la documentación que hizo llegar la Justicia estadounidense respecto a su solicitud contra Hernández.
El juez analizará la información que se le presente y a partir de ahí decidirá si emite o no una orden de captura en contra del exmandatario, o espera una posible entrega voluntaria por parte de este.
Lo que sigue es una audiencia informativa, en la cual se le informarán a Hernández todos los cargos formulados en su contra en EE.UU., así como las garantías y derechos que tendrá en el proceso.
Más adelante, posiblemente un mes después, se realizará la audiencia de presentación de pruebas y se esperará la resolución judicial, que suele darse uno o dos meses después de la mencionada audiencia.
Dispuesto a colaborar
Previo a la designación del juez natural, la mañana de este martes, Hernández publicó un mensaje en su cuenta en Twitter para decir que está "presto y listo para colaborar".
Manifestó que está dispuesto a acudir con el acompañamiento de la Policía Nacional ante el juez designado por la CSJ para llevar su caso y así "poder enfrentar esta situación" y defenderse.
Los abogados de Hernández, Hermes Ramírez y Félix Ávila, dijeron la noche del lunes que quedaban a la espera de las acciones que adopte el juez natural designado por la CSJ. Este martes han emitido un comunicado en el que señalan que su cliente mantiene su compromiso de "entregarse de forma voluntaria para seguir el proceso legal correspondiente y defender su inocencia".
Además, los juristas piden que se respete el debido proceso. Recuerdan que en casos de extradición que ha seguido la CSJ anteriormente, estos han tomado varios meses y que, una vez que se emita la resolución judicial que pudiera dar luz verde al traslado, "cabe un recurso de apelación".
El Partido Nacional de Honduras (PNH), del cual es líder Hernández y con el que gobernó, también se pronunció y expresó su solidaridad con "la situación personal" por la que atraviesa el exmandatario.
"Pedimos a los órganos encargados de la seguridad en nuestro país garantizar un trato respetuoso al expresidente de la República de Honduras, mismo que deberá sujetarse en el marco de los derechos humanos inherentes a todo ciudadano hondureño", dice el comunicado, en el que también solicitan a las autoridades judiciales "garantizar la aplicación correcta del debido proceso".
Actualmente, la residencia del exmandatario, ubicada en la colonia San Ignacio, en Tegucigalpa, se mantiene con un fuerte cordón de funcionarios de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
También se conoció que en la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira, al oeste de Honduras, la Policía Nacional comenzó a hacer el aseguramiento de los bienes que el exmandatario tiene en la urbe.