El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un decreto mediante el cual indulta a presos por robo, hurto, estafa y abuso de confianza.
Los privados de libertad que podrán acceder a este beneficio deben haber cumplido el 40 % de la pena si fueron sentenciados con el Código Penal anterior y el 60 % para los condenados con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que entró en vigencia en 2014.
Además, no deben tener otras sentencias ni procesos penales o investigaciones previas en curso; asimismo, tampoco pueden haber sido sancionados disciplinariamente por la Comisión de Faltas previsto desde su ingreso al centro de privación de libertad.
Durante la firma del documento, el mandatario explicó que el objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles. De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, las cárceles del país tienen 34.821 presos, aunque la capacidad máxima instalada de las prisiones es de 30.169 plazas.
"Con profundo sentido de responsabilidad firmo este decreto, como una acción de respeto a los derechos humanos de muchas personas privadas de la libertad", dijo Lasso.
En noviembre pasado, Lasso ya concedió indultos a prisioneros con enfermedades catastróficas o terminales, aquellos que padeciesen tuberculosis multidrogorresistentes o coinfección TB-VIH y quienes hubiesen sido sentenciados por faltas relacionadas con infracciones de tránsito.
"A dignificar las cárceles"
La firma del decreto se llevó a cabo durante la presentación de la Estrategia Nacional de la Política Pública del Sistema de Rehabilitación Social que, según las autoridades, hace énfasis en la promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
"Vamos a dignificar las cárceles. La vida no termina ahí; nuestra meta principal es que su permanencia tras las rejas sea el tránsito hacia una vida nueva", manifestó el mandatario.
Según las autoridades, esta nueva política contempla 12 ejes y más de 300 acciones en el sector de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social, derechos humanos, entre otros.
Al respecto, incluye la creación de carreras técnicas, convenios para generar empleo, atención especial a los jóvenes infractores, mejoras en infraestructura y tecnología, capacitación de guías, censo para clasificar y orientar a los privados de libertad, entre otras acciones.
Para su ejecución, la política tendrá un presupuesto de aproximadamente 27 millones de dólares, en una primera fase.
Esta Estrategia Nacional de la Política Pública del Sistema de Rehabilitación Social se presenta luego del año más violento en las cárceles de Ecuador en toda su historia. En 2021 hubo varias masacres en el país en las que fueron asesinados más de 300 privados de libertad.
La peor se registró a finales de septiembre en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, también conocido como Penitenciaría del Litoral, con un saldo de 119 fallecidos.